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Hoy, 1 de octubre, se hace efectivo el traspaso al gobierno vasco de Instituciones Penitenciarias en su territorio

Manuel Álvarez de Mon Soto
Hoy, 1 de octubre, se hace efectivo el traspaso al gobierno vasco de Instituciones Penitenciarias en su territorio
Manuel Álvarez de Mon Soto, ha sido magistrado, fiscal y funcionario de prisiones. Actualmente es letrado del Colegio de Abogados de Madrid. alvarezdemon@hotmail.com. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
01/10/2021 06:46
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Actualizado: 01/10/2021 06:46
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Con ello se realiza una vieja y continuada reclamación que han venido haciendo, desde 1979, los sucesivos gobiernos vascos, pues es una competencia prevista en el Estatuto de Autonomía de Guernica, aprobado por Ley Orgánica 3 de 18 de diciembre de 1979.

La Constitución de 1978 reserva al Estado, en su artículo 149.1.6, la competencia exclusiva sobre la legislación penal y penitenciaria, pero no su ejecución.

Por ello la primera Ley Orgánica aprobada tras la Constitución, la Penitenciaria de 1979, establece en su artículo 79 la posibilidad de que las  Comunidades Autónomas hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y la consiguiente gestión de la misma.

Es decir, la dirección, organización e inspección de Instituciones Penitenciarias.

Esta competencia solo está prevista en cuatro Estatutos de Autonomía de los 17 existentes: los del País Vasco, Cataluña, Andalucía y Navarra.

Hasta ahora solo la ostentaba Cataluña. Desde 1983, en concreto. Bajo el Gobierno de Felipe González.  

El gobierno del País Vasco reclamó desde el primer momento, hace ya 42 años, la asunción de dicha competencia, pero los sucesivos gobiernos centrales, tanto del PSOE como del PP se lo negaron, por la problemática de los presos y penados por delitos de terrorismo.

Sin embargo, la posibilidad del traspaso estaba prevista, así como el deseo de los gobiernos vascos de hacerla efectiva.

Así se acordó  en la reunión de la Mesa Mixta de Transferencias el 10 de Mayo pasado, entre el Gobierno central, representado por el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y el gobierno vasco, representado por el vice lehendakari, Josu Erkoreka.

El Consejo de Ministros  presidido por Pedro Sánchez, aprobó la trasferencia en su reunión del 29 junio de 2021.

El traspaso incluía los tres centros penitenciarios de Euskadi: el de Zaballa, en Áraba-Álava, con unos 700 internos, el de Basauri, en Bizcaia-Vizcaya, con unos 300 presos, y al de Martutene, en Gipuzkoa-Guipuzcoa, con unos 260.

De otro lado, afectaba a un personal numeroso. Unas 700 personas. En concreto 684, entre funcionarios y personal laboral.

Se planteaba la problemática de la situación de este colectivo, que tiene singularidades retributivas y de horarios diferentes al resto de España por diversas circunstancias. Y que podrían verse afectadas por la organización que pudiese establecer la nueva dirección del gobierno vasco.

TEMORES DISIPADOS

Los temores se han disipado ante la positiva actitud para con ellos de la consejera vasca de  Justicia, Beatriz  Artolazabal de la que, desde el día de hoy, dependerán todos los funcionarios y personal laboral, quien, tras reconocer su profesionalidad y preparación, ha llegado a un acuerdo para respetar su estatus tras las negociaciones con los sindicatos mayoritarios del sector, léase UGT/ACAIP, aunque con la oposición de ELA y Comisiones Obreras .

En 2023 se fijará la plantilla necesaria, de funcionarios y demás personal penitenciario, incorporándose directamente a la función pública vasca, a la que ya se han transferido los actuales.

De otro lado, y muy importante para los internos en los centros penitenciarios, la consejera habla del fin resocializador  del modelo penitenciario vasco, en consonancia con los países más avanzados.

Lo cual, además, está acorde con la orientación de reeducación y reinserción social de las penas y medidas de seguridad privativas de libertad que establece el artículo  25.2° de la Constitución española. Y se fija  la igualdad de trato a todos los penados, cualquiera que sea su delito.

De otro lado, la consejera ha destacado la prioridad de especial atención a las víctimas, y así se ha manifestado a todas las asociaciones.

Con este traspaso se normaliza una situación, accediendo a la reclamación de una competencia prevista estatutariamente y denegada sistemáticamente desde el Gobierno central por razones de índole política.

Pero además, la competencia legislativa sigue siendo exclusiva del Estado, como también lo es el control judicial a través de los jueces de vigilancia y de los tribunales sentenciadores.

No obstante, es necesario hacer cambios legales para precisar las mismas y evitar disfunciones como ha ocurrido, en el caso de Cataluña, con el juicio del «procés».

Y es ya necesario regular la coordinación de las Administraciones Penitenciarias, que se siguen rigiendo por una norma provisional: el Real Decreto 1436, de 20 de junio de 1984.

Un Decreto que no solo está desfasado sino que es notoriamente insuficiente, como también acredita el caso catalán.

En cuanto al coste del traspaso, se fija en 70 millones de euros, a descontar del pago del cupo del concierto vasco.

Bienvenida sea la normalización de las competencias autonómicas en un estado autonómico asimétrico, pero acorde con la realidad plural de España. Un hecho evidente y real y que, por eso, precisa distintas normas territoriales con respeto a la igualdad de derechos de todos expresada en el artículo 14 de la Constitución.

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