La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria en el Consejo de la Benemérita, considera «un error de imprevisibles consecuencias» el posible empleo de jueces de la Sala de lo Militar en la jurisdicción ordinaria.
Se pronuncia así respecto «al plan del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el que pretende dar solución a los problemas derivados de la no renovación del órgano de gobierno de los jueces mediante la adscripción de magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo, la de lo Militar», según publicó ayer El País.
La AUGC destaca en primer lugar que «la jurisdicción militar no ha acometido la reforma que tiene pendiente, la cual deriva de tres mandatos de las Cortes Generales, sistemáticamente incumplidos».
Señala que «esta justicia militar no está homologada con el resto de órdenes jurisdiccionales» y que «la mitad de sus magistrados proceden de las Fuerzas Armadas».
«No parece que los ciudadanos puedan entender que exmilitares tomen decisiones sobre asuntos que les afectan en sus ámbitos particulares y personales, y que puedan decidir sobre cuestiones que han de ser juzgadas en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo no solo en la esfera política, sino en la propia conformación del estado de Derecho, en aspectos relativos a lo social, lo profesional y lo económico de los componentes, entre otros, de los miembros de la Guardia Civil», argumenta.
La AUGC insta a los poderes públicos a que «no retrasen la modernización de la jurisdicción militar y
no la utilicen para otros asuntos, para los que no están diseñados, entre otras cuestiones por que
proceden de las Fuerza Armadas».
Asimismo, subraya que «tampoco podemos dejar de lado que, además, esos mismos magistrados son lo que aplican el Código Penal Militar a los guardias civiles por cuestiones meramente laborales».
Para la AUGC, «la impartición de justicia a través de un sector de la magistratura provenientes de las Fuerzas Armadas y no de la carrera judicial es un anacronismo que debe evidenciarse y que pone en riesgo la credibilidad de la justicia, como institución clave en un estado de Derecho».
«Los guardias civiles saben bien lo que es verse sometidos a una jurisdicción en la que el ejercicio del derecho de defensa es muy complicado, en la que no existe segunda instancia y en la el poder político tiene capacidad de influencia real al detentar instrumentos muy potentes que perfilan la carrera de los jueces militares, en detrimento de su independencia», concluye.
El secretario general de esta asociación, Juan Fernández Hernández, sostiene que «es una aberración democrática» que a los guardias civiles se les siga aplicando justicia militar en tiempos de paz.
Esta es una de las muchas denuncias y reivindicaciones de la AUGC, que la asociación recordará al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, el próximo sábado 18 de septiembre, una manifestación en Madrid que ha convocado para reclamar derechos sociolaborales de los agentes.
La manifestación, en la que participarán agentes procedentes de toda España, partirá a las 12.00 de la plaza de Colón y finalizará frente a la sede del Ministerio del Interior, en el Paseo de la Castellana.
