VOX denuncia que con esta reforma de la LOPJ “el Poder Legislativo asume un papel constituyente que no le corresponde; no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del Poder Legislativo, al que queda totalmente sometido”; en la imagen la secretaria general de VOX en el Congreso, Macarena Olona, abogada del Estado en servicios especiales. Foto: EP
VOX recurre ante el Constitucional la reforma que limita funciones al CGPJ
Como anunció el día en que entró en vigor
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23/4/2021 11:13
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Actualizado: 23/4/2021 11:31
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VOX recurrió ayer ante el Tribunal Constitucional (TC) la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que recorta atribuciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando se encuentre en funciones, entre ellas la de realizar nombramientos discrecionales en la cúpula judicial.
El partido de Santiago Abascal afirma que esta reforma, impulsada por PSOE y Unidas Podemos, es «un claro ataque a la independencia judicial», que «el Grupo Parlamentario VOX no está dispuesto a aceptar sin agotar todas las herramientas jurídicas a su alcance como, en este caso, supone la interposición de este recurso de inconstitucionalidad».
VOX denuncia que con esta reforma de la LOPJ “el Poder Legislativo asume un papel constituyente que no le corresponde; no respeta la garantía establecida en la Constitución y hace que la recuperación de la plena funcionalidad del CGPJ depende en exclusiva del Poder Legislativo, al que queda totalmente sometido”. Así lo ha señalado la secretaria general del Grupo Parlamentario VOX, Macarena Olona, tras la interposición del recurso.
El partido anunció el pasado 31 de marzo que recurriría «la reforma exprés que ha aprobado el PSOE y Podemos para asaltar el Poder Judicial». Ese día entraba en vigor.
“VOX defiende y defenderá con todos los medios a su alcance la independencia del Poder Judicial, porque está en nuestro ADN como partido», ha indicado Olona.
«Hoy interponemos nuestro recurso número 16 ante el Tribunal Constitucional en 13 meses. Y sentimos como un auténtico privilegio estar soportando sobre nuestra espalda, en exclusiva, la enorme responsabilidad que supone en este momento histórico defender nuestro Estado de Derecho. Porque está en jaque. Porque lo prometimos. Porque sabemos que lo que nos jugamos es España. Porque no vamos a defraudar la confianza de los españoles. No será el último recurso. Eso también podemos prometerlo”, ha explicado.
VOX señala que el mismo día en el que presenta su recurso, una asociación judicial instó al CGPJ a cubrir las plazas convocadas antes de la reforma que limita sus funciones, al considerar, en primer lugar, que su tramitación no se ha producido conforme a la legalidad, ya que “la misma mayoría política en el Gobierno decidió a conveniencia eludir la exigencia del previo dictamen del CGPJ, a través del medio fraudulento de utilizar al grupo parlamentario controlado por esa mayoría para presentar una proposición de ley”.
“Si convenimos en que existe una identidad funcional entre el Gobierno y la mayoría política que lo sustenta, resulta fácil colegir que estos no pueden utilizar a conveniencia el cauce del proyecto o la proposición de ley como medio para hurtar a los diputados y grupos de la minoría de aquellos informes y dictámenes exigidos por la ley y que sirven de soporte técnico imprescindible para el fundado ejercicio de la potestad legislativa”, destaca VOX en su recuerso.
Añade que aceptado lo anterior, «resulta evidente que la exigencia del artículo 561.1 de la LOPJ debe imponerse también a las proposiciones de reforma de la citada Ley Orgánica presentada por la mayoría política que soporta al Gobierno», y señala que de no ser así, se «permitiría a esa mayoría defraudar con facilidad ese precepto procedimental, dejando inerme a las minorías parlamentarias frente al intolerable abuso de la mayoría en el poder.
Los 52 diputados de VOX señalan que la mera infracción de procedimiento “ha de provocar la invalidez de la Ley en la que desembocó”, y recuerda la declaración institucional en que desembocó la actuación de los partidos en el Gobierno, y en la que el CGPJ lamentaba “profundamente que el órgano de gobierno del Congreso de los Diputados haya hecho caso omiso de la solicitud para que la citada proposición se sometiera a los informes de este Consejo, de la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de Venecia/Consejo de Europa) y diera audiencia a todos los agentes afectados por la reforma propuesta; en particular, a las asociaciones de jueces y fiscales, así como a las demás entidades representativas e instituciones públicas del ámbito de la Justicia”.
