Esta medida está incluida en el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
El Gobierno penaliza el ahorro de autónomos y trabajadores al reducir las aportaciones de los planes de pensiones
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16/10/2021 02:30
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Actualizado: 16/10/2021 02:30
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El proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022 ha recibido una reacción generalizada de repulsa porque ha incluido una rebaja de 2.000 euros a 1.500 euros los límites anuales de aportación a sistemas de previsión social individuales.
Esta medida afectará negativamente al conjunto de los trabajadores y, en especial, a los autónomos.
A entidades como la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva, presidida por Ángel Martínez; UNESPA, dirigida por Pilar González de Frutos, y la Confederacion Española de Mutualidades (CEM), se unen otros expertos consultados por Confilegal que coinciden en que no debe perjudicarse de nuevo el tratamiento de los instrumentos de ahorro individuales de previsión social complementaria.
En España hay más de 7,5 millones de partícipes en Planes de Pensiones individuales y casi 1 millón de asegurados en Planes de Previsión asegurados (PPA) que se van a ver afectados, de nuevo, con carácter directo e inmediato por la medida, recién anunciada. Muchos de ellos son empleados por cuenta propia.
Según estas entidades, el ahorro individual para la jubilación es necesario debido a la estructura del mercado laboral español.
El mantenimiento de diferentes límites de aportación a sistemas de previsión social, relegando a los sistemas individuales, que de nuevo tendrían un límite notoriamente inferior, es discriminatorio para la gran mayoría de la población ocupada española.
Esta iniciativa afectaría especialmente a las más de 3,2 millones de personas adheridas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Seguridad Social, así como a los empleados de las pymes, en las que el ahorro colectivo apenas está presente.
Con esta reforma con los nuevos límites, la cuantía de ahorro que se podría acumular dentro del sistema individual va a ser claramente insuficiente.
A razón de 1.500 euros por año, un trabajador podría acumular 60.000 euros si ahorra sistemáticamente durante 40 años de trayectoria profesional, más la rentabilidad que obtuviera este dinero.
Si se prorratea este importe durante los 20 años de esperanza de vida que restan a ese trabajador una vez alcanzada la edad de jubilación, el resultado es una cuantía media mensual que a duras penas servirá para complementar la pensión pública del trabajador y garantizarle unos ingresos totales adecuados.
Necesidad de reforma pensiones
Javier Lopez y García de la Serrana, socio fundador y CEO de HispaColex bufete jurídico, cree que esta medida es negativa “no solo por el momento en el que se adopta, sino también por el estado en el que se encuentra la llamada caja de las pensiones públicas”.
“La situación económica nacional y los globos sondas emitidos durante los últimos meses por autoridades, como pudiera ser el retraso en la edad de jubilación hasta los 75 años, hacen prever que las generaciones futuras van a ver minoradas o, incluso, extinguidas sus pensiones de jubilación públicas”, comenta.
Para esta jurista los efectos a medio y largo plazo son peores si cabe, ya que «la idea que subyace en esta medida es la penalización del ahorro en sí, sumándose al otro gran inconveniente del ahorro, como es la inflación, al depreciarse el valor del ahorro con el paso del tiempo”.
Recuerda que “ya que en 2020 ya se bajó el límite de deducción de 8.000 a 2.000 euros, lo que supuso una reducción de un 75%, y ahora en 2021 la bajada es de 2.000 a 1.500 euros, es decir, una reducción de un 25%”.
En su opinión, “cabe preguntarse qué clase de Gobierno desincentiva el ahorro privado cuando la Caja de Pensiones públicas está quebrada, y la respuesta es solo una: aquel que piensa en un aumento de recaudación a costa de los ahorradores, en definitiva, un intento de sostener las cuentas del Estado de forma cortoplacista”.
Lopez y García de la Serrana considera que “lo primero que habría que hacer es una reforma profunda, de calado, del sistema de previsión social para nuestros mayores, teniendo en cuenta no solo la pirámide poblacional invertida a la que nos dirigimos, sino también otros factores como el aumento de la esperanza de vida, y que combine el sistema público con el privado”.
Javier López y García de la Serrana, socio director de HispaColex.
A su juicio, “es evidente que el modelo actual colapsará si se mantienen las previsiones actuales, debiendo modificar la estructura hacia sistemas mixtos que combinen sistemas de reparto, sistemas de capitalización y sistemas de aportación definida, permitiendo conocer con precisión y de antemano a los trabajadores cuál va a ser exactamente la cantidad que recibirán como pensión”.
Este experto recuerda que “países de nuestro entorno como Suecia, donde los trabajadores están obligados a aportar un 16% de la base de cotización al sistema de reparto y un 2,5% al sistema de capitalización, pudiendo además complementar su pensión con aportaciones a planes de pensión privados (llamados ‘premium’), sabiendo desde que empiezan a aportar cual es exactamente la deducción permitida para estas aportaciones a lo largo de toda su vida, no pudiendo el Gobierno modificar dichas condiciones.
