Plinia Azzena, juez del tribunal de apelación de Sassari, celebró hoy una vista telemática desde el órgano judicial con la prisión se Sassari, donde se encontraba confinado el prófugo Carles Puigdemont desde el jueves por la noche, cuando fue detenido al llegar, procedente de Bruselas, al aeropuerto ‘Riviera del Corallo’, de la isla de Cerdeña.
Al término de la vista, la juez Azzena, decidió, siguiendo la petición de la fiscal general del Estado de Italia, Gabriella Pintus, que no había razones para no dejar en libertad al expresidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña, que fue representado por el abogado Agostinangelo Marras.
Pero le prohíbe dejar la isla hasta que se aclare su situación.
Sin embargo, todavía queda por dilucidar lo importante: si Puigdemont debe ser enviado a España o no.
Por ello está previsto que el huido comparezca ante el Tribunal de Apelación de Sassari mañana sábado a las 14.00 horas.
El magistrado del Tribunal Supremo, e instructor de esta causa, ya ha enviado un oficio al magistrado José de la Mata, representante de España en Eurojust, conteniendo la Orden Europea de Detención y Entrega de octubre de 2019 y la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que sea remitido al mencionado tribunal.
Paralelamente, los representantes legales de Puigdemont prevén presentar hoy mismo ante el Tribunal General de la Unión Europea, la primera instancia del Tribunal de Justicia de la UE, un escrito solicitando medidas cautelarísimas para que le devuelvan la inmunidad hasta que el tribunal de Luxemburgo falle definitivamente sobre su situación, evitando así su deportación desde Italia a España.
Sobre la detención en suelo italiano, Franco Gabriell, subsecretario de la presidencia de Gobierno y exjefe de la policía italiana, ha declarado sobre la detención de Puigdemont: «Hay un orden de detención europea, estamos en esta comunidad (la UE) y la tenemos que ejecutar».
Y ha añadido: «Los franceses son franceses, y nosotros somos italianos. Hubo un control de frontera, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Vivimos en un estado de derecho”.
