En 2021, en los juzgados especializados en cláusulas abusivas ingresaron 116.293 asuntos, un 5% más que en 2020, y se resolvieron 143.0051, un 24,42% más, dictándose 123.938 sentencias, 121.211 de ellas favorables al cliente, el 97,8%, según ha informado hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El número de asuntos pendientes de resolución experimentó un importante descenso y mantuvo la tendencia a la baja de los últimos ejercicios (103,7%). Al concluir el año, los asuntos en trámite sumaban 212.969, un 11,17% menos que en 2020.
La tasa de resolución anual experimentó un importante aumento respecto a los tres ejercicios anteriores al situarse en el 123%, en torno a 20 puntos más que la registrada el año anterior.
Desde su puesta en marcha el 1 de junio de 2017, estos órganos judiciales han recibido 713.129 asuntos y han resuelto 501.566, «lo que equivale a 7 de cada 10 asuntos (70,3 %)», destaca el CGPJ.
Los Juzgados especializados en acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física conocen de asuntos que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.
TASA DE RESOLUCIÓN POR ENCIMA DEL 100%
Durante 2021 se ha situado por encima del 100% prácticamente en todos los territorios, a excepción de Asturias, Castilla y León, Madrid y País Vasco. Asimismo, en numerosas Comunidades Autónomas la tasa de resolución ha mejorado con respecto a 2020, siendo muy notable la evolución experimentada en la Comunidad de Madrid, donde ha pasado del 28,4% en 2020 al 83,5% en 2021.
La tasa de resolución es el cociente entre los asuntos resueltos y los ingresados en un determinado periodo y pone en relación el volumen de ingreso con la capacidad resolutiva de los juzgados.
Según los datos recopilados por la Sección de Estadística del CGPJ, por encima de la tasa nacional (123%) se han situado diez territorios: Cataluña, con una tasa del 179,3%, Extremadura (178,9%), Comunidad Valenciana (153,8 %), Murcia (148,3%), Aragón (147,3%), La Rioja (139,2%), Andalucía (138,8%), Canarias (136,6%), Baleares (134,2%) y Cantabria (124,2%).
Por debajo de la tasa nacional se situaron Castilla-La Mancha (118%); Galicia (114,1%); Navarra (113,4%); Castilla y León (96,5%); País Vasco (96,2%); Asturias (90,1%) y Madrid (83,5%).
Por otra parte, la tasa global de resolución -calculada desde la puesta en marcha de los Juzgados especializados a mediados de 2017- ha
experimentado una sensible mejora interanual al pasar del 66,8% registrado a 31 de diciembre de 2020 al 71,6% de finales de 2021.
ARAGÓN, LA RIOJA, ASTURIAS Y NAVARRA, A LA CABEZA
La tasa de resolución más alta, tomando como referencia la fecha de creación de los Juzgados especializados, es la de Aragón, con un 99,8%. Le siguen La Rioja (99,2%), Asturias (97,1%), Navarra (91,2%), Extremadura (90,1%), Canarias (88,9%), Castilla y León (86,6%), Castilla-La Mancha (83,9%), Baleares (82,6%), Comunidad Valenciana (80,6%), Murcia (80%), País Vasco (79,7%), Galicia (79,4%) y Cantabria (76,6%), todas ellas por encima de la tasa media nacional.
Por debajo de la media están Andalucía (65,3%), Cataluña (63%) y Madrid (38,8%).
Los asuntos que entran en los juzgados no sólo concluyen cuando se dicta sentencia, también pueden terminar por auto final o decreto cuando, por ejemplo, se acumulan en un solo procedimiento varias demandas referidas a distintas cláusulas de la misma hipoteca o se produce la renuncia o el desistimiento de una de las partes.
En 2021 se dictaron 10.807 autos finales, un 13,5% más que en 2020, y 5.957 decretos (un 12,3% menos que el año anterior. Desde el 1 de junio de 2017, los autos finales han sido 46.000 y los decretos, 29.270, mientras que las sentencias dictadas desde que entraron en funcionamiento ascienden a 420.154, el 97,4% de ellas estimatorias.
