La lucha de más de 200 profesores andaluces de Formación Profesional (FP) para cobrar igual que compañeros que acaban de aprobar la oposición y que tienen las mismas funciones continúa. Acudirán a la Justicia tras desestimar el director general del Profesorado y Gestión de Recursos de la Junta de Andalucía su reclamación en vía administrativa.
El despacho de abogados Administrativando Abogados, que defiende los intereses de estos funcionarios, ha presentado un recurso contencioso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía al considerar que se está produciendo una injusticia.
Una demanda que, en palabras de Antonio Benítez Ostos, socio director y fundador del despacho, “se basa en diversa jurisprudencia de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo sobre la obligatoriedad de atribuir el mismo salario a todos aquellos que realizan el mismo trabajo”.
Se presenta ante el TSJ porque ha resuelto la Junta de Andalucía. Si el caso hubiese sido en un ayuntamiento, la competencia la tiene el juzgado de la provincia, al igual que, si hubiese sido un ministerio, en términos generales, sería de la Audiencia Nacional.
El motivo por el cual acuden a los tribunales es por la forman en la que les ha afectado la nueva reforma de la Ley Orgánica 3/2022 de 31 de marzo de ordenación e integración de la Formación Profesional. Con tal cambio se introdujo como requisito estar en posesión de una licenciatura, ingeniería, arquitectura, grado universitario o diplomatura.
Antes los títulos no se exigían, ahora sí
Sin embargo, estos títulos antes no se exigían. Por tanto, los funcionarios que accedían a estas oposiciones pertenecían a la categoría A2. Pero ahora, como las nuevas incorporaciones tienen estudios superiores, su categoría es la A1. Y al ser un rango más alto, cobran más pese a estar realizando las mismas funciones.
En Andalucía hay más de un millar de afectados, pero más de 200 los que han decidido luchar. Consideran que deben cobrar igual que los compañeros en base al principio de “a igual trabajo, igual salario”. Una manifestación consagrada en el artículo 14 de la Constitución Española.
Algo que también está recogido en el artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europa vigente desde el 12 de junio de 1985.
La reclamación desestimada por la Junta de Andalucía
Desde el despacho han explicado que la reclamación resuelta de forma negativa aludió «únicamente a la normativa sobre la integración y a la carencia del requisito de titulación”.
“Nada se alega respecto a los fundamentos contenidos en la reclamación sobre la igualdad retributiva en base al principio de igual trabajo, igual salario”.
“Tampoco hace referencia a la argumentación sobre el artículo 23.2 de la Constitución, que garantiza no sólo el acceso a los cargos públicos en condiciones de igualdad, sino también, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la permanencia en dichos cargos, en esas mismas condiciones”.
Ni tampoco se habla del artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.
Lo que pretenden con este recurso contencioso-administrativo, según Benítez Ostos, es que los profesores de formación profesional de Andalucía no integrados perciban las mismas retribuciones que aquellos integrados.
«Y esta no es una pretensión imposible. De hecho, se ha reconocido por varias Comunidades Autónomas sin necesidad de tener que acudir a los Tribunales, por lo que la desigualdad territorial es evidente, y esperamos que el Tribunal Superior de Justicia, así lo reconozca».
Este caso no es aislado, ya que esta misma batalla la están teniendo 80 profesores de FP de la Comunidad de Madrid.
