«Que la Guardia Civil hace una interpretación interesada y parcial de las normas no es una novedad que pueda sorprender ya a nadie, habida cuenta de la habitualidad con la que se tumban en los tribunales normas emanadas de su propio seno o se revocan sus resoluciones en la jurisdicción Contencioso-Administrativa». Así lo manifiesta a Confilegal el presidente de la asociación Unión de Guardias Civiles (UnionGC), Marcelino García Bermúdez.
Y señala que el caso de la productividad estructural ha sido uno de ellos y que «va a costar unos cuantos millones de euros reparar».
Su asociación, afirma, ha ganado «la primera sentencia sobre la productividad estructural para un cabo primero de la Guardia Civil».
Se trata de la resolución número 447/2021, de 13 de julio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
Rosa María Hernández Ordinas ha sido la representante legal que interpuso el recurso, en representación del cabo de la Benemérita, Juan Ramón M.M., ante la Sección Sexta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, contra la resolución del 12 de mayo de 2020 de la directora general de la Guardia Civil, María Gámez.
El Alto Tribunal Madrileño ha declarado, en su sentencia, no conforme a Derecho dicha resolución y la ha condenando, condenando a la Administración al abono de 799,38 euros al recurrente, así como al pago de los intereses legales de dicha suma desde la fecha de su reclamación en vía administrativa hasta que se haga efectivo el pago.
🚨NOTICIÓN🚨!!
Sentencia histórica!! Puedo afirmar que soy el primer miembro de la @guardiacivil que he ganado la actualización del Complemento de PRODUCTIVIDAD íntegramente desde que salió la norma hasta su derogación en febrero, con INTERESES Y COSTAS (sigue⤵️) pic.twitter.com/VP5K0p1uOu— • J U A N R A • (@JuanRaXC) September 1, 2021
También ha impuesto a la Guardia Civil las costas, hasta el límite de 400 euros en todos los conceptos.
La sentencia la firman los magistrados María Teresa Delgado Velasco (presidenta), Cristina Cadenas Cortina, María Elisa Gómez Álvarez, José Ramón Giménez Cabezón y Luis Fernández Antelo, que ha sido el ponente.
Esta resolución no es firme. Cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
El portavoz de UnionGC recuerda la Orden General número 12 de 2014, de incentivos al rendimiento del personal de la Guardia Civil, «supuso la creación de una nueva productividad estructural destinada a retribuir a todo el personal en función de su puesto de trabajo».
Marcelino García asegura que «de esa forma se buscaba pagar objetivamente el esfuerzo que suponen cada uno de los amplios cometidos que se desarrollan en el Cuerpo, limitando las productividades a dedo».
Indica que el importe de este complemento se vinculó indisolublemente al complemento de destino y a los Presupuestos Generales del Estado, y que estos, «tras unos años congelados, comenzaron a otorgar un pequeño incremento en los conceptos retributivos de los funcionarios, incluida la productividad».
«La carestía de vida subía, los sueldos subían, pero la productividad se quedaba congelada. ¿Por qué? Pues por una interpretación de la disposición adicional segunda que, tal y como ha dicho el Tribunal Supremo, es ‘estrictamente literal’ y carente de sentido», manifiesta el presidente de UnionGC, en alusión a esa sentencia del caso de un sargento, dictada el pasado 28 de abril.
Marcelino García señala que «este terrible varapalo» debía haber bastado a la Dirección General de la Guardia Civil para «replantearse su actuación en este asunto» y pagar de oficio los salarios adeudados a sus trabajadores.
Lamenta que «no fue así, sino que prefirieron la huida hacia delante» y que en esa huida se han encontrado con la sentencia del TSJ de Madrid que «no sólo les recuerda su mala praxis, sino que les condena a pagar al agente toda la productividad adeudada durante cuatro años, más sus intereses y las costas, las cuales que pagaremos todos con nuestros impuestos, como siempre».
El presidente de UnionGC informa a este diario que el pasado 24 de mayo pidió a la directora general de la Guardia Civil, en el Pleno extraordinario del Consejo de la Benemérita, el abono de oficio a todos los guardias civiles de los importes de productividad impagados, a lo que «María Gámez hizo caso omiso y ahora empiezan a llegar las sentencias condenatorias».
«No obstante, como viene siendo un clásico en la dirección de la Guardia Civil, nadie asumirá responsabilidades y seguirán disparando con la pólvora del Rey», concluye.
