La Directiva contiene luces y sombras, afirman desde CEDRO
CEDRO advierte que la negociación directa e individual de los editores con Google generará problemas e inseguridad jurídica
La transposición del artículo 15 de la Directiva abre la puerta a que cada medio de comunicación negocie sus derechos con Google y otras entidades afines
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06/11/2021 06:48
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Actualizado: 05/11/2021 22:31
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La transposición de la directiva Copyright por el Gobierno que se ha traducido en el Real Decreto-Ley 24/2021, de 2 de noviembre, que abre la puerta de nuevo a Google News en España y a que la gran empresa tecnológica negocie directamente con editores y medios de comunicación.
CEDRO, entidad de gestión afectada directamente por esta medida, a través de su director general, Jorge Corrales, explica a Confilegal su versión de esta problemática en la que aprecia que la no obligatoriedad del uso de las entidades de gestión para la negociación colectiva de esas compensaciones, como se hace en muchos países de Europa, puede generar problemas y a medio plazo alguna litigiosidad.
Señala que la transposición de la directiva, con un un retraso considerable frente a otros países, contiene luces y las sombras, pese a las alegaciones planteadas a dicha legislación. «No hemos podido hablar con el ministro Iceta de este tema», afirma.
Para Corrales, “en esta transposición es positivo en el tema de la minería de datos, todo parece indicar que los titulares de derecho van a poder decidir que se hace con sus contenidos. Se habilita al mismo tiempo la licencia extendida para las obras fuera de comercio que facilitará la gestión”.
En el lado negativo, aclara que “en el derecho de los editores de prensa no se ha seguido la línea de trabajo que planteamos al Ministerio desde la plataforma Seguir Creando, tampoco lo que se está haciendo en Europa este año”.
Sobre el artículo 17 de la directiva que habla del contenido de los usuarios subido a las plataformas, transpuesto en el artículo 73 del Real Decreto-Ley, Corrales destaca que “al contrario que en el 15, en toda Europa se ha seguido una transposición muy literal. Ha habido poca innovación”.
Frente a ello nos indica que “sin embargo, en el artículo 15, tras el fracaso de la transposición en Francia, sí ha habido innovación en todos los países en cuanto a transposición de implementar ese derecho en las legislaciones nacionales. Es raro que a estas alturas apostemos por una transposición literal”.
En este contexto, destaca que «Alemania, República Checa, Italia, e incluso Portugal se ha alejado de la transposición literal. En nuestro caso es muy literal. En el artículo 15 se abre a la gestión individual de los derechos y la mención a la gestión colectiva es casi testimonial”.
A su juicio, “al titular de un derecho de propiedad intelectual no se le puede decir cómo ejercer ese derecho, a no ser por una limitación o una excepción legal que no la hay en este caso en la Directiva”.
A este respecto, esta transposición “deja el campo libre que estos acuerdos individuales que se hayan firmado y renovados en junio se hagan efectivos. Creemos que este escenario va a generar, como ha pasado en Francia, un entorno de inseguridad jurídica donde se debilita el marco general de protección de los derechos de autor”.
Sobre nuestro vecino francés, Corrales explica que “en un primer momento cuando se hizo la implementación de la Directiva, los periódicos deportivos quedaron fuera, las plataformas como Google no negoció con ellos, las revistas quedaron fuera, las pequeñas y medianas. Esto generó diferentes multas del organismo de competencia francesa”.
De hecho, la autoridad francesa de la competencia impuso en julio de este año una multa de 500 millones de euros (592 millones de dólares, unos 500 millones de euros a Google, por no haber negociado de «buena fe» la aplicación de los llamados derechos afines, la retribución a los editores de prensa por el uso de sus contenidos.
Sobre la implementación
Para el director general de CEDRO, “no podemos estar tranquilos ante lo que se avecina. Nuestra labor es que los autores y titulares de derecho puede vivir de su trabajo. Si se determina un marco poco transparente tendremos problemas”.
Corrales aclara que hay dos matices importantes en el texto aprobado, “uno es que deja fuera al buscador, en ningún otro país de la UE sucede. Esto puede provocar que cuando los editores les venza el contrato y tengan que renegociar no podrán pedir dinero por el uso de los contenidos que se hace a través de los buscadores, que es la joya de la corona de los ingresos de Google”.
Al final, esto genera una situación de debilidad en la negociación en el propio texto legislativo. “En estos casos, la tarifa que se baraja en Alemania es el 11% de los ingresos directos e indirectos del usuario. No es lo mismo el 11% de 1300 millones que si la cantidad fuera de 50 millones de euros”.
