Sobre estas líneas, la autora de la queja contra los dos fiscales anticorrupción, Yolanda García-Cereceda.
Yolanda García-Cereceda denuncia a los fiscales del caso «Land» por infracción a 4 Instrucciones, 1 Circular y 1 Protocolo de la Fiscalía
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16/9/2020 04:15
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Actualizado: 16/9/2020 04:18
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Los fiscales anticorrupción Ignacio Stampa Fuente y Miguel Serrano Solís, asignados al «caso Tándem», como se ha bautizado a la investigación que el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional está realizando sobre las actividades del comisario jubilado José Manuel Villarejo, tienen que hacer frente a una queja interpuesta contra ellos ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por Yolanda García-Cereceda López.
La mujer es acusación particular y víctima en la llamada pieza Land, la número 3 de las 25 en que se ha dividido el «caso Tándem», y que se centra en el espionaje que llevó a cabo Villarejo sobre su persona, la viuda de su padre, Silvia Gómez Cuétara Novoa y el consejero de la mercantil Procisa y arquitecto de la firma Joaquín Torres Verez entre 2013 y 2014.
Un trabajo que Villarejo realizó con su empresa, Cenyt, por encargo de su hermana, Susana García-Cereceda López, el socio y administrador de la mercantil Procisa, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y el exjefe de seguridad, David Fernández.
El encargo que recibió Villarejo fue el de buscar información íntima que pudiera servir para disuadir en las negociaciones por la herencia del padre, el promotor inmobiliario Luis García-Cereceda, cifrada en más de 1.000 millones de euros, cuando falleció hace una década de un tumor en el cerebro.
García-Cereceda fue el creador de la exclusiva urbanización de lujo «La Finca», situada en el término municipal de Pozuelo de Alarcón, a pocos kilómetros al oeste de Madrid.
Yolanda García-Cereceda fundamenta su queja en el cambio de calificación de los fiscales sobre este caso, basada en una alteración del «relato de los hechos por los que venía acusando a lo largo de la instrucción», dice su escrito.
«Después de ingentes escritos, diligencias, recursos, declaraciones, resoluciones judiciales firmes, poderosos indicios, y manifestaciones reiteradas de los fiscales que todo era con relación a la herencia familiar, en palabras del fiscal, valorada en mas de mil millones de euros, se nos quiere hacer creer, exnovo y sin razón alguna, (confesable, claro está), que todo lo actuado era una cuestión sobre el descubrimiento de la intimidad sexual de las víctimas», señala.
LOS FISCALES REDUJERON SUS PETICIONES DE 17 AÑOS DE CÁRCEL A SOLO 24 MESES
Y, lo que es peor, desde su punto de vista, «pactando reducir las penas de prisión inicialmente solicitadas para los acusados Susana García-Cereceda López, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y David Fernández Aumente, de unas inicialmente superiores a los 17 años de prisión a otras de apenas 24 meses, en un claro ejercicio de imaginería jurídica, dicho sea en estrictos términos de defensa».
A su hermana la Fiscalía le imputa ahora delitos de cohecho activo cometido por particular, descubrimiento de secretos de empresa y revelación de secretos a particulares relacionados con su vida sexual en grado de tentativa, más una multa que asciende, aproximadamente a 124.000 euros.
Yolanda García-Cereceda disiente del acuerdo que los fiscales anticorrupción han cerrado con su hermana, Susana García-Cereceda -sobre estas líneas-, a la que han reducido su petición inicial de 17 años de cárcel a 24 meses, por lo que no entraría en prisión. Foto: EP.
Para el comisario Villarejo, sin embargo, no solicitan reducción alguna. Se queda con los 38 años de cárcel, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos y un delito continuado en falsedad en documento mercantil.
La «magnanimidad» tampoco afecta a ninguno de su colaboradores, entre los que se encuentra Enrique García Castaño, entonces Jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía,
«Las anteriores actuaciones del Ministerio Público interviniente en la presente causa, suponen a la luz del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, a juicio de esta parte, y reiteramos, en estrictos términos de defensa, violación de determinadas Instrucciones y Circulares de la propia Fiscalía General del Estado, así como determinados preceptos del código penal, y Ley de Enjuiciamiento Criminal, y de la Constitución Española, que deben ser puestas en conocimiento tanto del superior jerárquico, como de la inspección de la Fiscalía, a los efectos legales procedentes», añade la mujer.
