El exdiputado de CiU en el Parlamento catalán Oriol Pujol volverá a prisión después de que el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 2 de Barcelona haya estimado un recurso de Fiscalía contra su clasificación, por parte de instituciones penitenciarias, en tercer grado.
El hijo del expresidente catalán Jordi Pujol fue condenado a dos años y medio por tráfico de influencias, un delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, por haber cobrado comisiones de empresarios afines del sector de las ITV a cambio de utilizar su influencia política para favorecer sus negocios.
El pasado 29 de marzo, salió de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tras pasar dos meses y medio.
La Secretaría de Medidas Penales de la Consejería de Justicia, que dirige Ester Capella, aprobó el 21 de marzo la clasificación inicial de tercer grado de Pujol, una propuesta que había sido elevada por decisión unánime de la Junta de Tratamiento de la cárcel.
En un auto, dictado hoy, la magistrada titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número dos de Barcelona, María José González González, ha acordado revocar el tercer grado al considerar que no es «conforme a Derecho», después de que el Ministerio Publico presentara un recurso al ver «trato privilegiado».
Fuentes fiscales han informado de que esta mañana se ha notificado a la Fiscalía la aceptación del recurso contra el tercer grado y que «implica su ingreso inmediatamente en prisión».
La magistrada María José González ha valorado que en el caso de Pujol «no concurren favorablemente calificadas todas las variables» que el Reglamento Penitenciario establece para que se pueda clasificar al penado inicialmente en tercer grado.
Indica que «ni tan siquiera habían transcurrido dos meses desde su ingreso, por lo que no puede afirmarse que se ha cumplido con un periodo razonable de observación que permita al Equipo Técnico estudiar al interno», lo que ve indispensable para la clasificación inicial en tercer grado.
La juez también señala que concurren circunstancias favorables como su primariedad delictiva, asunción y reconocimiento de los hechos, pago de las multas, bajo riesgo de reincidencia o adaptación socio familiar y tener un empleo, entre otras, pero que estos datos no son determinantes porque «no se observa que se haya producido durante el escaso periodo de ingreso cambio alguno en los déficits tratamentales determinantes de su comportamiento delictivo».
María José González considera que el tiempo que Oriol Pujol ha estado realizando un programa sobre moral y valores desde el 19 de febrero no es suficiente, y que no consta valoración, consolidación y seguimiento que se hayan alcanzado «ni si han tenido algún efecto reeducador en relación a su conducta delictiva centrada, según los informes, en la codicia y la posible repercusión en su estatus social y sus relaciones de poder».
Además, destaca que la infracción de Pujol tiene especial relevancia en términos de repercusión social e institucional porque era diputado del Parlamento catalán, generó descrédito en las instituciones, y actuó «aprovechando su privilegiada condición política y actividad pública para cometer los hechos delictivos que se prolongaron durante varios años y que deben ser objeto de un importante reproche».
El tercer grado suponía que desde el 29 de marzo Oriol Pujol pudiera salir de la cárcel durante el día entre semana y estar en su casa los fines de semana.
La Fiscalía pidió que se le clasificara en segundo grado.
El fiscal recordaba que Oriol Pujol entre 2010 y 2012 se aprovechó de su doble condición de presidente del grupo parlamentario de CiU y de secretario general de CDC para urdir un plan para beneficiarse económicamente del aumento de estaciones de ITV que iban a ser adjudicadas, y también usó «la influencia de su posición política a fin de conseguir actos administrativos favorables a sus propios intereses» y percibió comisiones a través de su esposa.
Lamentaba que se transmitía «un peligrosísimo mensaje de que es rentable delinquir» y que la ley no es igual para todos.
Cabe recordar que Oriol Pujol ratificó un pacto alcanzado con la Fiscalía Anticorrupción en julio de 2017 aceptando esta condena de dos años y medio por tráfico de influencias, delito continuado de cohecho y falsedad en documento mercantil, y eludió así la celebración de un juicio popular del que podría haber salido peor parado.
Con dicho pacto, el hijo del expresidente autonómico catalán Jordi Pujol consiguió, además, que su mujer, Anna Vidal, también acusada, eludiera la cárcel a cambio de una multa.
