CSIF urge al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que cierre ya el concierto sanitario para los próximos años. Foto: EP.
Podemos propone acabar con el mutualismo y CSIF pide al Gobierno que garantice las mutuas sanitarias a los funcionarios
El Grupo parlamentario ha presentado una proposición no de ley para que los mutualistas pasen al régimen general del Sistema Nacional de Salud
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17/9/2021 16:32
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Actualizado: 17/9/2021 16:32
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«El mantenimiento de las mutualidades de funcionarios al margen de nuestro sistema sanitario constituye una fuente de inequidades».
Así lo afirma el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos en una proposición no de ley que ha presentado esta semana para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
En el texto, firmado por la diputada Rosa María Medel Pérez, y el portavoz, Txema Guijarro, insta al Gobierno -del que forma parte en coalición- a llevar a cabo las acciones necesarias para «avanzar en cohesión, equidad, la organización unificada y gestión públicas directa del sistema sanitario atendiendo al interés general».
Y, en particular, «para que las nuevas incorporaciones de los colectivos hasta hoy protegidos por el mutualismo administrativo se incluyan en el régimen general del Sistema Nacional de Salud, respetando, si los hubiere derechos adquiridos».
En la exposición de motivos, el grupo parlamentario afirma que «la Ley General de Sanidad evitó unificar los regímenes diferenciados debido a las presiones recibidas, provicando la dimisión del responsable de Sanidad del PSOE, Ciriaco de Vicente, de la Comisión redactora de la ley».
Recuerda que «la mayor de las Mutualidades es MUFACE, dependiente del Ministerio de Función Pública, que atiende a 1.473.641 personas. Debe garantizar el contenido de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud por lo que suscribe conciertos con entidades aseguradoras».
Similar dinámica, explica, tiene el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), dependiente del Ministerio de Defensa, que atiende a 592.106 personas y la Mutualidad General Judicial (MUGEJU), adscrita al Ministerio de Justicia, que proporciona cobertura a 91.714 personas.
Apunta que «los colectivos protegidos por el sistema de mutualidades, además de las prestaciones recogidas en la Carta Común de Servicios del Sistema Nacional de Salud, también reciben otras como 20 sesiones de psicoterapia por año, seis sesiones de podología, prestaciones en salud bucodental o ingresos hospitalarios con habitación individual y cama de acompañante».
«Estas y otras prestaciones añadidas, que deberían extenderse al conjunto de la población, hacen que la atención sanitaria no sea igual para todas las personas, provocando una situación estructural de inequidad».
Por ello, considera que «es necesario que los referidos colectivos se incorporen al sistema sanitario público», ya que, a su juicio, «la defensa de un modelo de sanidad pública y universal resulta incompatible con reservar una atención diferenciada a dos millones de personas».
CSIF pide una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública
Frente a esta propuesta, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama al Gobierno que garantice el mantenimiento del sistema de mutualismo sanitario al colectivo de funcionarios.
El sindicato lamenta en un comunicado que Unidas Podemos ponga «en cuestión» este modelo y pretenda «eliminarlo de forma progresiva».
La entidad reclama una reunión a la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para aclarar esta situación planteada por sus socios de Gobierno, «ante la incertidumbre generada entre el colectivo de funcionarios que, dicho sea de paso, durante todos estos meses de pandemia han garantizado, con muchas dificultades y responsabilidad, el funcionamiento de la Administración».
CSIF también reclama al Ministerio que cierre el nuevo concierto sanitario con las mutuas para los próximos años estableciendo «unas condiciones que hagan sostenible el modelo y la atención que reciben a diario en torno a 2,1 millones de personas (entre mutualistas y familiares beneficiados) en toda España».
De lo contrario, afirma, «estas personas quedarían en una situación muy comprometida, teniendo en cuenta, además, las dificultades y los recursos limitados del Sistema Nacional de Salud, seriamente tensionado por la pandemia».
CSIF recuerda que «el mutualismo administrativo se constituyó en un momento en el que los funcionarios carecían de Seguridad Social y tenían que costear de forma privada un seguro de atención sanitaria».
Además, añade, «la atención sanitaria se presta bajo las condiciones que establece la Administración Pública en el concierto con las aseguradoras, que son diferentes a las ofertadas en un seguro privado y con prestaciones de la Cartera Básica del Sistema Nacional de Salud. Estas coberturas, incluso, están a veces mermadas en relación con las que ofrecen las propias comunidades autónomas al resto de habitantes de su territorio».
Traspaso de competencias a la Seguridad Social
Esta iniciativa de Unidas Podemos, subraya, «se suma a la decisión del Gobierno de traspasar la gestión de Muface a la Seguridad Social, recientemente anulada por el Tribunal Constitucional.»
«El 22 de abril del año pasado, el Gobierno aprovechó este Real Decreto para traspasar la gestión de Clases Pasivas a la Seguridad Social»
Así, destaca, «modificó de manera unilateral la gestión de las prestaciones y pensiones de los funcionarios, sin debate parlamentario previo y sin haber consultado a las organizaciones sindicales mayoritarias en este colectivo».
Esta situación, apunta, «generó una gran incertidumbre en el colectivo de funcionarios. De hecho, el temor de los funcionarios a ver recortados sus derechos de pensión ha provocado una oleada de jubilaciones anticipadas».
Y es que, «tal y como ha reconocido el propio Gobierno en una respuesta parlamentaria, entre junio y diciembre de 2020 se produjeron 10.387 jubilaciones voluntarias a los 60 años de edad, un 26,2 por ciento más que en el mismo período de 2019″, recuerda CSIF.
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