La investigación del periódico estadounidense pone en tela de juicio la ética de buena parte de los jueces que fallaron en casos en los que tenían claros intereses económicos.
131 jueces federales estadounidenses infringieron la ley al juzgar casos de empresas en las que eran accionistas
SEGÚN UNA INVESTIGACIÓN LLEVADA A CABO POR EL WALL STREET JOURNAL
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01/10/2021 06:49
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Actualizado: 01/10/2021 06:49
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En vez de abstenerse, como hubiera sido lo suyo, 131 jueces federales estadounidenses vulneraron la ley al fallar en casos en los que una de las partes eran empresas en las que ellos, personalmente, o familiares directos, poseían acciones.
Dos tercios de las sentencias de las 685 sentencias dictadas –457– fueron favorables a esas empresas, según una investigación llevada a cabo por el Wall Street Journal.
Todos los casos se enjuiciaron a lo largo de un periodo de diez años, entre 2010 y 2020.
De los dos tercios de jueces federales que revelaron que poseían acciones en las empresas que fueron parte en pleitos, una quinta parte, aproximadamente, presidió al menos un caso en el que poseían acciones de sociedades.
Aunque no existan leyes que prohíban a los jueces ser accionistas y poseer acciones de empresas, el código de conducta de los juristas federales exige a los jueces que se abstengan de enjuiciar casos en los que tengan cualquier tipo de interés financiero en un caso, o la «propiedad de un interés legal o equitativo, por pequeño que sea», como lo define dicho código.
Después de que el Wall Street Journal publicara los hallazgos de su investigación, 56 de esos jueces informaron a las partes involucradas en 329 juicios, de la existencia de este conflicto de intereses.
Los jueces federales, cuyo destino son los tribunales de apelación y de distrito, son nombrados por el presidente de los Estados Unidos con el visto bueno del Senado. Las candidaturas son estudiadas previamente por el denominado Comité de Asuntos Judiciales del Senado, compuesto por 14 miembros.
Su jurisdicción es nacional. Tienen su sede en las ciudades importantes. Tienen un mayor volumen de actividad jurisdiccional que los tribunales estatales. Su jurisdicción se extiende a aquellos casos determinados por la Constitución o por las leyes dictadas por el Congreso.
Son competentes cuando el gobierno de los Estados Unidos es parte en el proceso, ya sea como demandante o demandado, en controversias entre dos o más estados o entre un estado y ciudadanos de otro, o entre ciudadanos de diferentes estados.
EXPLICACIONES VARIADAS DE LOS JUECES
Los jueces, en esta investigación, ofrecieron múltiples justificaciones sobre sus infracciones cuando fueron contactados por el periódico.
La mayoría desvió la culpa, citando errores administrativos y argumentando que sus listas de recusación contenían faltas de ortografía que hacían que los casos se escaparan de su «software» de detección de conflictos.
Para evitar conflictos de intereses económicos, la ley federal de 1974 en Estados Unidos exige que todos los jueces hagan declaraciones anuales sobre sus intereses financieros en las que deben enumerar con toda claridad sus posesiones y sus ingresos, y también los de sus cónyuges e hijos menores de edad.
Dichas declaraciones son guardadas por la Oficina Administrativa de los Tribunales Federales de los Estados Unidos y están disponibles para que las consulte el público libremente.
El Consejo Judicial de los Estados Unidos, además, requiere a los jueces que utilicen programas informáticos de comprobación de conflictos de interés que distingan e identifiquen aquellos casos en los que pudieran tener intereses personales con el fin de abstenerse de enjuiciarlos.
Los jueces estadounidenses, como ocurre con los españoles, pueden poseer acciones de empresas, pueden dedicarse a escribir libros, a dar conferencias o a dar clase en universidades.
Los ingresos por las actividades extrajudiciales no pueden superar el 15 por ciento del salario anual del juez.
Otros jueces investigados se defendieron llamando la atención sobre el hecho de que las decisiones judiciales que tomaron fueron en contra de sus intereses económicos.
SE BENEFICIARON DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA
De acuerdo con el Wall Street Journal, la mayoría de los jueces investigados se beneficiaron en gran medida de la información privilegiada.
En Nueva York, por ejemplo, el juez Edgardo Ramos presidió un juicio entre una unidad de Exxon Mobil Corp. y TIG Insurance Co. por un problema de contaminación, teniendo entre 15.001 y 50.000 dólares en acciones de Exxon.
Ramos acabó dictaminando que TIG debía pagar a Exxon 25 millones de dólares, e incluso añadió 8 millones de dólares en intereses a la sentencia.
Un funcionario del tribunal federal argumentó que Ramos no fue consciente de la infracción legal que cometió al asumir el caso, ya que lo que define como su listado de abstenciones incluía sólo a la empresa matriz Exxon, y no a la unidad, y por lo tanto fue pasada por alto por el «software» de detección de conflictos de interés del tribunal, que funcionaba sólo a través de coincidencias exactas.
El juez Lewis Babcock, de Colorado, supervisó un procedimiento especialmente problemático relacionado con una filial de Comcast Corp., en el que falló a favor de la empresa de telecomunicaciones después de que varios de sus empleados fueran acusados de acosar a una familia de ese estado.
En este caso, un matrimonio acusó a los empleados de esa compañía telefónica de amenazarles, de intimidar a su hija de 10 años y de herir a su perro.
La pareja pidió a Babcock que emitiera una orden judicial que prohibiera a la empresa acceder a su propiedad para instalar cables de fibra óptica.
Babcock falló finalmente a favor de Comcast afirmando que la pareja había «bloqueado continuamente el acceso de Comcast a la servidumbre de paso», y devolvió el caso al tribunal estatal, que era lo que quería la empresa.
Durante todo el procedimiento, el juez o su familia habrían tenido entre 15.001 y 50.000 dólares en acciones de Comcast, según el Wall Street Journal.
El juez Babcock echó la culpa de la infracción a los errores administrativos internos y agradeció al periódico por «ayudarme a mantenerme alerta como se supone que debo hacerlo».
«FUE UN MALENTENDIDO»
Por otro lado, la juez Smith Gibbons, titular de un tribunal de apelación con sede en Ohio, fue autora de un dictamen que favoreció a Ford Motor Co. en un procedimiento judicial particular en 2014, mientras que su marido, Bill Gibbons, poseía acciones del fabricante de automóviles.
Antes de dicho dictamen, el asesor financiero de su marido compró rápidamente más acciones de Ford, para su cuenta de jubilación.
La juez Gibbons alegó que había asumido erróneamente que una participación en la cuenta de jubilación de su marido no constituía un conflicto de interés y, por tanto, no requería su abstención en el caso.
«Lamento el malentendido, pero les aseguro que fue honesto», aseguró Gibbons al periódico.
La Oficina Administrativa de los Tribunales de EE.UU. respondió a la publicación del Journal el martes, diciendo: «El informe del Wall Street Journal sobre los casos en los que los conflictos inadvertidamente no fueron identificados antes de que se resolviera o transfiriera un caso es preocupante, y la Oficina Administrativa está revisando cuidadosamente el asunto».
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