Foro Judicial Independiente considera «irresponsable» que Llop defienda el actual sistema de renovación del CGPJ
Así se ha manifestado la asociación que preside Fernando Portillo en un comunicado en el que expresa su desacuerdo con unas recientes declaraciones de la titular de Justicia. Foto: Confilegal.

Foro Judicial Independiente considera «irresponsable» que Llop defienda el actual sistema de renovación del CGPJ

"España tiene un grave problema de falta de independencia estructural y su obligación es promover las reformas que todas las instituciones europeas nos solicitan en un asunto clave para nuestra democracia", afirma la asociación judicial
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21/12/2021 19:07
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Actualizado: 21/12/2021 19:07
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Foro Judicial Independiente considera «irresponsable» que la ministra de Justicia, Pilar Llop, defienda el actual sistema de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

«Nos parece irresponsable que, a estas alturas, y después de que el comisario Reynders haya tenido que intervenir en reiteradas ocasiones llamando la atención a España por incumplir las recomendaciones de Europa, la ministra continúe defendiendo el sistema en base a argumentos destinados a provocar confusión y desconcierto, como si las instituciones europeas desconocieran cuál es el problema que tiene España».

Así se ha manifestado la asociación que preside Fernando Portillo en un comunicado en el que expresa su desacuerdo con unas recientes declaraciones de la titular de Justicia.

FJI recuerda que la ministra, durante su comparecencia en los desayunos informativos de Europa Press, afirmó sobre la renovación del CGPJ que «si entramos en ese debate de reforma del sistema, que ellos lo que dicen es que los jueces elijan a los jueces, hay que explicarle que los jueces ya eligen a los candidatos que van a ser nombrados por el legislativo. Los jueces ya lo hacen, ya eligen a los candidatos».

Asimismo, apuntó que «los jueces avalan a quienes serán los candidatos. Hay que explicarlo bien y yo se lo he explicado en cuanto he tenido ocasión al comisario Reynders y a la secretaria General del Consejo de Europa».

Sobre esto, la asociación apunta que «la ministra sabe que la sentencia del Tribunal Constitucional 108/86 (fundamento jurídico 13º) proscribió el reparto partidista de los vocales del CGPJ. Los partidos políticos que se han sucedido en el poder han hecho caso omiso a esos límites que fijó el supremo intérprete de la Constitución».

La ministra conoce que, desde el año 2013, las instituciones europeas vienen repitiendo hasta la saciedad que «las autoridades políticas no deben intervenir en ningún momento en el proceso de elección de los vocales del turno judicial».

A juicio de FJI, «la ministra sabe bien que presentar candidatos no equivale a elegirlos. Los jueces pueden presentarse a candidato, pero la elección corresponde a los partidos políticos. Es más, el sistema de designación parlamentaria de vocales judiciales permite un control político total del proceso, desde la presentación de candidaturas hasta nombramiento final de los vocales».

Sobre esto, apunta que Llop «conoce que los candidatos que no tengan apoyo político, como es lógico, no tienen posibilidades reales de salir elegidos, lo que condiciona quiénes se van a presentar».

«La ministra sabe que la razón por la que la Comisión Europeael comisario Reynders, el Greco, la Comisión de Venecia y todas las instituciones con competencias en la materia nos piden que cambiemos el sistema es porque conocen perfectamente los graves riesgos que implica para la separación de poderes».

En este sentido, agrega que «conoce que, recientemente, Polonia ha modificado su sistema de elección de vocales con la única finalidad de poder controlar la cúpula judicial, al modo de lo que ocurre en España desde hace 35 años, siendo Polonia y España los dos únicos países de la Unión Europea cuyos parlamentos eligen íntegramente a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces».

Por todo ello, FJI solicita a Llop que «sea clara y que no confunda a los ciudadanos», porque «España tiene un grave problema de falta de independencia estructural y su obligación es promover las reformas que todas las instituciones europeas nos solicitan en un asunto clave para nuestra democracia».

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