El magistrado de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha rechazado la personación de la Generalitat de Cataluña como acusación particular en la pieza separada del caso del 3% en la que se investiga la posible financiación ilegal de la extinta Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), partido refundado en el PDeCAT, a través de la productora audiovisual Triacom.
En una providencia dictada hoy, Pedraz argumenta, tal y como también expone el fiscal en su informe, que la Generalitat no ha acreditado su condición de ofendida o perjudicada ni ha aportado datos para apreciarla.
Además, en línea con el Ministerio Público, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 señala que en la Generalitat «hay miembros del partido político directamente heredero de los partidos políticos investigados en esta causa”.
El fiscal anticorrupción José Grinda se había opuesto a que el Gobierno catalán ejerciera la acusación particular argumentando que sería como personarse contra sí mismo, dado que en la Generalitat «hay miembros del partido político directamente heredero» de las formaciones investigadas.
La pieza ‘Triacom’ es una de las líneas de investigación de la causa conocida como el 3% sobre el presunto pago de comisiones a cambio de obra pública adjudicada por Convergencia. Pedraz intenta dilucidar si altos cargos de CDC, en connivencia con funcionarios y empresarios, «pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político en forma encubierta».
‘ESTRATEGIA POLÍTICA’
El fiscal Grinda destacó en su escrito que el presidente de Cataluña, Pere Aragonès, «forma parte de un Gobierno en el que está representada la coalición Junts per Catalunya (JxCat), en la que está presente el Partit Demòcrata Europeu (PDeCat), que tiene la condición de investigado».
Hizo hincapié en que, «tras varios escalones de galimatías de siglas y partidos y asociaciones políticas, lo cierto es que los partidos políticos aquí investigados son bien socios, bien alguno de los que actualmente forman parte de la Generalitat».
Por ello, indicaba que «admitir la personación solicitada resultaría investir de la condición de acusación particular a quien es investigado», una doble condición que es posible procesalmente, pero no en este caso, porque se deriva de los mismos hechos.
«Solo es posible esa doble condición cuando en un solo proceso se enjuician acciones distintas en tanto su separación provoca una división en la continencia de la causa, con riesgo de sentencias contradictorias», apuntó el fiscal.
Además, recriminó a la Generalitat que en el escrito que envió el pasado 3 de marzo al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5 pidiendo que la admitiera como acusación particular, «no aporta razonamiento alguno».
Su escrito, reprochó, «es parco en la exposición de la legitimación como perjudicada, huérfano en la exposición de los elementos o parámetros de un perjuicio, e inexistente en cuanto a la aportación de información de por qué la Generalitat de Catalunya (…) se persona, en definitiva, contra sí misma».
«A falta de explicación alguna, solo puede concluirse que es una personación ficticia, de imagen, meramente provocada por una estrategia política, ajena a las exigencias del Derecho penal», afirmó Grinda.
FACTURAS FALSAS
El anterior titular del Juzgado, José de la Mata, quien abandonó la AN a finales de 2020 al ser nombrado representante de España en Eurojust, apuntó en 2019 que Triacom podía estar implicada en la presunta financiación ilegal de CDC, aunque con una operativa distinta. Su «singularidad» radicaría en que, en vez de hacer donaciones a las fundaciones, pagaría deudas contraídas por el partido catalán con otras empresas justificándolo mediante facturas falsas, según argumentó.
En concreto, detalló que habría saldado una deuda contraída con CDC con la mercantil Hispart, especializada en producción audiovisual, por la campaña electoral de 2010. La cantidad abonada por Triacom por este concepto habría sido de unos 750.000 euros.
De la Mata advirtió entonces de que Triacom también se habría usado para pagar gastos particulares de personas ligadas directa o indirectamente a CDC, entre las que mencionó al expresidente de la Diputación de Lérida Joan Reñé o la mujer de Oriol Pujol Ferrusola, uno de los hijos del expresidente catalán Jordi Pujol.
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