El consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas, Enrique López, fue muy crítico con el gobierno por su inoperancia al negarse a aprobar, con la colaboración del PP, una ley de pandemias por la vía rápida. En la foto, durante su intervención.
Enrique López: «Hace falta una Ley Orgánica para la protección de la salud en casos de epidemias y de pandemias»
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14/10/2021 06:48
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Actualizado: 14/10/2021 06:48
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«Hace falta una Ley Orgánica para la protección de la salud en casos de epidemias y de pandemias. Y no lo digo yo. Lo dicen los tribunales superiores de justicia, las salas de lo contencioso, lo dice el Tribunal Supremo, lo dice el Consejo de Estado, lo dice el Tribunal Constitucional, lo dice Comisión Europea, que ha visto con cierta preocupación que no todos los estados se han dotado de instrumentos jurídicos específicos para afrontar situaciones de esta naturaleza», explicó ayer Enrique López, el consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas de la Comunidad de Madrid.
López pronunció estas palabras durante su intervención, en el marco del ciclo de conferencias «Diálogos Jurídicos», que coorganizan el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, localidad al oeste de Madrid, y Confilegal y que inauguraron el alcalde, Javier Úbeda, y el editor de este diario, Julen Ariza, en el Palacio del Infante don Luis de esa ciudad.
En esta entrega –la primera de tres–, que llevó el título “España ante una nueva realidad. ¿Es necesaria una Ley específica en caso de pandemias?”, participaron también el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez Padrón, y la presidenta de la Asociación española de damnificados y víctimas por el Covid 19 (ADAVIC-19), la abogada Carolina Mata. Moderados por el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Oliver.
«Pablo Casado le dijo al presidente del Gobierno, en el mes de abril de 2020, ‘¿no sería bueno pensar en un marco legislativo orgánico que permitiera adoptar medidas limitativas de derechos fundamentales para proteger la salud, con un procedimiento claramente establecido, con autoridad judicial?’. Y le ofreció la mano tendida para que en el plazo de un mes y por lectura única se hiciera una reforma de la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública. El presidente hizo caso omiso», añadió López.
«Es más, la vicepresidenta de Gobierno [Carmen Calvo] en ese momento decía que nuestro sistema jurídico-político tenía instrumentos suficientes para afrontar esta decisión, ‘sin lugar a dudas'», precisó.
El magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid, Francisco Oliver, hizo de moderador en este acto en el que también intervinieron, además de López, Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM, y Carolina Mata, abogada y presidenta de la Asociación española de damnificados y víctimas por el Covid 19 (ADAVIC-19). Foto: LetsPicYou Producciones
EL GOBIERNO CONVIRTIÓ AL TRIBUNAL SUPREMO EN UN JUZGADO DE GUARDIA
De acuerdo con López, todas las Administraciones públicas aplicaron precisamente el artículo 3 de esa Ley tras la pandemia, para limitar derechos fundamentales, sobre lo que después pidieron ratificación a la autoridad judicial.
«De esa forma, las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia se convirtieron en juzgados de guardia. Pero ahí no acabó todo. El Gobierno convirtió al Supremo en otro Juzgado de Guardia, haciéndole resolver en menos de 15 días sobre ese tipo de limitaciones de derechos fundamentales. Todo en base ese artículo que, literalmente, dice: ‘Con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato’, –y aquí viene el gran desarrollo legislativo del que hablaba la vicepresidenta Calvo–, ‘así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible‘», remarcó López.
«Son 14 palabras sobre las que los jueces españoles han tenido que apoyarse para justificar limitaciones tan importantes de derechos fundamentales como la limitación de movimiento, de deambulación, etcétera. Con estas 14 palabras España ha regulado la limitación de derechos fundamentales para proteger la salud pública«.
A López, no le cabe la menor duda de que España necesita una ley de pandemias que se denomine como se quiera denominar. De pandemias, de protección de la salud…. Pero en la que se prevean los supuestos de aplicación, los procedimientos para la limitación de derechos fundamentales, y si ha de haber un control previo de materia judicial o a posteriori.
«Esto daría seguridad jurídica a las Administraciones para adoptar esas medidas y certidumbre a los ciudadanos, que saben que pueden ver limitados sus derechos fundamentales como consecuencia de una pandemia», sostuvo López. Quien después precisó: «Una ley orgánica sí puede limitar derechos fundamentales pero nunca suspenderlos, salvo que se declare el estado de excepción».
Y recordó la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer decreto de estado de alarma porque no limitó los derechos fundamentales de circulación, residencia y reunión sino que los suspendió.
El acto tuvo lugar en lo que fue la capilla del Palacio del Infante don Luis, en Boadilla del Monte. Foto: LetsPicYou Producciones.
López contó que el líder del PP le tendió la mano al presidente del Gobierno para modificar la Ley 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública por la vía rápida en el Parlamento, pero que Sánchez rechazó el ofrecimiento. Foto: LetsPicYou Producciones.
NO SE PUEDE VOLVER A REPETIR
El presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, en su turno de palabra, explicó que la crisis producida por la pandemia «puso a prueba el sistema judicial y lo llevó al límite de ‘sus costuras'».
«Afloraron las grietas y las carencias del sistema con más fuerza», destacó.
En su opinión, la multiplicidad de focos de decisión y la falta de coordinación dificultó la gestión de la crisis.
