La APIF ha pedido a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que se abstenga de intervenir como jefa del Ministerio Público "en todas las causas que supongan directa o indirectamente un perjuicio o beneficio al PSOE".
La Fiscalía Anticorrupción abre una investigación por el contrato de mascarillas vinculado al hermano de Ayuso
A raíz de las denuncias presentadas por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid
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22/2/2022 12:45
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Actualizado: 22/2/2022 12:59
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La Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a raíz de las denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid.
Unidas Podemos considera que Tomás Díaz Ayuso medió con el Gobierno regional y que consiguió una «comisión» por ello. El PSOE entiende que con ese contrato para la compra de mascarillas en lo más duro de la pandemia pudo haberse cometido «tráfico de influencias» y «malversación de caudales públicos»; y Más Madrid señala en su denuncia que podría haber «cohecho» y «tráfico de influencias».
La presidenta de la Comunidad de Madrid aclaró el pasado viernes que su hermano cobró 55.000 euros más IVA de la empresa Priviet Sportive no por obtener un contrato con la Administración regional, sino por el cobro de las gestiones realizadas para conseguir el material sanitario en China y su traslado a Madrid. Ayuso entregó ayer documentación al respecto a Anticorrupción.
El fiscal jefe de la Fiscalía Anticorrupción Alejandro Luzón Cánovas, explica en el decreto por el que se incoan diligencias de Investigación que las tres denuncias se limitan a solicitar de la Fiscalía Especial la incoación de diligencias de Investigación conducentes al esclarecimiento de los hechos en ellas relatados, «en las que, si bien no se terminan de formular imputaciones concretas, sí se expresan claras reservas sobre la legalidad de la adjudicación y del papel que en ella habría desempeñado el hermano de la Presidenta de la Comunidad de Madrid».
Señala que pese a esta falta de concreción, sí resulta procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados. «Y ello, en primer lugar, por la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución, conforme a sus arts. 103 y 106; en segundo lugar, por la indiscutible trascendencia social del contexto en el que tienen lugar los hechos descritos en las denuncias, que se refieren a la, sin duda, necesaria y urgente compra de mascarillas en un momento singularmente difícil para la población madrileña», expone.
El fiscal expone que esta inicial indagación no puede llevarse a cabo sin la previa incoación de diligencias de investigación penal, imperativa cuando se recibe noticia de la comisión de hechos que pudieran tener relevancia penal, aunque los mismos no estén perfilados.
Por lo que se refiere a la presidenta de la Comunidad de Madrid, aforada ante el Tribunal Supremo, los denunciantes proponen distintas hipótesis sobre su eventual participación en presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios.
Estas hipótesis, explica el fiscal, se sustentan en una secuencia de hechos que, en estos momentos, no permiten acordar la remisión a la Fiscalía del Tribunal Supremo, pues no constituyen “indicios razonablemente verosímiles de la realización del hecho investigado, de su carácter delictivo y de la responsabilidad en el mismo de la persona aforada”, en el sentido que exige la Consulta 1/2005 de la Fiscalía General del Estado, sobre competencias de las Fiscalías para tramitar Diligencias de Investigación que afecten a personas aforadas.
A la vista de que los hechos denunciados pudieran llegar a ser constitutivos de delitos que resultan de la competencia de esta Fiscalía Especial y apreciando en los hechos una especial trascendencia, Luzón acuerda la incoación de las correspondientes diligencias de Investigación.
LA APIF RECLAMA QUE DELGADO SE ABSTENGA
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) ha reclamado que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, «de quien todos recordamos el entusiasmo con el que defendía hace poco más de un año las posiciones políticas del PSOE y el encono con el cual denostaba a la oposición», se abstenga de intervenir como jefa del Ministerio Público «en todas las causas que supongan directa o indirectamente un perjuicio o beneficio al PSOE, el partido al que es afín la fiscal general, para que no se perjudique el prestigio de la institución».
La APIF señala que la Fiscalía tiene recursos para suplir la actuación de la fiscal general a través de una profesional de gran categoría como es la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde, «no contaminada por razones políticas».
«Reiteramos, como hicimos cuando la actual fiscal general del Estado fue nombrada, que esta necesidad de abstención en numerosas causas en las que interviene la Fiscalía deriva de que la apariencia de imparcialidad de la fiscal general, cualidad necesaria para tan alto cargo, está comprometida por su actuación anterior y singularmente por su condición de ministra de Justicia en fechas inmediatamente anteriores a su nombramiento», concluye.
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