El presidente de la APIF, Salvador Viada, señala que la UPF "se ha colocado en una posición difícil, porque al haber sido beneficiada de manera escandalosa por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en materia de nombramientos, ha abandonado reivindicaciones que ha hecho durante muchos años a fin de no incomodar a quienes les están favoreciendo".
La APIF insiste en que hace falta un plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales
Agradece a la AF que se haya adherido a su demanda y critica la postura de la UPF, "que se opone a la estimación de la misma"
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31/1/2022 09:50
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Actualizado: 31/1/2022 15:48
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Salvador Viada, presidente de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), insiste en que «hace falta un plan de prevención de riesgos laborales para los fiscales».
«La ausencia del mismo afecta a las cargas de trabajo, a la protección de las fiscales embarazadas y a la prevención de los accidentes cardiovasculares con todas las consecuencias que ello tiene», señala a Confilegal.
Además, la APIF reclama que la Fiscalía tenga presupuesto propio para riesgos laborales, dietas, formación y retribuciones. Y destaca que el artículo 72 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF) lo prevé desde hace 15 años.
La Audiencia Nacional (AN) acogió el pasado 19 de enero la vista de la demanda que la APIF interpuso contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las 10 comunidades autónomas con competencia en Justicia transferida por la ausencia de un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera Fiscal.
La APIF informó la semana pasada a la Carrera en un comunicado sobre lo que ocurrió en el juicio, y ahora lo aborda en Confilegal su presidente.
En la vista comparecieron como interesadas la Asociación de Fiscales (AF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF). Asistieron dos abogados del Estado, 10 letrados autonómicos y tres abogados por las asociaciones de fiscales, uno por cada asociación.
La APIF solicitó al tribunal que declare que no existe un plan de prevención de riesgos laborales y obligue a los demandados a la elaboración de un plan adecuado para esta Carrera.
La AF se adhirió a la demanda y pide que se declare que no existe dicho plan, mientras que la UPF se opone a la nulidad del Manual de Riesgos Laborales de 2014 hasta que se apruebe un plan específico para la Carrera Fiscal.
«La AF se adhirió a la demanda, dando así fuerza a nuestra pretensión en un gesto muy importante que agradecemos. La UPF, en cambio, se opuso, sostiendo que ya tenemos un Plan en el Ministerio y que los fiscales no saben utilizarlo», señala Viada, y critica la postura de la UPF, «que se opone a la estimación de la demanda».
Viada señala que la UPF «se ha colocado en una posición difícil, porque al haber sido beneficiada de manera escandalosa por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en materia de nombramientos, ha abandonado reivindicaciones que ha hecho durante muchos años a fin de no incomodar a quienes les están favoreciendo».
En todo caso, la APIF informa que el fiscal de Sala de Siniestralidad Laboral, Félix Pantoja, elegido por la Fiscalía General del Estado para presidir la Comisión de Riesgos Laborales y miembro de la UPF, reconoció en un correo electrónico enviado el 26 de febrero de 2021 a los miembros de dicha Comisión, «incluida la anterior presidenta de la UPF», Teresa Peramato, que este derecho a la protección de los riesgos laborales, los fiscales no lo tienen reconocido, en las singularidades que el trabajo de los fiscales tiene, respecto del resto de los trabajadores del sector público al que pertenecen, por lo que destacaba que siempre ha sido y es necesario tener un plan de prevención y un servicio de prevención propio y ajustado al servicio público que, como trabajadores, prestan.
Según indica la APIF, Pantoja señaló en ese correo que la insistencia, y empeño que mantienen en la Comisión es que ambas instituciones concernidas doten a los fiscales de los instrumentos jurídicos necesarios para poder tener la protección legal que les corresponde, y añadía que este es el objetivo de la Comisión.
Viada señala que la UPF «se ha colocado en una posición difícil, porque al haber sido beneficiada de manera escandalosa por la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en materia de nombramientos, ha abandonado reivindicaciones que ha hecho durante muchos años a fin de no incomodar a quienes les están favoreciendo».
«¿Servilismo o estulticie?», se pregunta sobre la postura de la UPF el expresidente de la APIF Juan Antonio Frago, quien el pasado mes de septiembre se pasó al ejercicio libre de la Abogacía y junto a la letrada Verónica Suárez García fundó un despacho que ejerce la representación de esta asociación en los asuntos judiciales.
La APIF presentó la primera demanda sobre este tema bajo la presidencia de Frago, a quien en septiembre relevó al frente de la asociación Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo. En octubre, la Audiencia Nacional acogió la vista de dicha demanda, y ante las excepciones procesales planteadas por la Abogacía del Estado y la UPF, la APIF decidió desistir de aquella demanda a fin de interponerla también contra las Comunidades Autónomas, y presentó la nueva demanda el 30 de noviembre.
«¿Por qué Policía Nacional o Guardia Civil tienen sus propios planes de prevención de riesgos laborales y «no les vale uno genérico del Ministerio del Interior»? ¿Por qué no vale un plan PRL para Guardia Civil y CNP? Porque aunque se parezcan (son fuerzas policiales) tienen diferencias (tienen servicios distintos, se constituyen en sitios distintos, etc.). Si algo tan simple es incapaz de entrar en la cabeza de una asociación de fiscales (en este caso por establecerse claramente en el art. 3 y 4 del RD 67/2010 y el Anexo I letras d) y e) (igual que los jueces y magistrados tienen el suyo propio y no «vale un plan del Ministerio y a correr») es o porque se ignora abiertamente el derecho, y la más elemental lógica, o, directamente, se actúa con servilismo hacia la Administración y a espaldas de su carrera», señala Frago.
«Quizás en un tiempo próximo, la UPF, que es necesaria en la Fiscalía, retome el camino de la defensa de los fiscales», dice Salvador Viada.
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