Ha sido firmado esta mañana, en la sede del Ministerio, por la ministra de Justicia, Pilar Llop, y la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
El Ministerio de Justicia y la Fiscalía suscriben un convenio que llevará a la creación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
"Es un compromiso del Ministerio para garantizaros los que no son más que vuestros derechos", dice Llop a los fiscales
|
21/2/2022 17:04
|
Actualizado: 23/2/2022 09:30
|
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, han suscrito esta mañana un convenio de colaboración en materia de prevención de riesgos laborales para «impulsar» las medidas adecuadas para garantizar la protección de quienes integran la Carrera Fiscal.
Un avance para los derechos de los fiscales, ha destacado Delgado.
Este convenio dispone la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que «contemple las especificidades de los integrantes del Ministerio Fiscal y su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».
Como consecuencia de la firma de este convenio, el Ministerio de Justicia dotará a la Fiscalía de los recursos necesarios para la evaluación de los riesgos de los miembros de la Fiscalía; la creación de una sección específica del Servicio de Prevención, que contará con personal técnico y administrativo y que estará en la sede de la Fiscalía; y la puesta en marcha de la Comisión de Seguridad y Salud en el Ministerio Fiscal.
También, la adecuada vigilancia de la salud de los fiscales mediante revisiones médicas periódicas y voluntarias; la adaptación de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta las características personales, estado biológico conocido, diversidad funcional psíquica, física o sensorial o situación transitoria de los miembros de la carrera fiscal, incluyendo a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos y en prácticas, así como a los fiscales
sustitutos; y la constitución de una Comisión de Seguimiento, integrada por las partes firmantes y a la que podrán asistir los representantes del Ministerio Fiscal designados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, una vez constituida esta última.
La firma del convenio ha tenido lugar esta mañana en la sede del Ministerio de Justicia. Al acto han asistido el fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral y presidente de la Comisión de Prevención de Riesgos Laborales, Félix Pantoja, la fiscal delegada de Relaciones Institucionales, Esmeralda Rasillo, el fiscal de sala jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro García, el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, el secretario general para la innovación y calidad del servicio público de Justicia, Manuel Olmedo, y la directora general para el servicio público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.
En su intervención, la ministra de Justicia ha señalado que este convenio supone un avance en derechos de la carrera fiscal. Según Llop, es un «ejemplo palpable de la cogobernanza entre instituciones»
«Como ministra, estoy convencida de que tenemos que cuidar a nuestros profesionales y reforzar derechos fundamentales como la protección de la maternidad, la salud profesional, incapacidades, descanso y conciliación corresponsable, cuestiones relativas a la seguridad social y al sistema de prevención de riesgos, y a la formación”, ha manifestado.
Además, ha hecho alusión al compromiso presupuestario de la cartera que dirige en esta etapa de la legislatura: De 757.360 euros en 2017 se ha pasado a 1.639.700 euros para 2022. “En estas cantidades se han imputado las distintas modalidades de gasto que comprende la prevención de riesgos laborales tales como la vigilancia de la salud, planes de emergencia, planes de autoprotección, evaluaciones de riesgos para los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia en territorio Ministerio, para el cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia y de Fiscales”, ha explicado Llop.
La Fiscalía General del Estado ha indicado en un comunicado que este convenio supone «un paso trascendental para la seguridad y salud» de los fiscales mediante la implantación de un plan de prevención adaptado a las peculiaridades de su trabajo y de los riesgos específicos e inherentes a la función constitucional que el Ministerio Fiscal desempeña.
LA APIF AFIRMA QUE SE HA SUSCRITO ESTE CONVENIO POR LA DEMANDA QUE PRESENTÓ
Desde la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han celebrado el acuerdo suscrito y han asegurado en su cuenta de Twitter que es una «muy buena noticia para los fiscales».
Para la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), «no hay ninguna duda de que la instauración de un sistema de prevención de riesgos para el Ministerio Fiscal, que llega con un retraso de 27 años, obedece a la demanda que esta asociación interpuso en dos ocasiones el año pasado, actualmente pendiente de sentencia, según ha señalado a Confilegal su presidente, Salvador Viada.
«No podemos olvidar tampoco que en el juicio tanto el Ministerio como la Fiscalía se opusieron a una demanda que les pedía lo mismo que ahora reconocen que no teníamos, al igual que la Unión Progresista de Fiscales», apunta Viada.
El presidente de la APIF manifiesta que aunque el convenio «tiene defectos muy graves» según se desprende del borrador que la Fiscalía remitió a las asociaciones hace un par de meses, «es un comienzo y desde luego es mejor que la nada que teníamos hasta ahora».
A la demanda de la APIF se adhirió la Asociación de Fiscales (AF). Ambas asociaciones han pedido la Audiencia Nacional que se declare que no existe un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera, mientras que la UPF se opuso a la nulidad del Manual de Riesgos Laborales de 2014 hasta que se aprobase un plan específico para la Fiscalía.
La AF considera que «el proyecto presentado por el Ministerio de Justicia, en colaboración con la Fiscalía, era deficitario y no regulaba todos los aspectos interesados por esta asociación», por lo que en su día presentó propuestas de mejora de dicho plan instando a la aprobación de un plan específico de prevención de riesgos laborales solo para los fiscales, en el que no se les considerase como funcionarios del Ministerio de Justicia, sino como miembros de una institución de relevancia constitucional y con personalidad jurídica propia.
La AF desconoce si las mejoras concretas propuestas por su asociación se han tomado en consideración en el texto definitivo, puesto que se les ha remitido un comunicado, no el texto íntegro.
COMUNICADO DE LA APIF SOBRE LA OBLIGACIÓN DE ABSTENCIÓN DE LA FGE EN DETERMINADOS ASUNTOS
Por otra parte, la APIF ha difundido hoy un comunicado en el que señala que «ante la proliferación de denuncias cruzadas y de diversas fuerzas políticas en relación con los hechos que han afectado al Partido Popular estos últimos días», en su opinión, la fiscal general del Estado, «de quien todos recordamos el entusiasmo con el que defendía hace poco más de un año las posiciones políticas del PSOE y el encono con el cual denostaba a la oposición, debería abstenerse de intervenir como Jefe del Ministerio Público, a fin de no perjudicar el prestigio de la institución, en todas las causas penales que de manera directa o indirecta puedan suponer un perjuicio o beneficio al PSOE, el partido al que es afín la fiscal general».
La APIF añade que la Fiscalía tiene recursos para suplir la actuación de la fiscal general en este momento a través de una profesional de gran categoría como es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, «no contaminada por razones políticas».
«Reiteramos, como hicimos cuando la actual fiscal general del Estado fue nombrada, que esta necesidad de abstención en numerosas causas en las que interviene la Fiscalía deriva de que la apariencia de imparcialidad de la fiscal general, cualidad necesaria para tan alto cargo, está comprometida por su actuación anterior y singularmente por su condición de Ministra de Justicia en fechas inmediatamente anteriores a su nombramiento», concluye.
Noticias Relacionadas:
