El marco normativo europeo y el nacional se reconfiguran para afrontar los retos legales de la transformación digital

Ahora se trata de completarla, con el apoyo de los fondos Next Generation que llegan de Europa para que nuestro país sea más eficiente y competitivo respecto de su entorno.

DIGITALIZACIÓN A VARIAS VELOCIDADES

En opinión de Víctor Calvo-Sotelo, director general de DigitalES, patronal empresarial tecnológica,“en España nos encontramos en una posición intermedia de clasificaciones como la que elabora anualmente la Comisión Europea, llamada DESI» [Digital Economy and Society Index o Índice de Economía y Sociedad Digital, en español].

“No estamos mal, pero dado que somos una de las principales economías de la Unión Europea, nuestro nivel de digitalización debería ocupar también uno de los primeros puestos del ranking”, añade.

Y refiere el informe elaborado con DigitalES sobre «El impacto de la digitalización en España», en el que se especifica que «una mejora del 10% en el DESI contribuiría en promedio 1 punto porcentual al crecimiento del PIB ‘per capita real’”.

Un vistazo más detenido, sin embargo, «permite identificar dos o incluso tres velocidades diferentes en cuanto al nivel de digitalización de las empresas. Así, las grandes empresas tienen por lo general niveles de digitalización muy elevados. No así las pymes y los autónomos”.

“Como es lógico, los países donde las pymes representan un mayor porcentaje de su tejido productivo, como España, registran menores tasas globales de productividad y, muy vinculado con ésta, de transformación digital”, apunta

Por eso, para mejorar la  posición en el DESI, «sería de gran ayuda mejorar la capacitación digital media de la ciudadanía. A continuación, es esencial trabajar para incrementar el volumen de profesionales especializados en distintas ramas de la tecnología”.

En la actualidad, según Víctor Calvo-Sotelo, se está actualizando «todo el marco normativo que afecta a la transformación digital, a excepción del ámbito de protección de datos que llevó la delantera».

HAY UN DÉFICIT DE TALENTO EN ESPAÑA

Desde esta asociación empresarial, se calcula que «el déficit de talento TI en España supera las 70.000 posiciones. En otras palabras: en España tenemos muy buen talento tecnológico, pero es insuficiente para cubrir una demanda laboral que crece muy rápidamente”.

En cuanto a los retos legales que se afrontan desde esta digitalización, para los empresarios agrupados en DigitalES el más importante de todos, y extendido, «tiene que ver con la seguridad y la privacidad de los datos personales».

Las empresas están obligadas a proteger los datos de negocio y de sus clientes «asegurando el cumplimiento normativo en materia de protección de datos. No hay que olvidar que la normativa europea, y la española como transposición de ésta, es una de las más avanzadas y exigentes”, destaca.

Independientemente del marco normativo, «una brecha de seguridad que resulte en una filtración de información de carácter sensible o personal supone también un perjuicio reputacional muy importante para las compañías”, sostiene Calvo-Sotelo.

Otra cuestión que considera crucial es que se está actualizando «todo el marco normativo que afecta a la transformación digital, a excepción del ámbito de protección de datos que llevó la delantera. Desde el modelo de fiscalidad de la economía digital a la ciberseguridad de las redes 5G, pasando por la FP dual, la Ley general audiovisual y la Ley general de telecomunicaciones, hasta los borradores europeos para regular la inteligencia artificial, las plataformas o los servicios digitales».

Y recuerda que parte de la actividad de DigitalES «consiste precisamente en hacer aportaciones para ayudar al poder legislativo a crear marcos razonables y eficaces que, al mismo tiempo, impulsen la innovación y la atracción de inversión”.

DIGITALIZACIÓN Y FONDOS EUROPEOS

Raúl Rubio, socio del área de tecnológica de Deloitte Legal, cree, por su parte, que “hay que aprovechar esta oportunidad única que nos brindan los fondos europeos para acelerar la digitalización de España y cambiar el modelo productivo que tenemos para ser más competitivos y eficientes respecto a nuestro entorno”.

Se trata de no ser tan dependientes del turismo y del sol, «sobre que lo que no tenemos un auténtico control. Se trata de desarrollar otro modelo basado en la digitalización que da a cualquier país mayor capacidad de adaptación a los cambios”.  

Rubio remarca que “el propio concepto de digitalización indica eso. No es solo tecnología. Es la capacidad de aportar valor de una manera más eficiente en un contexto de permanente cambio”.

En este contexto, Rubio explica que es clave desarrollar las capacidades digitales de la sociedad española.

Gracias a la formación se entiende mejor la digitalización: “Hay un elemento que nos coloca en una posición  mejor que en otros países que es la altísima conectividad  de banda ancha 5G  en España con una gran capilaridad”.

A su juicio, “la pandemia ha puesto de manifiesto  las debilidades y las fortalezas de cada país. Ha generado un contexto donde tanto empresas grandes como pequeñas han sido conscientes de ese proceso de digitalización en cuanto a los que les puede aportar mucho”.

