Cuota Podemos en el Constitucional: Era José Ricardo de Prada o Juan Ramón Sáez, y salió Sáez
José Ricardo de Prada, a la izquierda, era el preferido, en primera instancia, de Unidas Podemos pero el veto del PP ha favorecido a Juan Ramón Sáez Valcárcel, un hombre "de un talante diferente, con el que se puede hablar".

Cuota Podemos en el Constitucional: Era José Ricardo de Prada o Juan Ramón Sáez, y salió Sáez

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22/10/2021 01:16
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Actualizado: 05/6/2023 13:30
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Así estuvieron las cosas en las negociaciones para ocupar una de las cuatro vacantes en el Tribunal Constitucional. La que el PSOE le ha cedido a su socio de Gobierno. Es la cuota Podemos. Había que elegir entre José Ricardo de Prada, 64 años, o Juan Ramón Sáez Valcárcel, quien tiene la misma edad.

Los dos son magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El PP optó por Sáez Valcárcel. La verdad es que los inquilinos del edificio de la gaviota de la madrileña calle Génova nunca tuvieron ninguna duda.

Porque tienen muy presente que De Prada, quien formó parte del tribunal del juicio Gürtel Primera Época (1999-2005), fue el que introdujo en la sentencia las frases que propiciaron la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy.

Y que abrieron las puertas de La Moncloa a Pedro Sánchez y al PSOE en junio de 2018.

De Prada defendió, en dicho fallo, la existencia de una “Caja B” del PP: “una estructura financiera y contable paralela a la oficial al menos desde 1989, cuyas partidas se anotaban informalmente, en ocasiones en simples hojas manuscritas como las correspondientes al acusado Luis Bárcenas, en las que se hacían constar ingresos y gastos del partido o en otros casos cantidades entregadas a personas miembros relevantes del partido”.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en su sentencia de casación, calificó de “excesivas” dichas afirmaciones porque ese no era el asunto que se estaba juzgando.

Podemos también ha tratado, desde 2018, de colocar a De Prada como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el turno de jurista de reconocido prestigio, a pesar de no cumplir la condición para ello y precisar de un cambalache en el que el PP no quiso entrar.

DE PRADA, NI EN PINTURA PARA EL PP

El partido conservador español no quería a De Prada ni en pintura en el Tribunal Constitucional y si el PSOE hubiera insistido en ello no se habría producido esa renovación, según ha podido saber Confilegal.

La alternativa, sin embargo, a los del PP les pareció bien.

Sáez Valcárcel fue vocal del CGPJ por Izquierda Unida entre 1996 y 2001, bajo la Presidencia de Javier Delgado Barrio.

Con 35 años de antigüedad en la carrera judicial, asociado a Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD), Sáez Valcárcel había sido hasta ahora el eterno aspirante a magistrado de la Sala de lo Penal del Supremo, a la que optó, por última vez, en 2019.

De su largo historial destaca su papel como ponente de las sentencias que absolvió a los antisistema que bloquearon el parlamento catalán en 2011 y de la que absolvió al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero por su papel en la actuación del referéndum del 1-O que el Tribunal Constitucional había proscrito.

Sáez Valcárcel ha dedicado muchos años a investigar sobre el derecho procesal penal, los derechos humanos, la justicia universal y los crímenes internacionales, los derechos de los extranjeros y de las víctimas, la justicia restaurativa y mediación.

El futuro magistrado del Tribunal Constitucional es autor de numerosos artículos sobre memoria histórica; en su haber cuenta la defensa de la nulidad de las sentencias de los tribunales franquistas y la aplicación de la legalidad internacional a los crímenes de la dictadura.

El talante de Sáez Valcárcel, para el PP, es diametralmente opuesto al de De Prada.

Así lo ven desde el PP, donde le tienen mucho respeto profesional. De ahí que su nombre haya facilitado la negociación final.

TODOS LOS ELEGIDOS FUERON VOCALES DEL CGPJ

Curiosamente, los cuatro elegidos han sido vocales del CGPJ.

Inmaculada Montalbán Huertas, de 61 años y 33 años y medio de ejercicio como magistrada, quien forma parte del «ticket» progresista, estuvo en el órgano de autogobierno de los jueces entre 2008 y 2013.