«El Consejo General del Poder Judicial tomaba sus decisiones sobre los jueces. La Fiscalía General del Estado sobre los fiscales. El Ministerio de Justicia sobre los funcionarios asignados en su territorio [Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Murcia, Baleares, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo] y las doce Comunidades Autónomas con competencias en materia de justicia, sobre los suyos. Sin olvidar a los sindicatos que también fueron fuente de decisiones en la gestión de recursos humanos que nos dio más de un motivo de reflexión. Y no se pusieron de acuerdo», aclaró Rodríguez Padrón.
«Luego el Ministerio de Justicia asumió el mando único, pero la situación no mejoró».
A juicio del presidente del TSJM el soporte normativo para este tipo de situaciones «es insuficiente».
No puede repetirse «aquella situación de caos habiendo vivido lo que vivimos. No podemos tropezar dos veces en la misma piedra. No nos podemos permitir el lujo de caer otra vez en esta descoordinación», advirtió.
El presidente del TSJM, Celso Rodríguez Padrón, describió la gran descoordinación que existió entre las distintas administraciones de justicia durante la pandemia. LetsPicYou Producciones.
Los asistentes siguieron con gran atención el acto, que duró una hora y media, y que tuvo preguntas del público. Foto: LetsPicYou Producciones.
Rodríguez Padrón, que fue valiente pero comedido, no rehuyó hablar sobre el papel que tuvieron que asumir las Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia para refrendar o rechazar las decisiones que los diferentes ejecutivos autonómicos tuvieron que tomar restringiendo derechos fundamentales al no existir una ley que cubriera ese vacío.
Algunos de esas salas después elevaron cuestiones de inconstitucionalidad al máximo tribunal de garantías de España.
«Pero antes de que tuvieran lugar hubo una Sala de lo Contencioso-Administrativo, la del TSJM, que advirtió de una forma expresa, en un auto del 8 de octubre de 2020, sobre la confusa e insuficiente línea de competencias que podían ejercer las Comunidades Autónomas ante aquella debilidad normativa. Fue en una resolución en la que denegó la ratificación de determinadas medidas limitativas de derechos fundamentales que la Comunidad de Madrid se vio obligada a plantear», resaltó.
El presidente del TSJM leyó, a continuación, un párrafo del auto en el que los componentes de la Sala expresaron con claridad su posición sobre la necesidad de una ley de pandemias:
«Resulta llamativo que ante el escenario sanitario descrito no se abordara una reforma de nuestro marco normativo acorde con las necesidades de combatir eficazmente la pandemia y afrontar la grave crisis sanitaria que padece el país pese al consenso existente acerca de que la regulación actual de los instrumentos normativos que permiten la limitación de derechos fundamentales está íntimamente conectada entre sí y resulta ciertamente deficiente y necesitada de una absoluta clarificación».
Aquellas advertencias cayeron en saco roto.
LA GESTIÓN DE LA PANDEMIA DEL GOBIERNO CENTRAL NO ESTUVO A LA ALTURA
La presidenta de la Asociación española de damnificados y víctimas por el Covid 19 (ADAVIC-19), la abogada Carolina Mata, contó, durante su intervención, que ella misma vivió en primera persona la gravedad de la pandemia.
Perdió a su padre, médico en ejercicio, en la primera ola de la pandemia.
«Falleció el 23 de marzo de 2020. Haciendo cuentas, debió contagiarse entre el 12 y el 14 de marzo. Esto ha hecho que me informe a fondo sobre lo que ocurrió. Y tengo que hacer una dura crítica a la gestión de las primeras semanas y meses de pandemia», contó.
Carolina Mata, la presidenta de la Asociación española de damnificados y víctimas por el Covid 19 (ADAVIC-19), fue muy crítica con la gestión del gobierno central de la pandemia. Foto: LetsPicYou Producciones.
Fue una gestión que no estuvo a la altura de las circunstancias.
«Por parte del gobierno central fue muy deficiente. Desde enero, febrero y marzo de 2020 hubieron informes de organismos internacionales y europeos en los que refirieron lo que era el coronavirus y sus consecuencias y qué medidas debían adoptarse para evitar su propagación. Se tomaron decisiones por interés partidista que, sin duda, agravaron la situación», subrayó la abogada.
«Si se hubieran tomado medidas un poquito antes es muy probable que mi padre no se hubiera contagiado y que no hubiera fallecido. Ya sé que es muy complicado hacer una relación de causalidad entre una situación como esa y una muerte inesperada, pero podría haberse hecho mejor», afirmó.
Mata opinó en la misma línea de López: «Es necesario armonizar un marco jurídico para afrontar una situación de este calado, si vuelve a suceder de nuevo. Y desde aquí digo que vamos a apoyar una ley de pandemias o una modificación de la Ley de 1986 de medidas especiales en materia de salud pública. Tenemos que tener un marco jurídico sólido. El bien jurídico, la salud, es lo más importante».
Javier Úbeda, alcalde de Boadilla del Monte inauguró esta serie de conferencias-debates titulada «Diálogos Jurídicos». Foto: LetsPicYou Producciones.
Julen Ariza, editor de Confilegal, dio las gracias al alcalde por esta «joint venture» jurídica y legal. Foto: LetsPicYou Producciones.
La foto de familia. De izquierda a derecha, Carlos Berbell, director de Confilegal, Elena Mantilla, directora general de Inspección y Ordenación Sanitaria de la CAM, Julen Ariza, editor de Confilegal, Celso Rodríguez Padrón, presidente del TSJM, Enrique López, consejero de Presidencia, Justicia y Víctimas de la CAM, Carolina Mata, presidenta de la Asociación española de damnificados y víctimas por el Covid 19 (ADAVIC-19), Javier Úbeda, alcalde de Boadilla, y Francisco Oliver, magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y moderador de este acto. Foto: LetsPicYou Producciones.
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