Tres expertos en este campo explican lo que se espera del proyecto de ley que tendría que acabar con el problema de los interinos. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Las enmiendas al proyecto de ley de los interinos buscarán ajustarse a la normativa comunitaria y al TJUE
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06/9/2021 01:00
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Actualizado: 06/9/2021 01:00
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En cuarenta y cinco días tiene que estar aprobado en el Congreso de los Diputados el proyecto de ley, con sus correspondientes enmiendas, que tiene su origen en el Real Decreto-ley 14/2021 de medidas contra la temporalidad. El de los interinos. Una norma que pretende trasponer la Directiva 1999/70 y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), veinte años desde la fecha original de su trasposición.
En este mes de septiembre se pondrá en marcha la Comisión de Política Territorial y Función Publica del Congreso que ya está recibiendo las enmiendas de los distintos partidos políticos sobre este asunto.
El plazo de recepción concluye el 9 de septiembre, aunque podría ampliarse
En este contexto, las reuniones entre la plataforma de interinos y sus diversas asociaciones y los partidos políticos se están sucediendo con el objetivo de afinar las enmiendas y que ofrezcan la seguridad jurídica necesaria.
Confilegal ha pulsado la opinan de tres abogados expertos en esta materia.
Su opinión también ha sido recabada por políticos e interinos a fin de definir bien esas enmiendas que pretende frenar un problema, el de abuso de la temporalidad en el sector público que lleva años sin ninguna regulación.
Los interinos tienen puesta toda su esperanza en el proyecto de ley resultante del Real Decreto-ley 14/2021.
ESTABILIZACIÓN POR DOS VÍAS
Javier Arauz de Robles es abogado del Estado en excedencia y su despacho está vinculado en los últimos diez años a la defensa del personal interino en España.
Sobre el periodo de enmiendas reconoce que es optimista. “Hay que apostar por una nueva regulación donde sea clave la estabilización de estos profesionales por encima de cualquier indemnización. Es la línea que marcaron Podemos y ERC cuando negociaron la convalidación del icetazo”, apunta.
Según explica, «nosotros estamos proponiendo que esta estabilización se logre por dos vías. En primer lugar, que exista una estabilización para aquellos interinos y temporales que ya hayan superado un proceso selectivo en igualdad y libre concurrencia”.
A su juicio, “si ya lo han superado no tiene sentido que lo sometamos a un proceso selectivo adicional. Es como si los funcionarios de carrera a los diez años de ejercicio tuvieran que examinarse de nuevo. Esta es la postura que viene manteniendo la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con buen criterio”.
Esta estabilización “sería por vía administrativa, a coste cero. Sin necesidad de concursos. Cumpliría con todos los requisitos de la Directiva Y sería constitucional al darse cumplimiento al artículo 23 de la Carta Magna”.
Para aquellos que no hubieran superado ese proceso selectivo o hayan sido contratados o nombrados a través de procedimientos selectivos, pero sometidos a principios de libre concurrencia, «lo que proponemos es un concurso de mérito restringido, donde participen ellos. Así se cumpliría lo que dice el TJUE en su auto de 2 de junio, que descarta los procesos selectivos para regularizar a estos profesionales”.
Arauz señala que las dos propuestas “son plenamente constitucionales y nos necesarias por imperativo de la aplicación de la directiva. Esta información ya se les ha transmitido a los partidos políticos de cara a que definan bien sus enmiendas”.
El abogado Javier Araúz es representante legal del colectivo de los interinos.
El abogado de los interinos señala que “hay que buscar ya una solución definitiva a esta problemática. No podemos seguir así. El TJUE ya ha dicho que, aunque la Directiva no impone la fijeza como solución, esta fijeza es la solución que mejor se adecúa a dicha Directiva. La mejor manera de proteger a los trabajadores temporales frente al empresario es transformarles en fijos”.
