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La clave para impedir que Puigdemont se vaya «de rositas» en Italia la tiene la Fiscalía española

Carlos Berbell
La clave para impedir que Puigdemont se vaya «de rositas» en Italia la tiene la Fiscalía española
El columnista plantea que la Fiscalía se movilice para colaborar con sus colegas italianos para hacer realidad la OEDE sobre Puigdemont y que se entregado a España.
25/9/2021 06:47
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Actualizado: 25/9/2021 06:47
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Una vez que se van conociendo todos los detalles en torno la detención del prófugo Carles Puigdemont en la isla de Cerdeña el pasado jueves por la noche, va quedando claro que se produjo por la vigencia de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). El sistema funcionó.

«Hay una orden de detención europea. Estamos en esta comunidad (UE) y la tenemos que ejecutar», explicó Franco Gabriell, subsecretario de la Presidencia de Gobierno y exjefe de la Policía italiana.

Y añadió: «Los franceses son franceses, y nosotros somos italianos. Hubo un control de frontera, y fue puesto a disposición de la autoridad judicial. Vivimos en un estado de derecho”.

Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín y Clara Ponsati tenían la inmunidad suspendida como europarlamentarios desde el 30 de julio pasado, cuando el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE). Por lo tanto no había nada que impidiera su detención allí donde se desplazara, especialmente por avión dentro de la UE, donde los controles policiales son más estrictos.

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La detención, por lo tanto, fue legítima y legal.

Sin embargo, la sensación que uno tiene, ante la construcción mediática que el independentismo catalán ha montado para tratar de convencer «urbi et orbi» que Puigdemont posee esa inmunidad, es que nuestras autoridades no han estado finos.

Y de forma especial la Fiscalía General del Estado, que cuenta con una fiscal de Sala de Cooperación Penal Internacional muy capaz, Rosana Morán, y, en segundo término, el Consejo General del Poder Judicial y su Servicio de Relaciones Internacionales, con Luis de Arcos Pérez, a la cabeza –el hombre de España en la Red Judicial Europea–, quienes tienen capacidad para interlocutar con sus compañeros italianos.

El resultado ya lo conocemos. La juez italiana Plinia Azzena dejó ayer en libertad a Puigdemont casi en «loor de multitudes», citándole para el 4 de octubre a las 11.30 a una vista en la que decidiría sobre la OEDE generada por el magistrado del Tribunal Supremo, e instructor de la causa, Pablo Llarena. 

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EL SUPREMO CONDENÓ A 9 EXMIEMBROS DEL GOVERN POR UN DELITO DE SEDICIÓN

Una causa, recordemos, que resolvió la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras 52 días de juicio televisado, con la condena de 9 de los acusados por un delito de sedición.

A cuatro de ellos, empezando por el vicepresidente de la Generalitat de entonces –Oriol Junqueras–, se les añadió otro delito, el de malversación de fondos públicos. Corrupción.

El Código Penal italiano condena, en su artículo 241 «los atentados contra la integridad, la independencia o la unidad del Estado, con penas no inferiores a 12 años de cárcel. La pena se agrava si el hecho es cometido con violación de los deberes inherentes al ejercicio de las «funciones públicas».

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En el artículo 655, además, especifica que «debe considerarse sediciosa la conducta que revela rebelión hacia los poderes públicos y hacia los órganos del Estado».

Ya sabemos que el delito de sedición no se encuentra entre los 32 delitos que figuran en el listado de la Ley 3/2003, de 14 de marzo, sobre la orden europea de detención y entrega.

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Pero es evidente que cumple el principio de doble incriminación.

Los hechos por los que el magistrado Llarena solicita la entrega de Puigdemont están contemplados tanto en el Código Penal español como italiano.

No habría causa denegatoria de su entrega.

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El de malversación sí figura.

