La denuncia fue presentada pocas horas después de producirse el escándalo por la contabilización de un voto a favor que, por error, emitió telemáticamente el diputado Alberto Casero, del Partido Popular, con el que salió adelante la reforma por 175 a favor y 174 en contra. Foto: Congreso
El PP recurre ante el TC el ‘atropello’ de la votación de la reforma laboral
La denuncia sobre la votación de la reforma laboral ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid
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11/2/2022 15:53
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Actualizado: 11/2/2022 16:13
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El Grupo Popular y el diputado Alberto Casero han presentado sendos recursos de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) tras el «atropello democrático» que se cometió en la votación de la reforma laboral que se celebró en el Pleno del Congreso el pasado 3 de febrero, que salió adelante, por 175 frente a 174, por la contabilización de un voto a favor que, por error, emitió telemáticamente Casero.
Así lo ha informado hoy la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. Alegan vulneración del artículo 23.1 de la Constitución, «al impedir, advertido con carácter previo y conforme al Reglamento, que el voto fuera conforme a su voluntad, alterando la voluntad mayoritaria de la Cámara».
Este diputado alegó que se había producido un error informático al emitir el voto telemático desde su casa, por lo que se desplazó al Congreso, pero no le dejaron entrar en el hemiciclo.
Cuca Gamarra ha denunciado, en declaraciones a Europa Press, que «se conculcó el derecho» de Casero, que avisó con «carácter previo» de lo que había pasado con la votación telemática. La reforma laboral salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra.
El PP ha formalizado la presentación de estos recursos antes de conocer el informe de los letrados del Congreso, que concluyen que el voto de Casero en favor de la reforma laboral fue válido, que no cabía su revocación aunque él se equivocara y descartan que haya habido un fallo del sistema informático.
Gamarra ha criticado que más de una semana después de esa votación de la reforma laboral aún no se haya reunido la Mesa del Congreso, pero «sí se filtre de manera interesada» por la Cámara ese informe de los letrados. «Aquí todo vale y lo que demuestra es que se está deteriorando la calidad democrática en nuestro país», ha sentenciado.
Advierte que el PP va a llegar «hasta el final» con este asunto porque se trata de que el ejercicio del derecho a voto de un diputado «sea conforme a su voluntad» e insisten en que en este caso eso se ha «vulnerado» a pesar de que lo advirtió previamente.
También manifiesta que en «este atropello democrático» ha «quedado claro» que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ha estado «al servicio de los intereses del PSOE, y no de los intereses de los españoles».
Asimismo, ha criticado que se haya publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la ley de la reforma laboral sin esperar a que se resolviera lo ocurrido con el voto de Casero, como había pedido su grupo parlamentario. Por eso, el PP ha dado el paso de recurrir ante el TC.
LA DENUNCIA PRESENTADA POR UN PARTICULAR HA RECAÍDO EN EL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN 22 DE MADRID
El Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, del que es titular Patricia Jiménez-Alfaro Esperón, ha recibido por reparto la denuncia por la presunta comisión de delito informático presentada por un particular -un abogado- a raíz de esta votación de la reforma laboral.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción 47 de Plaza de Castilla, Adolfo Carretero, que se encontraba de guardia cuando fue presentada la denuncia, la admitió a trámite, y la remitió al Decanato de los Juzgados para que se repartiera al Juzgado de Instrucción que correspondiera y decida si continuar adelante con la denuncia o archivarla definitivamente.
LOS LETRADOS DEL CONGRESO DAN POR VÁLIDO EL VOTO DE CASERO, AUNQUE SE EQUIVOCARA, Y DESCARTAN EL ERROR INFORMÁTICO
Los letrados del Congreso han concluido que el voto de Alberto Casero fue válido y no cabía su revocación aunque él se equivocara, y descartan que haya habido un fallo del sistema informático.
En el informe remitido a la Mesa señalan que el voto telemático se regula por una resolución de Presidencia de 2012, la que determinaba que debía haber comprobación telefónica con el diputado, pero indican que el sistema cambió en 2020 a raíz del confinamiento por la pandemia y la generalización del voto desde casa. Desde entonces, la comprobación se hace mediante la aplicación informática habilitada para los diputados y la introducción de su usuario y contraseña en la intranet de la Cámara.
Su conclusión es que el sistema funcionó el día de la votación de la reforma laboral, se acogieron a él 14 diputados y nadie se quejó de fallo informático, y que, por tanto, el voto de Casero, aunque se equivocara en la convalidación del decreto ley y en otras dos votaciones, debe darse por válido.
Frente a la tesis del PP, manifiestan que el procedimiento de voto telemático «no resultó violentado», sino que el diputado ejerció su derecho a voto «de forma correcta y plena». En un informe más técnico que completa el dictamen jurídico se detalla a qué hora entró Casero en la intranet, cuándo emitió su voto y a que hora le salió el justificante. Y recoge que Casero comprobó hasta cinco veces su voto en los cinco minutos siguientes a que viera el comprobante. Debió de ser ahí cuando se dio cuenta de su error.
Descartado el fallo informático, los letrados subrayan que no había opción a revocar el voto ni a cambiarlo por la votación presencial, como exigía el PP. Sostienen que no cabe una «segunda oportunidad» para quien se haya equivocado al votar desde casa, así como que «no se dan las circunstancias que hubieran justificado la anulación» del voto telemático de Casero.
«Respetando el informe de los letrados, es claro que en el escrito de autorización del voto telemático indicaba que era necesario cumplir con los parámetros de la confirmación telefónica y acuerdo de la Mesa, lo cual se incumplió», ha manifestado el portavoz del PP en la Comisión de Justicia del Senado, Fernando de Rosa Torner, magistrado en servicios especiales, preguntado al respecto por este diario.
«Ni la presidenta ni los letrados pueden interpretar de forma restrictiva los derechos del parlamentario», sentencia.
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