Enfatiza, por otra parte, que es evidente que, «a nivel legal hay un reto global importante que es entender que la digitalización no solo es tecnología. Son procesos, innovación en un contexto muy regulado, tanto a nivel nacional como europeo”.

Dependiendo de la posición donde esa empresa vaya a operar «se va a encontrar con ámbitos regulatorios importantes que pueden condicionar sus inversiones”.

Por eso, “cualquier plan de digitalización debería incorporar el aspecto regulatorio desde el principio. Es la única manera de aprovechar este entorno”.

La actividad regulatoria no es solo protección de datos y derechos de consumidores sino que hay regulaciones que afectan a la ciberseguridad y a otras facetas de lo electrónico, aclara. 

Uno de los handicaps, según Raúl Rubio, son las sanciones que se imponen a empresas porque han sido ciberatacadas, lo que les deja en una posición débil.

Precisamente desde el área legal y tecnológica de Deloitte Legal, tratan de orientar a la empresa sobre este escenario para que conozcan los retos y oportunidades que pueden surgir. “Se trata de integrar los aspectos legales y fiscales con otros más de negocio y resolver las consultas que nos plantean”.

En este contexto, la ciberseguridad es uno de las cuestiones que mas preocupa a los empresarios.

“Porque se ha incrementado el nivel de exposición en el ultimo periodo. Un entorno de altísima conectividad con soluciones tecnológicas que no están del todo maduras pueden llegar una puerta de acceso para los ciberdelicuentes y aprovecharse de las vulnerabilidades”, mantiene.

Este, por lo tanto, es el momento «de reformar el modelo, las empresas se encuentran en una tesitura donde la ciberseguridad es una amenaza, no solo por los posibles ataques que sufren, sino porque desde una perspectiva legislativa se afronta como una obligación garantizar esa ciberseguridad, cuando a veces no se tienen las herramientas necesarias”.

Es fácil sancionar a una empresa porque realmente ha sido ciberatacada, con lo cual recibe la sanción económica como la reputacional de dicho ciberataque. Lo que les deja en una posición débil si queremos ayudar al crecimiento económico de las empresas españolas y es importante pensar en un plan donde las administraciones apoyen realmente a dichas empresas para que se reduzcan, o establecer mecanismos para que las empresas puedan defenderse de esos ataques en un entorno jurídico”.

DESPACHOS DE ABOGADOS SE DIGITALIZAN

Por su parte, Ignacio Díez de Rivera,  presidente y director de Operaciones de Elzaburu, explica que en un despacho como el suyo  «el nivel de digitalización es muy alto gracias a un proceso que empezó en 2011. Lo que ha supuesto una reducción en consumo de papel de más del 80 %».

Elzaburo ha puesto el foco en estos últimos años en la «transformación digital, abordando una simplificación de la gestión de expedientes, automatizando procesos y evolucionando hacia un entorno digital, hacia la nube, la movilidad y la colaboración”, destaca. 

También nos aclara que han «desarrollado una intuitiva plataforma para nuestros clientes denominada ELZACLOUD. Contamos con un sistema de detección de piratería en el entorno digital. Hemos implementado sistemas de analítica de negocio y de gestión del conocimiento. Todas ellas iniciativas que creemos aportan un gran valor a nuestros clientes, y además estamos en continua evolución».

Su principal reto es optimizar el proceso de digitalización para seguir reduciendo el número de documentos.

Sobre el plan de digitalización que ha puesto en marcha esta firma jurídica señala que “todo plan de digitalización debe llevar incorporado un sistema de localización y búsqueda ágil que permita el acceso a los documentos sin perder en ningún momento la seguridad de la información”.

La digitalización debe ser una forma de mejorar determinados procesos para agilizar la gestión y hacer de forma más rápida, con menores costes y con mayor eficacia algunas tareas que desarrollan nuestros profesionales y que tienen menor valor añadido.

Para Ignacio Díez de Rivera y Elzaburu su principal reto es optimizar el proceso de digitalización para seguir reduciendo el número de documentos.

En consecuencia, «el plan de digitalización debe orientarse a incorporar este tipo de procedimientos en los que el machine learning, la inteligencia artificial, el ‘big data’ y otras tecnologías puedan optimizar la gestión”.

Para Díez de Rivera, el “problema principal es la homologación de los documentos en cualquier actuación ante la administración. No todos los organismos tienen asumido el mismo nivel de aceptación de la firma digital. Por consiguiente, en ocasiones es necesario seguir recurriendo a los documentos físicos”.

Por lo que respecta a la ciberseguridad, el presidente y director de Operaciones de Elzaburu considera que “la situación es preocupante, porque cada vez se incrementan más los ciberataques, sobre todo porque hay ciberdelincuentes que ya no solo quieren obtener dinero, sino que actúan por el mero placer de perjudicar a empresas e instituciones”.

“Afortunadamente –concluye– las empresas están tomando conciencia de que este es un problema de gran magnitud y están dedicando más recursos para afrontarlo. Nosotros tenemos un área especializada en asesorar en este tipo de delitos y hemos observado que, a raíz de la pandemia, muchas compañías han detectado un incremento importante de riesgos relacionados con la seguridad de sus sistemas de información”.