Junto a 'Iron' y 'Land', en este juicio -el primero por 'Tándem'- se juzga 'Pintor', tres piezas separadas por las que Villarejo podría ser condenado a 109 años de cárcel.
La empresaria Susana García-Cereceda reconoce la labor parapolicial que Villarejo hizo por encargó suyo en el conflicto por la herencia familiar
Durante el primer juicio por Tándem ha reconocido que hizo una serie de encargos a José Manuel Villarejo por los problemas de PROCISA, la inmobiliaria promotora de la urbanización de lujo de La Finca
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15/12/2021 01:00
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Actualizado: 23/3/2022 10:45
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La empresaria Susana García-Cereceda, una de las personas juzgadas en la Audiencia Nacional por el caso Tándem, reconoció ayer al tribunal que hizo una serie de encargos a José Manuel Villarejo por los problemas que tenía PROCISA, la inmobiliaria promotora de la urbanización de lujo de La Finca (Madrid).
Junto a ‘Iron’ y ‘Land’, en este juicio -el primero por ‘Tándem’- se juzga ‘Pintor’, tres piezas separadas por las que el comisario podría ser condenado a 109 años de cárcel.
García-Cereceda explicó al tribunal, que acudió al Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, S.L. (CENYT), el grupo empresarial de Villarejo, en 2013 en un escenario donde la viabilidad de la compañía estaba en «riesgo evidente» porque tenía una «deuda monumental» y otras sociedades le reclamaban casi 50 millones de euros para ejecutar provisionalmente una sentencia.
Según relató, quería asegurarse de que, si les daban el dinero y luego esas mercantiles perdían en segunda instancia –como ocurrió–, se lo podrían devolver.
A tal fin, relató, David Fernández, un expolicía que había trabajado durante años para PROCISA y entonces ejercía de asesor de seguridad, les recomendó a una «agencia de detectives» porque eran «muy buenos».
Contactaron, se reunieron y CENYT les acabó entregando un informe sobre la solvencia económica de dichas mercantiles.
LA FISCALÍA PIDE PARA GARCÍA-CERECEDA DOS AÑOS DE CÁRCEL Y PARA VILLAREJO 38 AÑOS DE PRISIÓN
La empresaria solo respondió a las preguntas de la Fiscalía y de sus abogados defensores, María Dolores Márquez de Prado e Ignacio Martínez Arrieta Márquez de Prado y no a las de las acusaciones.
Previamente el Ministerio Fiscal había llegado a un acuerdo de conformidad con estos letrados por el que redujo su petición inicial de 16 años y 10 meses de cárcel a solo dos años, lo justo para no entrar en prisión. Más una multa que asciende, aproximadamente a 124.000 euros.
Lo mismo que para sus dos hombres de confianza, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez, socio y administrador de la mercantil Procisa, y David Fernández, el exjefe de seguridad.
Sin embargo, la Fiscalía sigue manteniendo para Villarejo la petición de 38 años de cárcel; para su esposa, Gema Alcalá, 36 años y 4 meses; para su socio, Rafael Redondo, 36 años y 4 meses; y para el comisario principal Enrique García Castaño, 30 años y 10 meses de prisión.
Este acuerdo previo entre la Fiscalía y los abogados de la empresaria, fue muy criticado por los letrados de su hermana, Yolanda García-Cereceda, que ejercen la acusación particular contra Susana, porque va contra la jurisprudencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que dice que mientras que no haya una conformidad uniforme de todas las partes no se puede hablar de conformidad.
Según la acusación particular, Susana García-Cereceda contrató a Villarejo y a su empresa, CENYT, para espiar a la hermana, a Silvia Gómez Cuétara Novoa, viuda del padre –Luis García-Cereceda, creador de La Finca, y al arquitecto de la firma, Joaquín Torres Verez, en esta pieza, denominada Land.
Al parecer, el encargo que recibió Villarejo fue el de buscar información íntima que pudiera servir para disuadir en las negociaciones por la herencia del padre, cifrada en más de 1.000 millones de euros, cuando falleció hace una década por un tumor cerebral.
García-Cereceda, a preguntas del fiscal, Miguel Serrano, admitió que, además de un primer encargo, hubo «tres pasos más» que se denominaron ‘Land 1’, ‘Land 2’ y ‘Land 3’. «¿Por conflictos hereditarios que pudiera haber en PROCISA tras el fallecimiento de su padre?», preguntó el fiscal. «No, nada que ver con conflictos hereditarios», replicó ella. «Es una preocupación sana que yo tenía con mi hermana», agregó.
Esa preocupación, según comentó, se debía a que su hermana Yolanda había sido incapacitada y quería averiguar si se había casado con Jaime Ostos y en qué régimen económico, si gananciales o separación de bienes, porque «como supuesto marido de una de las accionistas de la compañía se postulaba como su tutor» legal, lo que podría darle el control sobre esos activos.
Susana García-Cereceda aseguró que a CENYT solo le pidió respecto a su hermana y Ostos que indagara si realmente se habían casado en Carolina del Norte (EEUU) y en qué régimen, y que así lo hizo. No obstante, reveló que hubo un «poco más» que consistió en que Villarejo y su gente les dieron los antecedentes penales de Ostos en el país norteamericano.