Los abogados de Puigdemont se escudan en que el TGUE no ha dictado sentencia todavía y, por lo tanto, han interpuesto un recurso solicitando la imposición de unas medidas cautelares –»inaudita parte», como lo llamaríamos en España, sin haber escuchado a la parte contraria por razón de su gravedad– restituyéndole la inmunidad.

Impidiendo, con eso, su entrega a nuestro país.

LA JUEZ ITALIANA SE ESTÁ «PONIENDO DE LADO»

Por otra parte, las personas con las que he conversado a lo largo de las últimas 24 horas, muchos de ellos distinguidos juristas, tienen todos la impresión de que la  juez italiana se está poniendo «de lado».

Está utilizando la cuestión prejudicial que Llarena presentó el pasado mes de marzo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la segunda instancia del TGUE, expresando sus dudas sobre el alcance de las posibilidades de emisión de una OEDE, así como por las razones para su denegación, una vez que las autoridades de ejecución de Bélgica han rechazado la entrega del exconseller Lluis Puig.

No hay nada que obligue a la magistrada italiana a suspender su decisión de entregar a Puigdemont al magistrado español, pero el extraño planteamiento de esa «duda» le pone las cosas fáciles porque, de momento, no tiene que decidir nada.

Le puede bastar con asumir esa duda para justificar que hay que esperar.

Este es el clavo al que, posiblemente, se vaya a agarrar la magistrada italiana. «Me lavo las manos, me quito el muerto de encima y aquí paz y después gloria».

Y esto no puede ser así. La Fiscalía General del Estado y el CGPJ tendrían que estar movilizándose ya.

Estas cosas funcionan así. Mediante contactos personales.

Tendrían que estar ya en contacto con la Fiscalía italiana y más concretamente con la Fiscalía de Cerdeña.

Tendrían que estar asesorando al Ministerio Público italiano, construyendo la causa para, primero, haber combatido la ausencia de medidas cautelares a Puigdemont, por una parte, y, por otra conseguir que se haga efectiva la OEDE española el 4 de octubre.

RODRÍGUEZ SOL, UN ACTIVO MUY VALIOSO

Hasta el 1 de julio de 2020 España contaba en Italia con un juez de enlace, el fiscal Luis Rodríguez Sol, que, desde entonces, ocupa plaza de inspector fiscal de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado. En Madrid.

Rodríguez Sol, un hombre afable y bien relacionado con las autoridades judiciales y fiscales italianas, sería un activo muy valioso en esta operación.

La función de los jueces de enlace que España tiene en Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Marruecos –y en Italia hasta esa fecha, en que se amortizó el puesto por la disminución de asuntos– es la de acelerar la cooperación judicial. Contribuyen a que la tramitación se haga de forma correcta y rápida.

Los contactos con los que cuenta Rodríguez Sol o los de la Red Judicial, en la que Luis de Arcos es un puntal muy importante, en este contexto me parecen extremadamente valiosos. 

Por eso me planteo: ¿Por qué no enviar a un equipo de fiscales españoles a Roma y a Cerdeña, con Rodríguez Sol a la cabeza y, ¿por qué no?, con otros como Carlos Bautista, fiscal de la Audiencia Nacional, el gran experto en OEDE en España?

La juez italiana solo tiene dos decisiones a tomar: 1. Pedir más información para poder tomar la decisión más justa; 2. Elevar, a su vez, una cuestión prejudicial ante el TJUE.

Teniendo en cuenta que las relaciones entre la Fiscalía italiana y la española son inmejorables, que la nuestra colabora diariamente con las OEDE que nos piden en España y que esto funciona como todo, bajo el principio «quid pro quo» o el «do ut des» –el principio sagrado que ha hecho posible la civilización–, ¿por qué no empezar ya?

La obligación de nuestra gente es la de conseguir que Puigdemont sea llevado ante el magistrado Llarena para responder de los delitos de los que se le acusa.

El artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal dice que «El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad». 

¿O es que hay otra cosa distinta?

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