La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso administrativo interpuesto por los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León contra la Orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 20 de septiembre de 2021, que prohibe cazar al labo.
Una prohibición incluida en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas.
Como es preceptivo en la jurisdicción contencioso-administrativa, la Audiencia Nacional ha reclamado al Ministerio que dirige Teresa Ribera, el envío de todo el expediente administrativo en el que se ha basado la elaboración de la citada Orden.
Esto permitirá a los Servicios Jurídicos autonómicos, una vez se le entregue, formalizar su demanda.
Junto al recurso, los abogados de la Junta han iniciado la tarmitación de la llamada pieza de suspensión de la vigencia de la Orden con el fin de dejar sin efecto la prohibición de cazar lobos al norte del río Duero mientras se tramita este recurso.
La Audiencia Nacional ha dado traslado al Estado para sus alegaciones antes de resolver. de
Con esta impugnación, el gobierno autonómico «trata de evitar que se perjudique la situación de los ganaderos», según el director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González Gago.
DURANTE 2020 LOS LOBOS DIERON MUERTE A 3.157 CABEZAS DE GANADO
Estos son, a su juicio, la verdaderas «víctimas» de la decisión tomada por la ministra Ribera ante un régimen «excesivo» de sobreprotección del lobo en una Comunidad en la que, ha recordado, en 2020 se alcanzaron las 3.157 cabezas de ganado muertas por los ataques, lo que arroja una media de mas de ocho cada día del año.
La Orden, de acuerdo con la Junta, que preside Alfonso Fernández Mañueco, perjudica al sector agrario de Castilla y León, una Comunidad eminentemente ganadera, que aporta un 51 por ciento del peso de la producción agraria en la Comunidad frente al 36 por ciento que supone en el resto de España, 15 puntos más.
Además de su importancia económica, la ganadería también es esencial para el asentamiento de la población en el mundo rural, más que ningún otro sector agrario.
SIN DIÁLOGO
La Junta ha recordado que la decisión del Estado se tomó «sin ningún dialogo» con las Comunidades especialmente afectadas -Galicia, Asturias, Cantabria, y la propia Castilla y León-, con gobiernos de diferentes signos políticos, y todas ellas se han manifestado en contra de la medida de sobreprotección.
Con la interposición de este recurso, el Gobierno autonómico ha explicado que «no se sitúa en contra del lobo, sino en contra de una Orden que se ha impuesto de forma unilateral y arbitraria por parte del Gobierno de la nación», que «olvida» que cualquier medida en este ámbito debe garantizar un equilibrio estable entre la conservación del cánido y el mantenimiento de la actividad ganadera.
«No resulta, por tanto, admisible esta medida cuando las poblaciones de lobos en Castilla y León, lejos de estar en riesgo, han venido experimentado una evolución favorable en nuestra Comunidad», ha agregado el Ejecutivo, que ha concretado que las medidas de gestión han permitido que se haya pasado en los últimos años de 125 manadas (en 1988) a 175 manadas (en 2013).
