El magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, calificó ayer al juicio paralelo como «un problema de convivencia», por lo que hay que buscar vías para solucionarlos o para buscar la conllevancia.
Campo abordó también la llamada ‘pena del telediario’, ‘juicio anticipado’ o ‘juicio apresurado’, durante el debate organizado por la consultora de comunicación Proa en el Círculo Ecuestre de Barcelona.
La socia directora de Proa, Lucía Casanueva, estuvo de acuerdo con el magistrado en que hay que abordar el debate, que tildó de espinoso, porque consideró que el juicio paralelo es una «fórmula políticamente correcta para lanzar la piedra y esconder la mano, sin afirmar ni negar ni comprometer judicialmente».
Juan Carlos Campo reconoció que este juicio anticipado es un «precipitado» fruto del encuentro entre el derecho a la información, las reglas del proceso penal, en concreto del secreto en la instrucción, y el deseo de la ciudadanía ávida por saber y opinar.
Para él, mejorar esta situación pasa en primer lugar por unos códigos deontológicos en los que el periodista determine qué es información y qué es «de su cosecha», también por una justicia más rápida y con mecanismos orgánicos y procesales de comunicación, y finalmente, por convivir con la pena del telediario.
«ÉPOCA DE POLARIZACIÓN»
La periodista de ‘El Mundo’ Ángela Martialay consideró que las condenas sociales son cada vez más habituales por el hecho de vivir en «una época de absoluta polarización» y también porque los responsables públicos han judicializado la vida pública, además del factor de las redes sociales, algo que –ha dicho– no controla nadie.
Martialay recordó que los medios no tienen la obligación de ser reserva de las actuaciones como sí las tiene el juez o el fiscal, y, en cambio, subrayó que los periodistas sí tienen la responsabilidad de dar información «veraz y que sea de interés público»
Por ello, instó a canalizar la información por cauces oficiales para reducir el ruido mediático, y consideró que la información que cuenta un juez es la que sabe que puede contar sin estropear los procesos judiciales y sin ser interesada: «El silencio informativo favorece el juicio paralelo».
En la misma línea, la fiscal jefe de área de Sabadell, Neus Pujal, se refirió a las ruedas de prensa que dan los fiscales «en otros países de Europa» y que proporcionan información veraz, objetiva y respetuosa con la presunción de inocencia como mecanismo para paliar los efectos negativos de estos juicios paralelos.
GRABACIÓN DEL JUICIO ORAL
Pujal también vio como una garantía de transparencia la grabación de los juicios orales y puso como ejemplo positivo la retransmisión televisiva del juicio del 1-O.
Sin embargo, matizó que, en casos de agresiones o abusos sexuales, no debería difundirse la declaración de la víctima y, en vez de facilitar el escrito de acusación, «sería mejor un resumen que excluyera los detalles más escabrosos».
El abogado Pau Molins explico que, en sus experiencias profesionales con el caso Palau y el caso Nóos, tuvo que «dedicar más tiempo que a las cuestiones jurídicas, a hacer pedagogía», porque –en sus palabras– el pueblo ya había condenado a sus clientes.
Para Molins, el principal culpable es quien filtra la información, que según él puede ser el juez, el fiscal, la policía judicial e incluso el propio abogado de la acusación –si no se ha decretado secreto de sumario–, y en segundo lugar, también responsasbilizó a «la competencia tremenda de los medios de comunicación».