En segundo lugar, VOX recuerda que la Constitución configuró, en aras de la independencia judicial, el Consejo como “órgano autónomo y separado”, al que atribuyó el “ejercicio necesario de algunas de las funciones que más podrían servir, en poder de otros órganos, para influir, o así intentarlo, sobre los titulares del Poder Judicial: nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario”.
A juicio de VOX, «la Ley Orgánica de Sánchez-Iglesias tiene por única finalidad crear un nuevo órgano extra-constitucional que denomina el CGPJ ‘en funciones’, y denuncia en el recurso «el recorte inconstitucional de potestades esenciales del CGPJ» que resultan “indisponibles para el legislador”.
Destaca que la Constitución ha querido mantener la plenitud “en el ejercicio de sus funciones y sin interrupción alguna” de las potestades del CGPJ, «dado que todas esas potestades se ordenan, nada menos, que a garantizar la total independencia del Poder Judicial».
«Por lo tanto, respecto de este Poder no existe habilitación constitucional alguna que permita debilitar las funciones del órgano constitucional de gobierno del mismo, una vez transcurrido el “período de cinco años” previsto en el artículo 122.3 de la Constitución», señala.
Advierte que de aplicarse la ley aprobada por el Gobierno y sus socios, la renovación de los miembros del CGPJ y la salida o permanencia del CGPJ en la situación de “en funciones” depende de la exclusiva voluntad del Poder Legislativo.
Es decir, “el mismo Poder Legislativo que a través de la nueva ley desfigura al CGPJ, es el único que tiene en su mano la completa renovación del Consejo y, por lo tanto, su mantenimiento o no en la posición debilitada de “en funciones”.
En definitiva, VOX sostiene que la LO 4/2021 resulta «manifiestamente inconstitucional» porque «asume un papel constituyente que no le corresponde creando la figura extra-constitucional del CGPJ “en funciones”, no prevista en la Constitución para ese Poder del Estado (a diferencia de lo que ocurre con los otros dos Poderes); y «la nueva figura inconstitucional del Consejo en funciones no respeta la garantía de instituto establecida en la Constitución, desnaturalizándolo y convirtiéndolo en un órgano de gestión total y absolutamente subordinado a la mayoría política que sustenta a los Poderes Ejecutivo y Legislativo».
«La subordinación es de tal grado que la recuperación de la plena funcionalidad constitucional del Consejo depende en exclusiva del Poder Legislativo, al que queda totalmente sometido y, que, en función de la conveniencia de la mayoría política, puede decidir perpetuar un Consejo en funciones, desarticulando la garantía institucional prevista en la Constitución para salvaguardar la independencia del Poder Judicial, sin la cual, sencillamente, “lo que no hay es Estado de Derecho”. Y este es el peligroso camino en el que se adentra la LO 4/20″, agrega.
EL RECURSO DE VOX PARA DESCARGAR
VOX recuerda que desde hace tiempo viene exigiendo «la despolitización de la Justicia y, por tanto, un sistema de nombramiento de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que sea por jueces y entre jueces, dejando fuera a los poderes políticos».
En ese sentido, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso de los Diputados presentó el pasado 18 de enero «y como enmienda a la totalidad del texto social-comunista, su propuesta para una renovación periódica y garantizada de los miembros del CGPJ mediante la “celebración recurrente de elecciones con voto igual, libre, directo y secreto por y entre los jueces que se celebrarán independientemente de quiénes ocupen el poder político y el máximo órgano de gobierno del poder judicial».
El partido de Abascal señalaba en su texto que «el fin de esta reforma de la LOPJ, así como de la que ha de plantearse respecto de los Reglamentos de las Cámaras, no es, ni más ni menos, que sustraer por fin de los partidos políticos las herramientas para colonizar todas las instituciones del Estado”.
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