Las cuatro asociaciones judiciales mayoritarias, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI), han llegado a una serie de acuerdos en su Primer Congreso Interasociativo, celebrado el 10 y 11 de febrero en Albacete, para «mejorar las condiciones profesionales» de jueces y magistrados como requisito imprescindible «para ofrecer a la ciudadanía la Justicia que se merece».
En un comunicado conjunto, difundido hoy, destacan que «como sucede en otros ámbitos, una Justicia de calidad descansa sobre el trabajo de profesionales responsables y comprometidos, para lo que son necesarias condiciones de trabajo adecuadas al nivel de excelencia que se exige a cada profesional».
En primer lugar, las asociaciones reclaman el desarrollo normativo de su carrera profesional para que los jueces y magistrados puedan «mantener durante toda su vida profesional el grado de motivación imprescindible para que nuestra Justicia tenga la calidad que requiere un Estado social y democrático de Derecho».
Ello exige, según afirman, acabar con el actual colapso en el ascenso de juez a magistrado, aumentar el número de unidades judiciales, mejorar la objetividad de los nombramientos discrecionales (que deben ser verdaderamente motivados) y dar cumplimiento a los Planes de Igualdad aprobados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en particular en cuanto a la realización de los estudios necesarios para analizar las causas de la menor participación de las juezas y magistradas en los procesos selectivos para cargos discrecionales.
Piden nuevamente que la planta judicial se adecúe a la ratio europea de número de jueces por habitantes, mediante una adecuada planificación de las convocatorias de oposiciones, «como modo de acabar con la actual sobrecarga de los juzgados».
También promoverán las modificaciones normativas precisas y exigirán los cambios necesarios para poner fin a la «precarización» de las nuevas promociones de jueces, y para mejorar las condiciones de jubilación de jueces y magistrados.
Frente a la precarización de las nuevas promociones, señalan que es imprescindible mantener el sistema público de becas para opositores a la Carrera Judicial; modificar la estructura del curso de formación inicial en la Escuela Judicial; suprimir la fase de sustitución y refuerzo; eliminar la figura del juez en expectativa de destino; exigir al CGPJ que, en tanto se deroga la posibilidad legal que ahora tiene de no sacar a concurso plazas vacantes, «cumpla con su obligación legal de transparencia» en cuanto a las plazas que oferta y las que no, y cuáles están vacantes en cada momento (mediante un mapa permanentemente actualizado y accesible en su web); y diseñar un plan de formación continua específico para los jueces/as durante sus primeros años de ejercicio.
Las asociaciones también estudiarán en profundidad las debilidades del sistema de clases pasivas y del régimen de la Seguridad Social en cuanto a la jubilación de los miembros de la Carrera Judicial, identificando puntos de mejora (en particular, en las condiciones de acceso a la jubilación).
Reclaman que se elimine la diferencia entre ambos sistemas en cuanto a la pensión máxima a percibir. Y, teniendo en cuenta la especificidad de jueces y magistrados – que dependen del CGPJ para ciertas cuestiones y del Ministerio de Justicia para otras – exigen que se tenga en cuenta dicha especialidad en la regulación de los planes de pensiones promovidos por la Administración Pública, actualmente en fase de elaboración.
Asimismo, exigen que se cumpla la ley para proteger la salud de jueces y magistrados y para que se garantice su derecho a la conciliación personal y familiar mediante, al menos, las siguientes actuaciones: fijando (incluso mediante un sistema provisional) las cargas máximas para que el trabajo se desarrolle sin daño para la salud; garantizando que la distribución de competencias entre el Ministerio de Justicia y Comunidades Autónomas «no signifique que nadie se hace responsable de proteger la salud de jueces y magistrados»; adaptando las cargas de trabajo a las medidas de conciliación familiar, «sin que ello se haga a costa de los demás jueces»; que se establezcan criterios uniformes para la concesión de los permisos y licencias en materia de conciliación; y regulando debidamente el teletrabajo para adaptarnos a la situación actual.
Además, las asociaciones reclaman una revisión integral del marco retributivo de la Carrera Judicial para recuperar la «desproporcionada pérdida de capacidad adquisitiva que de manera permanente viene sufriendo la Carrera desde 2010». Exigen que se cumpla la Ley de Retribuciones en cuanto a la convocatoria de la Mesa de Retribuciones, que «no se reúne desde 2008 pese a que, según la ley, debe hacerlo cada 5 años», y el pago íntegro de las retribuciones variables, que nunca se ha producido.
Próximamente irán ejecutando este programa de actuación y evaluarán sus resultados antes del verano.
Por último, manifiestan que la colaboración entre asociaciones ayuda a identificar mejor los puntos de mejora de nuestro sistema judicial. Por ello, su intención es celebrar el II Congreso Interasociativo a comienzos de 2023.
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