“Ahora bien, para ajustar el estado económico nacional a las posibilidades fiscales de los ahorradores, el Gobierno cada año modifica las condiciones de acceso de los nuevos ahorradores a planes de pensiones ‘premium’, permitiendo de esta forma equilibrar sus presupuestos en dos campos, que son, la distribución del sistema de reparto, y el establecimiento de nuevas condiciones a los nuevos ahorradores”, añade.
También indica que “simultáneamente, el ahorrador en este modelo sueco tiene garantizada su pensión en tres campos, que son, el sistema de capitalización por el 2,5% de la base de cotización aportadas durante su vida laboral, el sistema ‘premium’ en las condiciones en las que hubiera accedido, y el sistema de reparto, según lo que cada año se recaude por el 16% de las bases de cotización de los trabajadores en activo”.
Sostiene que “hasta que no se modifique el sistema de pensiones en España, las únicas alternativas para autónomos y trabajadores a los planes de pensiones privadas son o bien la búsqueda de otras inversiones tradicionales, como pudiera ser el sector inmobiliario, acciones o depósitos, o bien, y puesto que los tipos de interés de referencia como el Euribor se encuentran en cifras negativas, volver a guardar el dinero en efectivo debajo del colchón, pensando en que antes de que nos lo quiten, quedarnos como estamos”.
Penalizar el ahorro no es lógico
Por su parte, Luis Alfonso Fernández, socio responsable de seguros y reaseguros en el despacho internacional Bird & Bird, destaca que “realmente, no se entiende el objetivo del Gobierno de penalizar el ahorro privado por la vía de los planes de pensiones individuales”.
“Da la impresión de que considera a los planes individuales como productos elitistas que perjudican a los planes de empleo, cuando no es así”.
Para este experto, “los ahorros no se desplazan desde los planes de empleo a los planes individuales, ni son un producto para privilegiados que deban ser penalizados en pro de la defensa de los más débiles económicamente hablando, sino que son un complemento imprescindible de las pensiones públicas, sobre todo para los autónomos y los empleados de pymes “.
Desde su punto de vista, “se está penalizando de forma injustificada el ahorro privado, cuando lo que debería hacerse es favorecerlo, como un instrumento necesario para planificar la jubilación con una población cada vez más envejecida y malas perspectivas para las pensiones públicas (lo que redundaría, además, en inversiones hacia la economía real en línea con los objetivos para la unión del mercado de capitales)”.
En su opinión, “penalizar los planes individuales para favorecer los de empleo no tiene mucho sentido cuando una buena parte del tejido empresarial español está compuesto por pymes y autónomos que nunca tendrán acceso a los planes de empleo”.
Cree que “es positivo que se fomente el ahorro a través de los planes de empleo (y lo es en concreto que se pueda incrementar el límite hasta 8.500 euros a través de la realización de contribuciones empresariales y aportaciones del trabajador, pero no se acaba de comprender por qué el apoyo al ahorro colectivo debe hacerse a costa de los planes individuales”.
Este jurista recuerda que “esta medida del Gobierno está en las antípodas de la posición en la materia de la Unión Europea, que propugna la necesidad de fomentar las pensiones privadas para complementar los ingresos de los pensionistas, tal y como se recoge en la Comunicación de la Comisión Europea de 24 de septiembre de 2020, ‘Una Unión de los Mercados de Capitales para las personas y las empresas: nuevo plan de acción'».
Luis Alfonso Fernández, socio responsable del área de Seguros y Reaseguros de Bird & Bird en España.
En cuanto a los efectos, “para muchos trabajadores será la mayor dificultad para planificar adecuadamente su jubilación, lo que ya se había complicado muy notablemente con la anterior reducción de las aportaciones».
Sobre alternativas que pudieran existir a los planes de pensiones privados, “al margen de los instrumentos puramente financieros como los fondos de inversión, existen mecanismos de ahorro privado que pueden ser una buena alternativa a los planes de pensiones individuales, como por ejemplo los seguros ‘Unit Linked’, que son la modalidad de seguro vida-ahorro que más está creciendo en estos momentos, o los PIAS”, comenta este experto.
Los ‘Unit Linked’ son productos muy interesantes para el ahorrador privado y en el mercado se pueden encontrar productos adecuados para prácticamente cualquier perfil de inversor.
Por su parte, un PIAS es un seguro de vida-ahorro que está pensado para hacer aportaciones periódicas (generalmente mensuales), con las que se suele crear un dinero para compensar la pensión pública, o cualquier otro cometido.
La mayoría de las compañías lo anuncia como una alternativa a los PPA y planes de pensiones por la posibilidad de recuperar el dinero en cualquier momento y porque ofrece la seguridad de que el principal de la inversión está garantizado.
Para Fernández, “la existencia de estos productos en un mercado sofisticado como el nuestro debería ser una posibilidad más para los trabajadores, que deberían tener la capacidad de elegir el producto más adecuado para sus intereses, perfil de riesgo, formación financiera, etc.».
“Es decir, no se les debería privar de la posibilidad de elegir entre varias opciones, sino favorecer el ahorro permitiendo precisamente que se pueda optar entre distintos productos”, afirma.
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