Según Enrique Sanz Fernández-Lomana, el envejecimiento de la población es un problema dramático porque no se renueva. Foto: Carlos Berbell/Confilegal.
Enrique Sanz Fernández-Lomana: «El sistema de pensiones es sostenible si se alarga la edad de jubilación o se reduce la tasa de sustitución»
Presidente de la Fundación Mutualidad Abogacía y de la Mutualidad de la Abogacía
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09/11/2021 06:50
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Actualizado: 09/11/2021 11:04
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Cuando era corresponsal en Londres aprendí un término que se agarró a mi memoria con raíces profundas: «think tank». Que traducido quiere decir grupo de reflexión, grupo de expertos o, incluso, grupo de generación de ideas.
La Fundación Mutualidad de la Abogacía, que preside Enrique Sanz Fernández-Lomana, en el más claro estilo anglosajón, ha creado un potente «think tank» que ha dado en llamar «Escuela de Pensamiento». Uno de sus primeros frutos ha sido el primer Tratado de Derecho y Envejecimiento. La adaptación del Derecho a la nueva longevidad», una obra de 990 folios y 28 capítulos.
Es lo más completo que se ha escrito hasta ahora sobre el derecho al envejecimiento en la que se toca practicamente todo, relacionado con esta problemática.
La ministra de Justicia, Pilar Llop, identificó la longevidad como uno de los retos más importantes a los que los países desarrollados tienen que enfrentarse. Y no es menor. Porque hoy uno de cada cinco españoles tiene más de 65 años. En solo nueve años, serán el 25 por ciento de la población; uno de cada cuatro españoles.
Nadie parece darse cuenta –o no lo quieren–, salvo la Fundación Mutualidad de la Abogacía.
«Con la Escuela de Pensamiento hemos estudiado el fenómeno del envejecimiento y de la esperanza de vida. Pero no solo para ver como afecta al negocio sino a todos los problemas asociados con el alargamiento de la vida», explica Sanz Fernández-Lomana, quien también preside la Mutualidad de la Abogacía, entidad aseguradora que dispone de casi 9.000 millones de euros de ahorro gestionado.
Son la sexta compañía del ranking de seguros de vida. Más potente que muchos fondos de inversiones. Cuentan con 210.000 mutualistas, en toda España, a los que, en el ejercicio de 2020, dio una rentablidad del 3,32 por ciento; el 3,70 por ciento bruto. La rentabilidad histórica está en el 5 %.
Su voz no denota ningún tipo de orgullo. Solo seguridad, cuando lo explica. Tiene claro donde están y hacia donde van. Es cercano, claro, conoce bien el suelo que pisa y quiere contarlo todo.
El próximo 11 de noviembre la Cátedra Economía del Envejecimiento, iniciativa creada por la Fundación a través de su Escuela de Pensamiento y de la Universidad de Barcelona presentará el primer Indicador de Calidad de Vida Digna y Sostenible en la Vejez.
Y mañana pronunciará una conferencia en el Colegio de Abogados sobre los retos y oportunidades de la previsión social y del ahorro en España.
O sea que dentro de nueve años, uno de cada cuatro españoles tendrá más de 65 años….
Así es. Esto ocurre porque a medida que sigue progresando la medicina, las personas fallecen menos. Antes la gente se moría del corazón con 60 años. Ahora resulta que fallece muy poca gente por problemas cardiovasculares.
La tensión está controlada. Hay una cirugía magnífica, que también vence a los cánceres. Tenemos una atención sanitaria que, con todas sus deficiencias y todos los problemas derivados de la falta de personal y dinero, funciona bastante mejor que en países como Inglaterra o Alemania.
Lo dramático es que, para revertir este problema, no parece haber ninguna política de estímulo de la natalidad…
Sí que es dramático. Porque la población envejece y no se refresca. Es verdad que se está incidiendo en un sistema de conciliación, de paternidad y de maternidad , pero…
El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migración, José Luis Escrivá, cuando era presidente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la Airef, dijo que España necesitaba 250.000 inmigrantes anuales hasta 2040 para revertir este estado de cosas.
El cálculo de la anterior ministra de Trabajo, Magdaleno Valerio, era de 140.000 inmigrantes hasta esa misma fecha. Los dos en la misma dirección.
Tenemos un problema evidente. Y su solución pasa por incentivar la tasa de natalidad.
En el Tratado de Derecho y Envejecimiento que han elaborado no evitan hablar de asuntos polémicos, como las pensiones. ¿El sistema de pensiones es sostenible en los términos actuales?
El sistema de pensiones es sostenible si se alarga la edad de jubilación más de lo que se ha tocado hasta ahora, o se reduce la tasa de sustitución.
«Tenemos un problema evidente y su solución pasa por incentivar la tasa de natalidad»
Estamos hablando de alargar la edad de jubilación. ¿Y qué me dice de las prestaciones?
Que habría que reducirlas. Así de claro. La idea es reducir la tasa de sustitución –último salario, primera pensión, que hoy está en torno a un 80 %, debería estar, en realidad, en el entorno del 50 %–. La solución sería incrementar las prestaciones de las pensiones públicas con el segundo pilar.