Este jurista comenta las declaraciones de María Luisa Segoviano presidenta de la Sala Social del Supremo a Confilegal, https://bit.ly/2WV6vLv donde reclamaba una regulación del problema de los interinos clara y precisa que reduzcalal litigiosidad “es lógico su planteamiento. Estamos convirtiendo los jueces a los legisladores. El legislador hizo caso omiso a su obligación de trasponer la directiva desde hace veinte años”.
Desde su punto de vista, “la alternativa de la indemnización es disparatada. Incrementa el gasto público. Hay que destinar los Fondos Europeos a los ciudadanos y no a pagar indemnizaciones. Nuestros interinos han demostrado que están preparados. Son los que han salvado los servicios públicos de la pandemia. Hay que seguir contando con ellos y destinar el dinero a las necesidades los ciudadanos”.
En cuanto al control que la Comisión Europea vaya a hacer de dicha tramitación como anticipaba lainformacion.com hace unos días, Arauz señala que “es una situación lógica porque este Real Decreto-ley que ahora se convierte en proyecto de ley ya estaba denunciado en Europa por nosotros. Es un disparate que vulnera la normativa comunitaria”.
EL PROYECTO DE LEY DEBE MODIFICAR BASTANTE EL REAL DECRETO LEY DEL QUE PARTE
Por su parte, Beatriz González, abogada, también volcada en la defensa del colectivo de trabajadores temporales, explica que en este trámite de enmiendas el Real Decreto-ley 14/2021 requiere de muchos cambios para cumplir con la normativa europea.
“Hay que buscar una reforma clara y precisa, como señala María Luisa Segoviano, presidenta de la Sala de lo Social del Supremo”, explica.
Para esta jurista, el momento es importante para el colectivo de interinos.
“Creo que tiene una oportunidad importante para establecer una normativa adecuada con Europa. El Real Decreto-ley, convalidado in extremis en el Congreso, llega veinte años tarde. Debe obedecer a a la trasposición de la Directiva comunitaria. Al no estar traspuesta, muchos incumplimientos acaban en el juzgado”, subraya.
González confía en que en dicha trasposición “las enmiendas vayan, incluso, en la Exposición de Motivos porque no es exacto en sus planteamientos. No es cierto que el TJUE haya descartado la fijeza como sanción como se dice ahí. Hay varias sentencias del TJUE que señalan que la sanción debe ser la conversión del contrato temporal en fijo”.
Además, considera que hay otras cuestiones para modificar en el Real Decreto-ley.
“Tal y como está deja fuera de la regulación, y sin sanción, a una parte muy importante del colectivo. Aquellas personas que estuvieron en situación de abuso de temporalidad con muchos años que les han cesado y están en su casa, ¿qué pasa con ellos?”, apunta.
Muchos interinos han sido cesados en los meses pasados de julio y mayo de este año.
Beatriz Gonzalez, abogada experta en derecho administrativo, es autora de esta columna.
«Llevan 20, 30 o 40 años trabajando. Habrá que ver qué pasa con ese abuso. Según el Real Decreto-ley no hay solución para ellos. Eso tiene que ser objeto de enmienda”, cuenta.
Otra enmienda que destaca esta jurista debería pasar por “los procesos de selección que ya se han iniciado. Esas personas tampoco se les aplica el Real Decreto-ley. Con lo cual en principio tampoco se les va a sancionar su abuso”.
“El Real Decreto-ley tendrá vigor desde que se apruebe como ley, pero mientras tanto hay unos profesionales en un limbo legal preocupante. No puede haber discriminaciones de este tipo”, advierte.
Desde esa perspectiva, Beatriz Gonzalez apuesta por la necesidad de introducir enmiendas en los artículos 1 y 2 del Real Decreto-ley 14/2021. Entre otros “la sanción cuando no se supere los procesos de selección no puede ser de 20 días por año trabajado como está ahora estipulado. No es una sanción adecuada, proporcionada y disuasoria”.
