El Tribunal de Cuentas ha corregido este lunes la decisión que adoptó en octubre de 2021 y ha aceptado finalmente los avales públicos del Instituto Catalán de Finanzas (ICF) presentados por excargos del gobierno catalán para afrontar la fianza de 5,4 millones de euros que les fue impuesta por su responsabilidad contable por el presunto uso irregular de fondos para la acción exterior -las ‘embajadas catalanas’ y el Diplocat-.
Los excargos afectados por esta decisión, entre los que se encuentran los expresidentes Carles Puigdemont y Artur Mas, y el exvicepresidente Oriol Junqueras, evitan de esta manera el embargo de sus bienes, que ya había sido acordado por la instructora, pero que nunca llegó a ejecutarse, según confirman fuentes de la defensa a Europa Press.
El fallo de este lunes, indican fuentes del tribunal, va en contra del criterio que siguió en octubre de 2021 por la delegada instructora Esperanza García Moreno, cuando rechazó los 28 avales del ICF, dependiente de la Generalitat de Cataluña, presentados para cubrir su parte de la fianza. La votación ha dividido a la sala, y de hecho cuenta con un voto particular contrario a la decisión.
CONDUCTA DOLOSA
La delegada instructora en octubre señalaba que «atendiendo a la coherencia del sistema de indemnidad del agente público», y a la interpretación de las normas jurídicas conforme al artículo 3 del Código Civil, «el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos de las conductas dolosas o marcadas por actos realizados con negligencia o culpa grave no puede quedar legalmente amparado».
Y añadía que «en relación con el contexto, cuyo ámbito no puede desligarse del sistema de responsabilidad judicial, penal y contable existente en nuestro Ordenamiento Jurídico y en el propio objeto del Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, cabe concluir que el afianzamiento mediante aval garantizado con fondos públicos (…) no puede quedar legalmente amparado».
En el marco de su argumento, citaba también el Régimen Jurídico del Sector Público, que «no contempla que se pueda proceder, en ningún caso, a dar cobertura pública al patrimonio privado de las personas al servicio de la Administración que hubieran obrado con dolo, o culpa o negligencia grave en la generación del daño, sea este ocasionado a aquella o a terceros».
LA COMPOSICIÓN DE LA SALA
La Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas que hoy ha decidido sobre los avales está conformada por tres consejeros: Rebeca Laliga (presidenta de la Sección de Enjuiciamiento), María del Rosario García Álvarez (consejera titular del Departamento Primero) y Diego Íñiguez Hernández (consejero titular del Departamento tercero). Laliga fue propuesta por el PP, mientras que los otros dos por el PSOE, y sus nombramientos fueron aprobados por tres quintos de las Cortes.
Ahora, toda vez que se ha producido esta deliberación y fallo, se ha decidido que sea la consejera del Departamento Primero de Enjuiciamiento, María del Rosario García, quien se encargue de redactar el auto en los términos acordados por la Sala.
Se da la circunstancia de que la decisión de la instructora sobre los avales se produjo días antes de que el PP y el PSOE llegaran a un acuerdo para renovar el órgano de fiscalización. De hecho, la Sala de Justicia que ha decidido sobre los avales del ICF no es la misma que había cuando la instructora acordó rechazar que se cubrieran esas fianzas con fondos públicos.