Si ahora lo que estamos potenciando es el segundo pilar, habrá que hacerlo de forma que pueda convencerse a empresarios y trabajadores. Y hacerlo de una manera atractiva.
¿Podría hacerse obligatorio?
No, obligatorio no se puede hacer. Parece ser que uno de los pensamientos que tuvo el Ministerio era hacer un sistema parecido al inglés, donde todo el mundo entra al segundo pilar, pero cada seis meses hay unas ventanas de salida para el que no lo quiera.
Aquí la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas, una eminencia en la jurisdicción laboral, elaboró un dictamen encargado por UNESPA [asociación que representa a cerca de 200 compañías del sector asegurador, el 98 % del total] y por INVERCO [asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones] en el que concluyó que no podía hacerse obligatorio.
Y que, de hacerse, tendría que ser por la vía del convenio colectivo, de la bilateralidad. Con el acuerdo de empresarios y trabajadores. Es la única solución.
¿No hay ninguna otra solución?
Sí, fomentar el ahorro individual. Lo que han hecho ha sido eliminar el ahorro individual. El otro día Pilar González-Frutos [presidenta de UNESPA] lo dijo con toda claridad: «No hay que enfrentar el ahorro individual contra el ahorro de empresa porque son complementarios. No son vasos comunciantes».
El problema que tenemos ahora somos los autónomos. ¿Dónde aportamos? Porque este año nos han dejado aportar solo 2.000 euros.
El sistema, según su punto de vista, no es sostenible, tal cual está diseñado, con la jubilación a los 65 o 66 años. Pues desde los sindicatos se dice que sí. ¿Quién tiene razón, entonces?
Está claro que no puede ser que hoy por hoy un señor de 65, de 67 o de 69 años tiene la capacidad intelectual de poder continuar con su trabajo. Cuidado, no me refiero a un albañíl, a un marinero o a un minero. Me refiero a un funcionario, a un abogado, a un médico… Los médicos a esas edad no estarán para hacer operaciones de ocho horas, aunque luego, en la privada las hacen, y muy bien.
Es verdad que esto es intocable, porque no están dispuestos. Se consiguió subir la edad de jubilación a los 67 años. Pero es que no es cierto. Porque la edad efectiva está por debajo de los 65. Está en los 64 o los 63 y medio, creo.
Por un lado, están incrementando la edad de jubilación a base de dase de tortas con medio mundo, pero, por otro lado, como consecuencia de las fusiones de empresas, está saliendo gente a chorros a los 55 años, prejubilada. Eso es muy mal asunto.
Si esto lo dice un político, se lo comen…
Nosotros somos una alternativa al sistema público de pensiones y también complementaria. Y si nos dejan, como parece que nos van a permitir, haremos también planes para autónomos y para no autónomos.
O sea, que la solución de futuro es un fondo de pensiones complementario.
Siempre y cuando lo mantengan a niveles que merezca la pena ahorrar. Si sale adelante la reforma de la ley sobre fondos de pensiones que prepara el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración, todo estará bien. Porque nos permitirá impulsar y gestionar fondos de pensiones de promoción pública y crear planes de pensiones simplificados para nuestros mutualistas.
«A mí me parece que hay que retrasar la jubilación. No solamente por necesidad sino porque la gente puede, y quiere, trabajar todavía».
¿Habla el Ministerio con ustedes?
Hemos tenido una buena interlocución. El proyecto de reforma no va mal. Tanto UNESPA como INVERCO como nosotros hemos enviado varios documentos, que se nos han pedido desde el Ministerio. También hemos mandado propuestas de enmiendas a los presupuestos generales del Estado solicitando que permitieran subir a 5.000 euros la aportación de cuotas individuales, como ya está en el País Vasco.
En su Tratado de Derecho y Envejecimiento también abordan la jubilación parcial y la jubilación flexible. Una buena solución para la gente que pasa de los 65 años pero que todavía se siente con energía.
A mí me parece que hay que retrasar la jubilación. No solamente por necesidad sino porque la gente puede, y quiere, trabajar todavía. Si en vez de jubilación total hay jubilación parcial, eso tiene mucho más atractivo.
Además, si el empleado sigue trabajando el Estado le cobra una cuota, con lo que ingresa, y si, además, no le paga toda la pensión, el desembolso es menor. Todas las medidas que alivien el gasto e incrementen los ingresos tienen que ser bienvenidas.
En la actualidad te permiten trabajar. Lo llaman jubilación activa. Pagan el 50 por ciento de la pensión siempre y cuando tengan un empleado.
Una de las cosas que llama la atención de su Tratado es que hay un epígrafe reivindicando la información financiera como derecho. Cuando uno reivindica un derecho es porque dicho derecho no existe o es muy débil.
La verdad es que hay muy poca transparencia todavía. El problema se da, en muchos casos, en la España despoblada, donde han desaparecido muchas entidades financieras en esos territorios.
El Ministerio firmó un convenio con nuestra Fundación para detectar las necesidades digitales que tiene la gente analógica para facilitarles el acceso, para hacer gestiones ante el Ministerio de Justicia y otras Administraciones a través de la 10.000 oficinas que van a crear y que sustituirán a los jueces de paz.
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