De izquierda a derecha, Francisco Oliver, moderador, Pilar Rodríguez, fiscal provincial jefe de Madrid, Juan Pablo González, presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, y Antonio Viejo, magistrado del mismo órgano judicial. Foto: LetsPicYou.
El tercer debate de Confilegal ataca «el mito» de que son necesarios más jueces y más dinero para arreglar la Justicia
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14/11/2021 06:50
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Actualizado: 14/11/2021 02:21
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«No creo que sea necesario más dinero ni más jueces. La clave está en reducir la ltigiosidad. ¿Cómo? Estableciendo mecanismos para que los procedimientos sean más ágiles. Para ello tenemos que mejorar aspectos de nuestra organización».
De esta forma tan clara se pronunció el presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Juan Pablo González, en el curso del debate «Soluciones para que la justicia sea más rápida y eficaz», que tuvo lugar el pasado jueves por la tarde en el Palacio de Boadilla del Monte, localidad al oeste de Madrid, dentro del ciclo «Diálogos jurídicos», que han coorganizado ese Ayuntamiento y Confilegal.
En el mismo también tomaron parte Pilar Rodríguez, jefe provincial de la Fiscalía de Madrid y exdirectora general de modernización del Ministerio de Justicia, y Antonio Viejo, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, exsecretario general del Ministerio de Justicia y exjuez decano de los Juzgados de la capital. Los tres son buenos conocedores de los entresijos internos de la Administración de Justicia.
Moderó el debate, Francisco Oliver, también magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid.
González, quien además fue vocal del Consejo General del Poder Judicial entre 2001 y 2008, y juez de enlace de España en París, de 2012 a 2015 –lo que le confiere un conocimiento aventajado sobre el resto de las justicias europeas–, hizo una exposición en esa línea.
«Nos encontramos a la mitad de la tabla, en posiciones superiores. La solución no radica en un incremento de los recursos o de los jueces. Es cierto que tenemos un número de jueces bajo: 11,7 jueces por 100.000 habitantes, según el Consejo General del Poder Judicial. Pero hay diferencias importantes en las Comunidades Autónomas. Galicia y Asturias tienen 15 jueces por 100.000 habitantes y Castilla-La Mancha no llega a 10 jueces por 100.000 habitantes», afirmó.
Para preguntarse, a continuación: «¿La justicia es lenta? Ni sí ni no. Depende de muchos factores, de muchas consideraciones, de muchas perspectivas. Si se analizan los tiempos de respuesta –partiendo del documento del CGPJ ‘La Justicia dato a dato’–, no siempre es lenta».
«El tiempo de respuesta de la Audiencia Provincial de Madrid en penal es de 2 meses y en civil de 4 o 5 meses. A nivel nacional, un Juzgado de Instrucción tarda 8 meses. Un sumario puede tardar 12 meses. Si es jurado, 7 u 8 meses. No hay un problema de colpaso. Desde un punto de vista europeo, el Informe de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia del Consejo de Europa nos dice que España está situada en la parte alta de la tabla», precisó.
«Estamos por delante de Francia y de Italia, donde un proceso penal puede durar 6, 8 ,10 años o más. En civil, de 5 a 12 años. Portugal también va por detrás de nosotros. Nos superan los países nórdicos. ¿Cuál es la causa de nuestra lentitud?: Los problemas en las notificaciones, traslados de expedientes que se retrasan y múltiples disfunciones y cuellos de botellas en órganos que presentan una carga de trabajo excesiva».
EL CAMINO EMPRENDIDO POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA ES EL CORRECTO
Después de elogiar la alta cualificación de los jueces españoles y de subrayar su sentimiento de independencia, González alabó el camino emprendido por el Ministerio de Justicia porque ataca precisamentre esas disfunciones, haciendo que los procedimentos sean más ágiles y mejorando aspectos de la organización.
«Con los proyectos de Ley de Eficiencia Digital, de Eficiencia Procesal y de Eficiencia Organizativa el Gobierno va por buen camino. Es la línea estratégica idónea para mejorar el sistema. Responden a una visión estratégica de la justicia», subrayó.
La fiscal provincial jefe de la Fiscalía de Madrid, Pilar Rodríguez, coincidió con González en que «una gran inversión no va a mejorar la respuesta de los tribunales. El problema no es de inversión económica sino de litigiosidad».
«En la Sala de Gobierno se ha aprobado un protocolo sobre aerolíneas está dando unos resultados muy buenos. En 2015 desaparecieron conductas que eran delictivas, como los insultos, las vejaciones injustas o las lesiones leves, que salieron del Código Penal y ahora se persiguen previa denuncia del ofendido cuando antes eran de oficio», explicó.
Rodríguez se declaró públicamente «enamorada de las conformidades. Es siempre mejor un acuerdo que un proceso largo siempre que no signifique una merma de los derechos».
Sin embargo, mostró su preocupacón por la gran movilidad de personal en las oficinas judiciales: «La mitad de los destinados en las oficinas se mueven y no tenemos un manual de procedimientos y procesos, como tienen en cualquier emprdsa privada. Se está produciendo, por ello, una pérdida de fuerzas continuas».
Por no mencionar el hecho de que Fiscalía y Justicia no utilizan los mismos sistemas informáticos.
En Madrid, a partir de la primavera de 2022 será posible.
Antonio Viejo, por su parte, se refirió a los «picos de litigiosidad que crean bolsas de asuntos pendientes y que se producen por zonas, por territorios o a nivel nacional y que tienen como origen demandas por cláusulas abusivas y contratos de préstamos. Hay que establecer medidas internas para afrontar esa litigiosidad».
El magistrado llamó la atención sobre la existencia de sistemas de gestión procesal distintos en los diferentes territorios de la Administración de Justicia: «Esto es disfuncional. Ha supuesto un esfuerzo inversor increíble. Si se hubiese coordinado para hacer un único sistema de gestión procesal habría sido una ventaja».
Algo con lo que coincidió González.
«Se han despilfarrado muchos recursos con las Comunidades Autónomas. Hay 7 u 8 que tienen sus propios sistemas informáticos. ¿Cuánto dinero se han gastado? En mi opinión, las transferencias han sido disfuncionales y antieconómicas. Pero esto tiene difícil retorno. Menos mal que la conferencia sectorial funciona», destacó.
Viejo, por último, llamó la atención sobre la necesisad de que se establezca un código procesal electrónico que establezca las formas de funcionar y que garantice las mismas garantías a todos los territorios.
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