Respecto a los puntos clave de este proyecto de ley, “pasan por sancionar el abuso la temporalidad del trabajador que estuvo en abuso. Tienen que ser indemnizaciones disuasorias que ahora no se reflejan. Deben ser las del despido improcedente”.
Al mismo tiempo cree que “es equivocado fijar los diez años en abuso como clave para acceder a concurso para optar a esa plaza, como dijo la ministra Montero en el debate de la convalidación del Real Decreto-ley. El propio Supremo en sus sentencias fija el abuso en tres años. El abuso debe reconocerse a partir de ahí”.
En cuanto a la aplicación práctica de este Real Decreto-ley en un país como el nuestro con 17 Comunidades Autónomas, esta experta señala que “no va a ser sencilla su aplicación. Deja un margen de aplicación a las Comunidades Autónomas. Algunas, tras la aprobación del Real Decreto-ley, en vez de paralizar los procesos de selección, que sería lo razonable y ético y ajustado a derecho, aprovecharon este verano para sacar ofertas de empleo publico”.
CUIDADO CON LA LITIGIOSIDAD
Por su parte, Fabián Valero, socio director de Zeres Abogados, defensor de interinos, señala que “no cree que haya avances significativos en el periodo de enmiendas. Y si lo hay no creo que beneficie a la mayor parte del colectivo. No tengo grandes esperanzas en dicha tramitación”.
Para este jurista “se va intentar lograr un consenso, pero desde fuera parece que se va a dar la potestad de que sean las Comunidades Autónomas quienes organicen los procesos selectivos. No creo que se mojen a nivel estatal. Luego habrá que ver la letra pequeña y que pasa con los procesos selectivos iniciados derivados del año 2017 y aquellos que se pongan en marcha».
Valero considera que, salvo sorpresa, “esto puede ser un brindis al sol salvo alguna sorpresa que surja en dicha tramitación. pero será solamente cosmética. No creo que se logre una norma clara y precisa como demanda el Tribunal Supremo. Seguiremos en un estado de litigiosidad porque vamos a seguir estando no alineados con Europa”.
Respecto a los temas claves de esta tramitación de las enmiendas, este jurista refiere que “el problema se centra en la estabilidad. Si se estabilizan las personas que ocupan esas plazas o no. Las plazas están ahí. Habrá que ver que se hace si se estabilizan las plazas o las personas que están en fraude de ley. Ese es el gran dilema”.
Valero reconoce que hay intereses muy contrapuestos. “Hasta ahora todo lo que se está haciendo y declaraciones que se escuchan es que se van a estabilizar plazas y olvidarse de las personas que están en fraude. Pero este planteamiento no encaja con Europa y su doctrina comunitaria”, relata.
Fabián Valero es socio director de Zeres Abogados.
Pero la situación puede radicalizarse. «Es posible que se eleven más cuestiones prejudiciales a Europa hasta que exista una solución efectiva. La solución pasaría por estabilizar personas que han sido victimas de abuso”, opina.
Sobre el posible control de Europa de esta tramitación del proyecto de ley, Valero se muestra escéptico, visto los años de conflictividad sobre este tema, las quejas presentadas y la escasa respuesta de la Unión Europea ante este tema pese a que hay al menos dos procesos de infracción abiertos.
Respecto a la aplicación práctica del futuro proyecto de ley “es previsible que se deje todo en mano de las Comunidades Autónomas, sobre todo en el ámbito de Educación y Sanidad con competencias transferidas. Esto se puede alargar o que existan procedimientos contradictorios entre las autonomías. Que unas apuesten por esos concursos de méritos y otros no”.
Valero, por último, respalda esta reforma exprés que se sobre la base del Real Decreto-ley.
Es posible que para finales de octubre esté la reforma cerrada.
“Habrá que ver qué solución estiman si la estabilización del personal o el concurso de méritos restringido. También debe quedar claro que el fraude es a partir de los tres años ya lo ha dicho el Supremo en sus sentencias”, concluye.
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