«Pero no los habíamos pedido ni era lo que nos importaba», matizó.
También confesó otro encargo de ‘Land’ acerca de Gómez Cuétara. En este caso, esgrimió que se «sorprendió y asustó» cuando Villarejo, «prácticamente al principio» de contactar, en las primeras reuniones, le enseñó un informe de unas 200 páginas que había elaborado otra agencia de detectives, Método 3, y que contenía extractos de las agendas personales de su padre y datos de la empresa y de sus directivos, incluida la propia Susana.
La acusada dedujo que, puesto que esa agenda era un objeto personal de su padre, solo podía tenerlo su viuda y, por ende, que Gómez Cuétara habría sido quien encargó ese ‘dossier’ sobre PROCISA y sus trabajadores a Método 3. Contenía «una información sólida, con cosas que podían ser más o menos reales, pero lo cierto es que hurgaba en la vida de directivos de la empresa», recalcó. Por eso, justificó, «cuando me propusieron si podían encontrar algo sobre Silvia también accedí».
Interrogada sobre la información que CENYT le proporcionó sobre Gómez Cuétara, señaló que verbalmente Villarejo le detalló a qué números de teléfono llamaba y con qué asiduidad, pero no el contenido de esas conversaciones telefónicas. Susana sostuvo que el comisario no le precisó cómo obtenía esos datos.
EL «CONFLICTO» CON TORRES
García-Cereceda reconoció un tercer encargo en ‘Land’, sobre el que fuera arquitecto de La Finca Joaquín Torres. De acuerdo con la empresaria, al abandonar la compañía hubo un «conflicto» que se fue «intensificando» en el tiempo y acabó materializándose en «querellas y denuncias cruzadas» entre las partes que, según reprochó, él aireó en programas de televisión donde «no dejaba de atacar la reputación de la empresa».
«Yo estaba especialmente preocupada. Incluso en uno de esos programas llegó a amenazar diciendo que o le daba 10 millones de euros o iba a hablar de todo lo que sabía de la empresa y de la familia», explicó.
Entonces, continuó, fue cuando CENYT le ofreció «intentar conseguir información» de Torres, algo a lo que accedió igualmente. Sin embargo, dice que no obtuvo «prácticamente nada». «Que se iba al cine con algunos amigos, nada, realmente nada», enfatizó.
Aparte de los informes verbales, que insitió en que fue el ‘modus operandi’, de CENYT, aseveró que solo le llegaron unos informes escritos sobre ‘Land’. «No eran nada exhaustivos, eran dos o tres folios», apostilló.
García-Cereceda, tal y como narró, fue detenida en 2018 a su llegada a Madrid en un vuelo procedente de Sudáfrica, donde había acudido en busca de inversores extranjeros que salvaran la situación económica de PROCISA.
Estando reunida con estos posibles inversores, recibió una llamada donde la secretaria le comunicó que la Policía estaba inspeccionando la oficina. Tanto ella como su abogada destacaron que colaboró telefónicamente con los agentes durante el registro y regresó a España en cuanto pudo.
UNA «HOJA DE ENCARGO» Y «300.000 EUROS»
La empresaria ciñó su papel a la contratación con CENYT, en la que también incluyó a Francisco Peñalver, entonces consejero de la promotora inmobiliaria, y a Fernández, así como a los encargos y a la recepción de la información recabada por Villarejo. Del precio, las facturas y los pagos se desentendió, aseguró.
Los otros dos acusados, que verificaron lo expuesto por García-Cereceda, arrojaron luz sobre sus respectivos roles en este negocio. Así, Peñalver se definió como el responsable de esas otras gestiones.
Indicó que no recordaba un contrato escrito, sino que CENYT les presentó «una hoja de encargo, que era un presupuesto abierto porque tampoco se sabía las cosas que tenían que hacer». En total, calculó que se acabaron pagando unos 300.000 euros.
Fernández, por su parte, confirmó que fue él quien, conocedor de los problemas en PROCISA y de los servicios que requería, recomendó a CENYT. No conocía la empresa de Villarejo porque hubiera trabajado antes con ella sino porque «era bastante nombrada en grandes empresas y la consideraban en ese momento una de las mejores».
Por otro lado, ayer martes terminaron de declarar los acusados en ‘Iron’, María Ángeles Moreno y Andrés Medina, ex socios de Herrero & Asociados, un despacho que contrató a Villarejo para investigar a la competencia, quienes ratificaron lo manifestado el día anterior por ella y otros dos socios, afirmando que no hubo encargos ilegales, que solo se quería averiguar si ellos estaban siendo espiados por el otro bufete, Balder.
Medina afirmó que confiaban plenamente en CENYT, porque tenían buenas referencias y, tras la primera reunión de 2013, se llevaron una «imagen excelente», y por ello pensaron que si, «por ignorancia», Herrero & Asociados planteaba cosas fuera de la legalidad, Villarejo y los suyos les avisarían de que estaban traspasando la «línea roja».
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