Y considera que no existe razón alguna por la que los miembros del Ministerio Público deban tener un plan de prevención distinto del elaborado por el Ministerio de Justicia. Foto: Carlos Berbell/Confilegal
La AN desestima la demanda de la APIF contra la FGE, el Ministerio y las CC. AA. para la adopción de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales
Señala que la obligación de planificar la actividad de prevención de los riesgos laborales de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde al Ministerio
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28/2/2022 15:37
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Actualizado: 03/10/2022 13:10
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La Audiencia Nacional (AN) ha desestimado la demanda presentada por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF) contra la Fiscalía General del Estado (FGE), el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas con competencia en Justicia transferida, en la que solicitaban la adopción de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales específico para el Ministerio Público.
En una sentencia de 68 páginas, los magistrados de la Sala de lo Social José Pablo Aramendi Sánchez (presidente), Emilia Ruiz-Jarabo Quemada y Ramón Gallo Llanos (ponente) exponen que la obligación de planificar la actividad de prevención de los riesgos laborales de los miembros de la Carrera Fiscal corresponde al Ministerio de Justicia, como departamento de la Administración General del Estado que asume la posición de empresario, y consideran que no existe razón alguna por la que los miembros del Ministerio Público deban tener un plan de prevención distinto del elaborado por el Ministerio.
La resolución, número 22/2022, fue dictada el 21 de febrero y ha sido notificada hoy. Contra la misma cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
La APIF está estudiando las eventuales acciones jurisdiccionales que pueden caber contra la desestimación de su demanda, según ha señalado a Confilegal su presidente, Salvador Viada. En su opinión, «los fiscales siguen sin tener un sistema de prevención de riesgos laborales, de manera que la administración sigue sin cumplir su obligación».
La Asociación de Fiscales (AF) también está valorando el contenido de la sentencia y las posibles acciones que cabría interponer.
La APIF presentó una primera demanda contra la Fiscalía y el Ministerio en junio de 2021, bajo la presidencia de Juan Antonio Frago en la APIF, a quien en septiembre relevó al frente de la asociación Viada, fiscal del Tribunal Supremo.
En octubre decidió desistir de ella a fin de interponerla también contra las Comunidades Autónomas. La segunda la presentó el 30 de noviembre, y al no haber avenencia en el acto de conciliación, se celebró la vista oral, que tuvo lugar el 19 de enero.
A la demanda se adhirió la AF, la mayoritaria en la Carrera Fiscal. Ambas asociaciones pidieron a la AN que se declarara que no existe un plan de prevención de riesgos laborales en la Carrera, mientras que la UPF se opuso a la nulidad del Manual de Riesgos Laborales de 2014 hasta que se aprobase un plan específico para la Fiscalía.
LA ARGUMENTACIÓN DE LA AN
La AN manifiesta que «lejos de hacer valorar supuestos incumplimientos concretos», lo que «pretende» la APIF es que la Sala «haga un juicio valorativo del nivel de protección» del que gozan los miembros de la Carrera Fiscal.
A este respecto, señala que la controversia no se centre en un conflicto determinado, «lo que resulta rayano en la falta de acción». La APIF pretendía con su demanda obtener un pronunciamiento judicial que declarase que los fiscales «carecen» de «protección real y efectiva en materia de riesgos laborales».
El tribunal asegura que el departamento que dirige Pilar Llop «ha acreditado las gestiones que ha efectuado en desarrollo del Plan de Prevención aprobado para velar por la Seguridad y Salud de los miembros de la Carrera Fiscal».
Así las cosas, afirma que «no cabe deducir» que exista «una situación de desprotección por parte de los miembros del Ministerio Fiscal». «Al respecto resulta palmario que no se haya acreditado siquiera un único caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional de un miembro del Ministerio Fiscal que traiga causa de un incumplimiento de la legislación en materia de prevención riesgos laborales por parte del Ministerio de Justicia», apuntan los magistrados.
La APIF solicitó a la Audiencia Nacional que condenase a las administraciones demandadas a «adoptar el plan de prevención de riesgos laborales para la Fiscalía y todos los fiscales que trabajan en la misma, contratando en el plazo de dos meses a una empresa con solvencia técnica suficiente para afrontar este cometido».
Instaba a que se declarase que los demandados incumplieron sus obligaciones con los miembros de la Carrera Fiscal «al no proveer de los instrumentos legales de prevención de riesgos laborales establecidos por las leyes, comprometiendo así la seguridad y salud de los fiscales en su trabajo».
La Audiencia Nacional incide en que «la posición de acreedor de la deuda de seguridad y salud de los miembros de la carrera Fiscal le incumbe al Ministerio de Justicia». Respecto a las comunidades autónomas con competencias transferidas, recuerda que «sus deberes en materia de prevención respecto de personal no trasferido se circunscriben a las previstas en el artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, entre las cuales no prevé la planificación de la actividad preventiva».
La AN estima la falta de legitimación de la APIF asegurando que «no resulta admisible que una asociación profesional realice peticiones colectivas que puedan proyectarse sobre intereses profesionales diferentes de los que es susceptible de defender».
EL MINISTERIO Y LA FISCALÍA SUSCRIBEN UN CONVENIO QUE LLEVARÁ A LA CREACIÓN DE UN PLAN DE RIESGOS LABORALES
La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, y la ministra de Justicia, Pilar Llop, suscribieron la semana pasada un convenio de colaboración en materia de prevención de riesgos laborales para «impulsar» las medidas adecuadas para garantizar la protección de quienes integran la Carrera Fiscal.
Este convenio dispone la implantación de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales que «contemple las especificidades de los integrantes del Ministerio Fiscal y su derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo».
Para la APIF, «no hay ninguna duda de que la instauración de un sistema de prevención de riesgos para el Ministerio Fiscal, que llega con un retraso de 27 años», obedece a su demanda
Como consecuencia de la firma de este convenio, el Ministerio de Justicia dotará a la Fiscalía de los recursos necesarios para la evaluación de los riesgos de los miembros de la Fiscalía; la creación de una sección específica del Servicio de Prevención, que contará con personal técnico y administrativo y que estará en la sede de la Fiscalía; y la puesta en marcha de la Comisión de Seguridad y Salud en el Ministerio Fiscal.
También, la adecuada vigilancia de la salud de los fiscales mediante revisiones médicas periódicas y voluntarias; la adaptación de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta las características personales, estado biológico conocido, diversidad funcional psíquica, física o sensorial o situación transitoria de los miembros de la Carrera Fiscal, incluyendo a los alumnos del Centro de Estudios Jurídicos y en prácticas, así como a los fiscales sustitutos; y la constitución de una Comisión de Seguimiento, integrada por las partes firmantes y a la que podrán asistir los representantes del Ministerio Fiscal designados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, una vez constituida esta última.
Para la APIF, «no hay ninguna duda de que la instauración de un sistema de prevención de riesgos para el Ministerio Fiscal, que llega con un retraso de 27 años, obedece a la demanda que esta asociación interpuso en dos ocasiones el año pasado.
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