En concreto son supuestas infracciones a 4 Instrucciones de la FGE: la 8/2005, sobre el deber de información en la tutela y protección de las víctimas en el proceso penal; la 4/2006 sobre atribuciones y organización a la Fiscalía especial para la represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción y sobre la actuación de los fiscales especialistas en delincuencia organizada; la 4/2008, sobre le control y vigilancia por el Ministerio Fiscal de las tutelas de personas discapaces; la 4/2009, sobre la organización de las secciones de lo civil y del régimen especializado en materia de protección de personas con discapacidad y tutela.
También, a una Circular, la 4/2013 sobre diligencias de investigación y obligada atención y tutela de las víctimas por el fiscal, y al Protocolo de actuación para juicios de conformidad suscrito entre la FGE y el Consejo General de la Abogacía Española.
EL ESCRITO DE ACUSACIÓN DE LOS FISCALES FUE PRESENTADO FUERA DE PLAZO
Yolanda García-Cereceda, asimismo, recurrió la presentación del escrito de acusación de los fiscales anticorrupción, solicitando la apertura del juicio oral.
Un escrito que contiene esta alteración de la petición de las penas originales, ante el Juzgado Central de Instrucción 6, cuyo titular es el magistrado Manuel García-Castellón.
El abogado de la mujer, José Luis Segado, argumentó que dicho escrito debía haberse presentado el 16 de junio de 2020 a las 15 horas, como muy tarde, en vez de siete días después (cinco días hábiles), el 23 de junio.
Por lo que estaba fuera de plazo y, de acuerdo con el artículo 781.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y que debía darse por no presentado.
“Si el Ministerio Fiscal no presentare su escrito de acusación en el plazo establecido en el artículo anterior, el Juez de Instrucción requerirá al superior jerárquico del Fiscal actuante, para que en el plazo de diez días presente el escrito que proceda, dando razón de los motivos de su falta de presentación en plazo”, dice dicho artículo.
El magistrado Manuel García Castellón tendrá que decidir si acepta la solicitud del abogado de la mujer, de inadmitir el escrito de acusación de los fiscales anticorrupción por haberse presentado 5 días fuera de plazo.
¿UN RETRASÓ ADREDE?
De acuerdo con Segado, la sensación que se desprende de esta supuesta maniobra es la de favorecer a los mencionados Susana García-Cereceda López, Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez y David Fernández Aumente, dejando fuera a Villarejo, imponiéndoles penas menores que, al no superar los dos años, impedirían que entraran en la cárcel.
«Da la impresión que el Ministerio Público ha aguardado a que todas las acusaciones particulares presentasen su escrito de acusación para, a la vista de su contenido, articular, o moldear, su acusación a fin, y de ahí el sentido de la presente petición, de preparar el escenario de una posible conformidad (obviamente, con los acusados responsables de PROCISA, que no con el señor Villarejo y los colaboradores de éste en su entramado empresarial)«, dice el abogado en el escrito a García Castellón.
EL ESCRITO FISCAL NO CONSIDERA QUE HAYA VÍCTIMAS O PERJUDICADOS
La defensa de Yolanda García-Cereceda, asimismo, reprocha al Ministerio fiscal que se haya olvidado de las víctimas y perjudicados en el caso Land y que, por consiguiente, no pida ninguna responsabilidad civil para los afectados: Ella misma, que solicita en su escrito de acusación 21 millones de euros de indemnización, la viuda de su padre y el arquitecto Joaquín Torres, que pide 9 millones de euros.
Y también excluye a las tres empresas que consiguieron una sentencia condenatoria contra Procisa por 34.657.380 euros más intereses y que luego quedó parcialmente revocada en apelación, quedando en 30 millones de euros.
«Nuestro asombro se torna en perplejidad cuando comprobamos que el Ministerio Público sí ha pedido responsabilidad (penal y civil) por la investigación urdida contra el que fuera interesado compañero de mi mandante (Jaime Ostos Alcalá) a pesar de que el citado no consta, salvo error u omisión, personado (siquiera) en la presente causa», añade.
«Tampoco entendemos la razón por la que en el meritado escrito de acusación del Fiscal se afirma que Francisco Lorenzo Peñalver Sánchez no tiene antecedentes penales pues la sentencia que acompañamos acredita todo lo contrario», precisa.
Y concluye el escrito a García-Castellón con un párrafo que trata de ser esclarecedor: «No se puede acusar a alguien (Susana García-Cereceda) de haber ordenado un encargo ilícito y afirmar a renglón seguido, y menester al razonamiento (literal) de ‘sin que conste que de este extremo llegara a tener conocimiento’, que ese alguien no tiene responsabilidad en el pago del expresado encargo, cuando han sido transcritas conversaciones con la investigada en las que se hablaba del meritado encargo«.
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