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Un Juzgado de Pamplona decide continuar con los juicios del Banco Popular pese al parón decretado por el Supremo
Miguel Durán es presidente de Duran & Durán Abogados.
30/12/2021 06:47
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Actualizado: 30/12/2021 02:08
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El Tribunal Supremo ha dictado recientemente, como se sabe, un Auto paralizando todos los procedimientos interpuestos ante el más Alto Tribunal con relación a Banco Santander por los accionistas del exBanco Popular, decisión adoptada ante la futura decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el fondo de la cuestión.
El Abogado General de la Unión Europea se ha despachado recientemente con un singular informe en la que, entre otras cosas, viene a decir en síntesis que “deben ser los accionistas del Banco Popular quienes soporten las consecuencias de la extinción del Banco, porque, de lo contrario, sería el Contribuyente (español y europeo) quien soportaría las consecuencias de la compra que el Santander hizo por el importante precio de un euro respecto del Banco Popular” (las acotaciones son mías).
El resultado de todo este despropósito, derivado de una cuestión prejudicial planteada sobre el asunto por la Audiencia Provincial de Coruña, es que, ahora, las decenas (quizá centenas) de miles de pleitos planteados por los perjudicados accionistas del Banco Popular se hallan pendientes de la decisión del TJUE.
Que las cuentas del Banco Popular, al menos a partir de 2012, estaban falseadas, es algo que ya ni siquiera se puede discutir, a resultas, por lo menos, del último informe de la Inspección (peritos) del Banco de España que certifica que hay un agujero en 2012 de, por lo menos, quinientos millones de euros.
Sin embargo, el eximio Abogado General de la UE (que pagamos todos) se descuelga diciendo que los accionistas del Popular deben pechar con las consecuencias de las falsedades contables, porque, de lo contrario, serían los contribuyentes quienes cargarían con las consecuencias.
Olvida el ínclito funcionario que, ahora, es una entidad privada, Banco Santander -y no el contribuyente- quien ha de afrontar las consecuencias de la litigiosidad que se deriva de su autónoma y libérrima decisión de comprar el Banco Popular por un euro, y no el contribuyente. Y quizá no sepa tampoco que el Banco Santander, en los albores de su “tan arriesgada decisión”, provisionó casi seis mil millones de euros para afrontar esa litigiosidad.
Pues bien: ahora, muy recientemente, en un Auto valiente y decidido, el Juzgado nº 2 de Primera Instancia de Pamplona nos ha dado la razón, en contra de la propuesta del Banco Santander (que pretendía procrastinar el procedimiento “ad calendas grecas”, y decide seguir adelante con el Procedimiento.
Nos encontramos pues ante una decisión que, a buen seguro, por valiente y proactiva, va a ser muy novedosa y, seguramente, poco seguida por otros colegas de esta Señoría pamplonica, porque sabido es que “donde me ponen un cómodo cojín, me siento a disfrutarlo”.
No sé cuánto va a dar de sí este asunto; pero advierto que somos muchos los abogados españoles que no estamos dispuestos a que un Abogado General de la UE, proveniente, por otra parte, del ámbito “iuspublicista”, con escasos o nulos conocimientos del Derecho Privado, del Derecho bancario y de los consumidores, venga a influir en un Tribunal, como es el TJUE, para decidir las pérdidas de miles de millones de ciudadanos españoles que se han visto burlados en su natural creencia de que las cuentas de su Banco respondía a la imagen fiel de la Compañía.
Por nuestra parte, seguiremos impulsando el Procedimiento que la Juez de Pamplona no ha consentido en aplazar, y le pediremos la correspondiente Sentencia de conformidad.
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