El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite sendos recursos de VOX y el PP contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recorta atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentre en funciones -situación en la que se encuentra desde diciembre de 2018-, entre ellas la de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
Se trata de la Ley Orgánica 4/2021, de 29 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Entró en vigor el pasado 31 de marzo.
Los recurrentes alegan que la norma impugnada podría contradecir diversos artículos de la Constitución, entre ellos los 9.3, 23, 122, 165, 167, 169, por defectos formales en su tramitación parlamentaria, así como por vulnerar el principio de independencia judicial o la reserva de Constitución para regular el CGPJ.
El tribunal de garantías ha acordado dar traslado de la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado y al Gobierno para que puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes.
Los partidos de la coalición gubernamental registraron esta reforma en diciembre de 2020, después de paralizar la tramitación parlamentaria de otra en la que directamente planteaban reducir a mayoría absoluta los 3/5 que exige la ley para renovar el CGPJ, de la que hicieron una crítica feroz asociaciones de jueces y fiscales, como también de esta otra.
Denuncian que es «la más grave intromisión» del Ejecutivo en el Poder Judicial, «uno de los mayores ataques a la democracia en nuestro país».
La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial (PCIJ) la califica de «peligrosísima». El pasado mes de enero la denunció ante el Parlamento Europeo y la Comisión Europea.
Esta plataforma está formada por magistrados, fiscales, catedráticos, abogados, así como otros ciudadanos ajenos al ámbito jurídico y constituida para la despolitización de la Justicia española.
El CGPJ trató en varias ocasiones, sin éxito, que el Congreso recabara su opinión antes de su tramitación. Una vez aprobada, barajó la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional para plantear un conflicto de competencias con la Cámara Baja como promovieron un grupo de vocales, cuya petición fue descartada.
El presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, ha vuelto a pronunciarse sobre esta reforma recientemente, en el solemne acto de apertura del Año Judicial, celebrado el 6 de septiembre.
“La urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución, como ocurre con el gobierno en funciones, ignorando que el Consejo goza, por voluntad constitucional, de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos”, de manera “que la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras, como algunos sostienen, sino exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”, manifestó.
Lesmes pidió a los partidos políticos que, «con patriotismo constitucional y generosidad», alcancen en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación del CGPJ.
Calificó de “insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad” la situación provocada por la no renovación y señaló que la imposibilidad de efectuar nombramientos de cargos gubernativos y de magistrados del Tribunal Supremo coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales y en especial al Alto Tribunal, donde son ya 11 las vacantes por cubrir de una planta de 79 magistrados.
El presidente del PP, Pablo Casado, ya ha dicho al Gobierno que «abandone toda esperanza» de renovar el CGPJ mientras no se reforme el sistema de elección: «Para renovarlo tendrán que aceptar que los jueces elijan a los jueces». Reclama que se modifique el sistema de elección de los vocales del CGPJ de procedencia judicial -12 de un total de 20- para que sean los jueces directamente quienes les nombren.
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