El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba ha acordado enviar a juicio a Miguel Ángel Frontera, acusado de protestar frente al domicilio del exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero, en Galapagar (Madrid).
Además, el magistrado le ha impuesto una fianza de 52.266,67 euros.
En un auto con fecha 23 de septiembre, el juez Javier Carreño ratifica, además, las medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación interpuestas contra Frontera en 2020 y ordena el embargo de sus bienes en caso de no abonar la fianza en el plazo de un día.
Fuentes cercanas a la defensa han informado que impugnará la fianza de 52.266,67 euros al considerar que se trata de una cifra «desproporcionada» para el presunto delito que se le atribuye.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para él por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos.
El fiscal pide, asismismo, que se le imponga la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
‘GARRAPATA’, ‘CHEPAS’, ENTRE OTROS TÉRMINOS
En julio de 2020, la pareja presentó una querella contra Miguel Ángel Frontera por presuntos delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Lo acusa de estar «a diario» -al menos desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 12 de diciembre- frente a su domicilio, «hostigando y profiriendo términos injuriosos como ‘garrapata’, ‘chepas’ o términos de índole similar».
En un escrito de 14 de septiembre, Iglesias y Montero solicitaron también una multa de 9.000 euros por delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado.
La pareja requirió, a su vez, que se abriera pieza separada de responsabilidad civil para que Frontera prestase fianza de 20.000 euros «para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado».
Su representante legal justificó su petición por la «grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial» ambos dirigentes, «siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia».
AUTOPROCLAMADO COMO ‘INSTIGADOR DE LAS PROTESTAS’
En este sentido, subrayó «la afectación e impotencia» de Iglesias y Montero para «proteger a sus hijos en su hogar familiar ante los insultos, el acoso y las coacciones sufridas». «Es más, el daño sufrido alcanza al propio desarrollo de la personalidad de los tres hijos menores y a la intimidad de la familia en su conjunto que ha sufrido cómo no podían desarrollar su vida en privacidad», expuso en el escrito.
Según relataron Iglesias y Montero, Frontera se autoproclamó como «instigador de las protestas» a través de su cuenta en Twitter. Asimismo, indicaron que el 12 de julio de 2020, el hombre, «burlando nuevamente la seguridad de la vivienda, se alzó sobre una piedra para superar el muro perimetral» y «procedió a grabar desde ahí el interior de la morada», «invadiendo» su intimidad.
Añaden que días más tarde, el 23 de julio, Frontera habría vuelto a casa de ambos dirigentes «saltando el perímetro de seguridad» y «esta vez emitiendo en directo». Esa fuera la razón que llevó a que el juez acordase el pasado mes de diciembre una orden de alejamiento de 500 metros sobre el acusado que ahora ha sido ratificada.
FRONTERA SE QUERELLÓ CONTRA IGLESIAS POR DENUNCIA FALSA
El querellado también se querelló el pasado mes de abril contra Pablo Iglesias aduciendo que no incurrió en delito alguno, por lo que habría sido objeto de una denuncia falsa.
Frontera señala que el propio Iglesias habría reconocido en su declaración del pasado 28 de diciembre en los juzgados de instrucción de Collado Villalba que «solamente se había subido a una roca que existe en el campo, fuera de la propiedad del querellado, no invadiendo por tanto en ningún momento su propiedad».
Asimismo, argumentaba que el visionado del vídeo grabado con su teléfono móvil sobre el momento en cuestión permitió «comprobar que no se encarama a la valla, ni invade la propiedad del querellado en ningún momento, sino que se graba desde una roca sita en un lugar público».
Por todo ello, la defensa de Frontera considera acreditado que la querella dirigida contra él «es totalmente infundada» y que Iglesias la interpuso «con pleno conocimiento de su falsedad».
