De medios y leyes: la huida de la Administración de Justicia

Todo marco teórico debe idearse con respeto a la base que proporciona un conocimiento suficiente y esencial de los asientos prácticos del problema que se trata de abordar, el de la Administración de Justicia. Los edificios, las estructuras arquitectónicas, se levantan sobre cimientos no sobre tejados.

Podrá parecer evidente, pero no lo es: sin comprender que el suelo permite el cielo y que este último sólo se alcanza con sumisión al principio de gravedad, el fracaso está garantizado.

En las últimas décadas, la Administración de Justicia ha pecado, principalmente, del defecto anterior. Hemos querido construir un marco teórico (normativo) de adaptación de la realidad judicial al progreso social, económico y, sobre todo, tecnológico, sin entender que antes que cualquier modificación legal o reglamentaria, por mínima que sea, es imprescindible evaluar la tangibilidad de las prestaciones materiales y personales con las que, más tarde, se dará cobertura a los nuevos servicios integrados en la redefinición del espacio regulatorio creado o transformado.

Prueba de ello fue la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, que modificó radicalmente cuestiones de gran trascendencia como el sistema de recursos extraordinarios obviando la preliminar reforma que se exigía del diseño y la organización jurisdiccional.

Hoy, más de veinte años después, la Disposición final 16ª, sigue ordenando la regulación de la casación y la infracción procesal.

Más de veinte años de transitoriedad, consecuencia todos ellos de la omisión del valor de los medios en su conjunción con los aspectos de normativa adjetiva.

La Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial o la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, son también buenos ejemplos de leyes inejecutadas parcialmente por la ausencia de previsión presupuestaria o, si se prefiere, de racionalización de medios.

Cada cual podrá juzgar si lo existente es suficiente para lo añadido o si, por el contrario, la mayor complejidad y ambición funcional de los textos legislativos exige, al menos, de dotaciones mínimas de refuerzo.

Al fin, la Justicia del año 2022 nada tiene que ver con la del año 2000, aunque las relaciones de puestos de trabajo sigan empleando el mismo número de funcionarios asignados.

LA GRAN REFORMA PENDIENTE

La de los medios (personales y materiales) es la gran reforma pendiente de la Administración de Justicia española.

Porque, aunque ello se intente cubrir con el brillo de los anuncios de Consejo de Ministros, o con el lenguaje economicista aplicado a la prosa legal, lo cierto, lo único verdaderamente cierto y real, es que, para aplicar el ordenamiento jurídico, el vigente, hacen falta jueces, letrados de la administración de justicia, fiscales…

También se precisan ordenadores, aplicaciones, conexiones a Internet con una velocidad razonable…

Se requieren personas y medios materiales. Pero ni unas ni otros esbozan la prioridad de los Ejecutivos que, con omisión al significado de su nominación, ejecutan poco y prelegislan mucho; ésa es la nueva misión de los Ministerios de Justicia low cost: prelegislar y no ejecutar, porque el coste de una norma es cero, y el de un nuevo órgano judicial, una plantilla adicional o nuevos dispositivos, es algo más.

No mucho más, pero sí algo más.

Y la Justicia no es una prioridad, ni siquiera para los ministerios y los ministros que se han acompañado de ella en su nombre. La Justicia, en parámetros políticos, es un pasivo de dudoso cobro, una carga, un estorbo, y por eso, desde hace más de dos décadas y hasta la actualidad, toda la actividad ministerial está orientada al juego de trile con las piezas de las leyes y los medios.

Nunca gana nadie y siempre pierden los mismos: los ciudadanos. La pieza nunca está, porque no existe.

La Justicia, con sus medios (pocos) y sus leyes (malas), aspira ya a ser un fraude confesado y visible, una filfa, una estafa, una película tan mala que abandonar la butaca se convierte en un ejercicio irresistible.

Bienvenidos sean los proyectos de reforma promovidos por el Ministerio de Justicia. Todos ellos —Eficiencia Procesal, Organizativa y Digital— son necesarios e inaplazables.

La Administración de Justicia —seamos honestos, al menos en una tribuna como esta— no soporta más.

FACTORES QUE HAY QUE TENER EN CUENTA

La litigación masiva, el incremento exponencial de asuntos en todos los órdenes jurisdiccionales, la complejidad creciente de la sociedad y la economía, y otros aspectos estructurales como la modernización tecnológica o los cambios culturales hacen ineludible el viraje prometido hacia una Justicia ágil, efectiva, y digital.

No obstante, de forma anticipada a cualquier «gran reforma» arquitectónica o de paradigma surge la necesidad inexorable de interrogarnos sobre si la base sostiene el edificio. No es una pregunta menor.

De su respuesta depende la validez de las modificaciones normativas o su fracaso como vocaciones naufragadas. Seamos realistas: la ley es un lenguaje y el Derecho sólo cobra sentido (validez) cuando se aplica.

Sin opciones tangibles de ejecutabilidad, las promesas de cambio tornarán en descalabros y la alegría por la mudanza en honda (y nueva) decepción.

Como el correcaminos y el coyote, la Justicia en España corre a una velocidad y sus medios a otra. No existe compás, ni armonía, toda sincronía es fruto de una ensoñación.

El correcaminos se pierde en el horizonte, el coyote (más lento) se arrastra agotado por la desesperación que confiere la imposibilidad.

Para eso ha quedado, eso es lo que es, la Administración de Justicia en nuestro país.

Un dibujo animado, infantil, gracioso por momentos, y siniestramente terrible por su repetición permanente, infinita. La Administración de Justicia, con sus jueces y abogados, con sus procuradores y demás profesionales, huye, huye hacia delante.

Sin fin.

En búsqueda de no se sabe qué nuevo proyecto legislativo, qué nueva gran reforma del paradigma procesal o sustantivo, para luego, una vez más, otra vez más, parar y darse cuenta de que no existe tal huida, ni ninguna búsqueda, y que los pies siguen en el mismo lugar, en la misma posición inicial de vacío y fría desatención.

Y la Justicia, que es ciega pero no estúpida, que está cansada pero no se permite la desesperanza, mira al suelo y resopla, y piensa, quizá por un momento, que si sus pies le hacen trampas sólo queda apelar a la palabra, al llamamiento a la inteligencia y al reclamo de los hechos.

Porque la Justicia son hechos, actos, compromisos, realidad…

Lo otro, lo demás: solo una huida. Mezquina y cobarde, como todas las huidas.

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