Lo mismo que Concepción Espejel Jorquera, de 62 años –34 años de antigüedad en la carrera– actualmente presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que compartió mandato con Montalbán.

Enrique Arnaldo Alcubilla, catedrático de derecho constitucional y letrado del Congreso, estuvo con Sáez de Valcárcel en aquel CGPJ.

Durante los cinco años que sirvió en el edificio de la calle del Marqués de la Ensenada, Montalbán, en la actualidad con destino en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía -Granada-, fue, además, presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género.

Un puesto en el que sucedió a Montserrat Comas, compañera, al igual que Sáez Valcárcel, de JJpD.

Su pedigrí feminista está más que probado.

Inmaculada Montalbán, magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con la toga que suelen llevar todos los magistrados españoles; en este caso con el escudo del CGPJ, cuando era vocal. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Un año antes de cumplir su mandato, Montalbán fue galardonada por el gobierno autonómico andaluz, del PSOE, con la Medalla de Andalucía.

De su pasado resalta su papel como ponente en el tribunal que condenó a su entonces compañero, Francisco Javier Urquía, destinado en Marbella, por aceptar 73.800 euros del exasesor urbanístico Juan Antonio Roca, para comprar su vivienda a cambio de favorecerle judicialmente.

Su nombre figuraba en las quinielas como «segura» para volver a ser vocal en el CGPJ que tiene que renovarse.

Enrique Arnaldo, de 64 años, por su parte, además de catedrático es también abogado y socio de la firma madrileña Estudios Jurídicos Procesales, que fundó, en enero de 2002, junto a Ramón Entrena Cuesta. 

En 1986 fue nombrado director adjunto de Asuntos Económicos y director de Publicaciones de Estudios y Documentación en el Congreso de los Diputados, hasta 1991.

Arnaldo es administrador civil del Estado y letrado de las Cortes Generales, desde diciembre de 1985.

Ha sido profesor de Derecho constitucional de la Universidad San Pablo-CEU. En la actualidad ostenta una cátedra de esa misma especialidad en la Universidad Rey Juan Carlos, de Madrid, de la que fue rector Pedro García Trevijano, magistrado del Tribunal Constitucional.

Arnaldo es autor de diversas publicaciones de Derecho Electoral y de Derecho Parlamentario que son referente.

Enrique Arnaldo fue el coordinador de la obra «Protagonistas de la historia: 40 años de la Constitución Española», que fue presentada en el Senado en febrero de 2020, donde fue tomada la imagen. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

Su compañera «conservadora», Concepción Espejel, es la antítesis de Sáez Valcárcel.

Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, fue presidenta de la Audiencia Provincial de Guadalajara antes de llegar a CGPJ.

En 2015, tras su regreso a la judicatura al terminar su mandato en el Consejo, la Sala de lo Penal apartó a Espejel y a su compañero, Enrique López, del tribunal designado para juzgar la causa de la trama Gürtel Primera Época, del que después formó parte José Ricardo de Prada, por sus vínculos con el PP.

En 2017 el órgano de los jueces la eligió presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tras tres años como magistrada de ese órgano, en los que se convirtió en presidenta de la Sección Segunda.

En 2020 optó a ocupar la vacante de Luciano Varela en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que finalmente fue otorgada a Javier Hernández. 

Concepción Espejel en el Salón de Plenos del CGPJ en una foto tomada cuando era vocal. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.

«LIMPIA» EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS

Porque no se puede describir de una forma más precisa. De 12 consejeros solo repiten dos, las progresistas Enrique Chicano Navega y Dolores Genaro Moya. 

El resto son todo caras nuevas. Seis mujeres y seis hombres. Cumpliendo la paridad.

«Nueve años de mandato son suficientes», explicaron fuentes del PP a este periódico.

De haber continuado la costumbre de años anteriores, tres consejeros salientes habrían sumado tres mandatos de 9 años –Javier Medina, Felipe García Ortiz y Ramón Álvarez de Miranda–; en total 27.

En el ánimo de los negociadores han pesado los escándalos de nepotismo en los que se ha visto envuelta la institución en los últimos años.

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