El Juzgado de Instrucción número 2 de Salamanca ha citado a declarar como investigados al Partido Popular de Salamanca, a su presidente provincial, Javier Iglesias, y a su gerente en Salamanca, Isabel Sánchez, por la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político en el proceso del pago de cuotas por las primarias del PP de Castilla y León en 2017.
Así lo ha dispuesto el magistrado Juan Rollán García, en un auto dictado hoy, «al existir indicios racionales de la presunta comisión de un delito de financiación ilegal de partido político», previsto y penado en el artículo 304 bis, apartados 1 y 5, del Código Penal, que podría haber sido cometido por el PP de Salamanca, a través de su presidente y de su gerente.
Los ha citado para el 30 de diciembre, en los Juzgados de la Plaza Colón de Salamanca. Al PP a las 10.00, a Javier Iglesias a las 10.30, y a las 11.00 al gerente de la formación.
Contra esta resolución cabe ejercitar, sin que se suspenda el curso del procedimiento, recurso de reforma o recurso de apelación.
El juez recuerda que en junio de 2020 reabrió esta causa en los términos y a los efectos ordenados por la Audiencia Provincial de Salamanca en abril de ese año y que se han practicado las diligencias de instrucción e investigación pertinentes para el esclarecimiento de los hechos.
Del resultado de la investigación llevada a cabo concluye indiciariamente que a fecha de 31 de diciembre de 2016 constaban 4.913 afiliados al Partido Popular de Salamanca que no estaban al día de sus cuotas desde el último congreso.
Señala que a raíz de convocarse elecciones primarias para la presidencia del PP de Castilla y León en marzo de 2017, se realizó una actualización y pago de cuotas de “afiliados morosos” en el período del 10 al 17 de marzo de 2017, dado que únicamente pueden votar en las elecciones primarias los afiliados que estén al corriente en el pago de sus cuotas de afiliación, que la actualización de cuotas de afiliados se lleva a cabo a instancia del presidente del Partido Popular de Salamanca mediante reuniones con cargos públicos y asesores del Partido Popular, en las que insta al pago de las cuotas de “afiliados morosos”, aportando los listados de afiliados morosos para tal finalidad la gerente del Partido Popular de Salamanca.
En las actuaciones certificación emitida por la gerente del Partido Popular de Salamanca en la que se certifica que entre el día 31 de diciembre de 2016 y el 17 de marzo de 2017 se amortiza una deuda por cuotas de afiliados de 61.937,65 euros que supuestamente se amortizó mediante una serie de ingresos: cuotas abonadas por transferencias a favor de la cuenta bancaria del PP entre el 1 y el 16 de marzo de 2017 por importe total de 4.012,15
euros, cuotas abonadas por afiliados a través de ingreso directo en referida cuenta bancaria por importe total de 7.004 euros, cuotas abonadas por afiliados para posterior ingreso nominativo en referida cuenta bancaria por importe total de 9.431,50 euros, y cuotas de afiliados abonadas en referida cuenta bancaria por cargos electos, personal de confianza y afiliados que colaboraron voluntariamente en el pago de las cuotas de “afiliados morosos” por importe total de 41.490 euros,
En relación a esta última partida de 41.490 euros, abonada en la cuenta bancaria del Partido Popular, el juez señala que se supone que responde a abonos voluntarios en el período de 10 a 17 de marzo de 2021 para pago de las cuotas de “afiliados morosos”, recaudándose mediante pagos voluntarios en efectivo que se entregaron para tal finalidad, y documentados en declaraciones juradas, ascendiendo a la suma total de 17.350 euros el importe de referidos abonos voluntarios (acontecimiento 206 del expediente digital), «con lo que queda sin justificar la suma de 24.140 euros que ha de calificarse como donación anónima ilegal».
- Añade que, «en el supuesto de aceptarse como válidos los justificantes de cantidades extraídas de cuentas bancarias personales de cargos públicos del Partido Popular entre los días 10 a 17 de marzo de 2017, que ascienden a un total de 9.800 euros, queda sin justificar la suma de 14.340 euros (como donación anónima ilegal); e, incluso, aceptándose hipotéticamente las cantidades recogidas en documentación bancaria fuera de la semana del 10 al 17 de marzo de 2017, que ascienden a 7.250 euros, queda sin justificar la suma de 7.090 euros (como donación anónima ilegal)».
