La Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) ha planteado públicamente la revisión de los mecanismos legales que garantizan nombramientos como el de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, para que se ajusten a la más estricta legalidad.
«No es posible que la legalidad de un nombramiento tan importante como es el del Fiscal General del Estado permanezca con sombras porque falta un legitimado con ‘interés legítimo’ para someter la cuestión ante los Tribunales», afirma la APIF en un comunicado.
«En el caso del Fiscal General, el interés por esclarecer la legalidad del nombramiento creemos que es evidente para toda la sociedad en su conjunto», subrayan.
Desde el punto de vista de la APIF, se ha perdido una oportunidad extraordinaria para que el Tribunal Supremo fije los límites de la idoneidad requerida para ser nombrado fiscal general del Estado.
«Si la imparcialidad forma parte de la esencia de la figura del Fiscal General, debería haberse podido ponderar cuales son los límites que no pueden ser rebasados al suponer tachas a la imagen de imparcialidad del elegido o elegida», destaca.
En el terreno de lo deseable, desde el criterio de la APIF, «la figura del Fiscal General ha de estar desprovista de toda connotación política que derive del desempeño de cargos de importancia en el poder ejecutivo, entre otros supuestos, ya que el cargo que se elige es el de Fiscal General del Estado, no un cargo gubernamental».
Esta asociación también llama la atención sobre la imposición de las elevadas costas que impone la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo.
«En el caso de desestimación de la demanda son disuasoras para personas físicas o jurídicas que de manera lícita persiguen impugnar nombramientos discutibles», remacha.