Para este experto, hay otro tema bastante claro, “la referencia que las plataformas tienen que dar el algoritmo con antelación , esa referencia de trasparencia en los algoritmos ya viene registrada en un reglamento 1150/2019. No es ninguna novedad”.
Corrales indica que CEDRO está registrado en la Comisión Europea como “guardián de buenas prácticas de las plataformas y tenemos legitimidad para garantizar que los registros de clasificación en las plataformas o las remuneraciones que se pagan por el de las herramientas en las plataformas tienen condiciones equitativas para todos los editores”.
Desde el punto de vista de esta entidad de gestión, “se dibuja un marco débil de ejercer el derecho que no será fácil ejercerlo a nivel individual. Al mismo tiempo creemos que la compensación que se reciba por es negociación unilateral será mucho menos que si lo hiciera una entidad de gestión colectiva”.
A falta de conocer el calculo que CEDRO realizará por ese dinero que los creadores puedan dejar de percibir por esa gestión de sus derechos de autor de forma individual, señala que están apareciendo informaciones que los editores podrían cobrar unos 20 millones de euros anuales en total.
“Nosotros hicimos un estudio hace cuatro o cinco meses con una consultora que cifraba el perjuicio en 270 millones de euros al año. Al final estamos hablando de 250 millones de euros de referencia”.
Corrales vuelve a hablar de Francia y señala que “en este país el primer contrato que firmó Google con un centenar de cabeceras fue por valor de 22.5 millones de dólares al año, unos 18 millones de euros, una cantidad muy parecida a la cantidad que ya se ha barajado en nuestro país. Es posible, por ello que no sea errónea”.
España fuera de la tendencia europea
Desde su punto de vista, “el marco legislativo aprobado difiere del aprobado en Europa aprobado por distintos Gobiernos para hacer efectivo ese derecho a la compensación por los derechos de autor. De hecho, Italia lo ha aprobado recientemente y si no se ha desviado mucho de lo que conocemos, lo que intentan es implementar un sistema que el derecho sea efectivo igual de transparente que el alemán donde se habla de la gestión colectiva de derechos”.
Este experto aclara que en la mayor parte de países de nuestro entorno se apuesta por la gestión colectiva a la hora de hacer efectivo las compensaciones por los derechos de autor. “Habrá que ver sobre la marcha cómo se implementa en nuestro país sabiendo que Google establece cláusulas de confidencialidad en sus acuerdos, con lo cual no trasciende nade de cada acuerdo”.
CEDRO mantiene abierto un frente judicial con Google desde antes del verano. Esta entidad de gestión denunció al gigante tecnológico ante la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) quien la acusa de abuso de posición dominante en el mercado de la agregación de noticias y en el de la publicidad digital.
Corrales señala que esos asuntos siguen su trámite, “espero que antes de final de año tengamos alguna noticia. Sin embargo, hay que darse cuenta que este nuevo marco normativo aprobado no tiene efecto retroactivo por lo tanto eso sigue ahí y veremos como se resuelve”.
A su juicio, “con dicha denuncia queremos garantizar que los derechos de propiedad intelectual de los autores y editores de noticias no se vean perjudicados por unas prácticas que consideran abusivas y de posición dominante de Google y que deterioran la independencia, pluralidad y libertad de prensa».
Con anterioridad, el pasado mes de noviembre, Cedro ya demandó a Google por el impago de derechos de autor por el servicio de agregación de noticias que ofrece a través de Google Discover. Reclamaciones también han llegado a Francia e Italia.
Igualmente, la Comisión Europea anunciaba esos días que abría una investigación antimonopolio contra la compañía para determinar si ha infringido las normas europeas de competencia al favorecer sus propios servicios de tecnología publicitaria en internet en detrimento de proveedores rivales, anunciantes y editores.
Jorge Corrales manda un mensaje final al creador, titular de derechos de autor, “la única forma de lograr independencia y una estabilidad del derecho es ejercerlo de forma colectivo. Se trata de buscar una remuneración adecuada y no depender de un usuario que tiene posición de dominio en mercados que son de vital importancia”.
El director general de CEDRO habla de solidaridad en la gestión colectiva obligatoria de derechos “en este año en pandemia, hemos constituido dos fondos por un valor de 1 millón de euros para escritores y editores. La gestión colectiva intenta dar sostenibilidad a corto y largo plazo. Es la única forma de mantener una posición de negociación equilibrada”.
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