“Hemos tenido noticias por los medios de comunicación de esta iniciativa, El Gobierno no nos ha consultado para nada y, al igual que en la reforma concursal, parece que el problema somos los abogados, que volvemos a estar al margen”, afirma el secretario general del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Jordi Albareda, en declaraciones a Confilegal.
«Dicho esto, a la vista de la información disponible, tenemos que decir que nos oponemos al Anteproyecto de Ley de la Autoridad Independiente de Defensa del Cliente Financiero que crea el Gobierno porque no encaja en el derecho a la defensa de los ciudadanos», añade en tono contundente.
“Trabajaremos en los próximos días para que se aborte dicho proyecto. La clave está en dotar a nuestros juzgados de medios técnicos y humanos para que resuelvan las controversias que les llegan y en sancionar a las entidades bancarias que realicen malas prácticas», aclara el secretario general del CGAE.
El citado Anteproyecto se encuentra en estos momentos en el trámite de audiencia pública. Hasta el próximo 12 de mayo.
«Lo que vamos a plantear es una enmienda a la totalidad«, avanza. «La solución no está en crear esta Autoridad Independiente Financiera, de la que ya tenemos operadores similares a nivel institucional, sino en dotar de los medios necesarios a los juzgados para resolver los conflictos. Y al mismo tiempo ser más contundentes ante las entidades financieras. Con multas que disuadan de ciertos comportamientos”.
«Creemos que un procedimiento de este tipo generará más indefensión en los ciudadanos. Es una entidad absolutamente innecesaria”, advierte el secretario general del CGAE
El CGAE, máximo representante de la abogacía institucional, se une también a las críticas de la Asociación Española de Banca (AEB), patronal bancaria, sobre la utilidad de esta nueva autoridad financiera, habitual en países como EE.UU. o Reino Unido pero que en España no acaba de verse como necesaria y útil.
Albareda valora mucho el debate abierto en Confilegal hace unos días con opiniones como las de Carlos Ballugera, presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios, Eugenio Ribón, presidente de la Asociación Española de Consumo, y Esther Álvarez, socia de Gabeiras & Asociados.
“Son expertos a tener en cuenta», reconoce el nuevo secretario general del CGAE.
Con esta iniciativa, el Gobierno reconoce un fracaso a la hora de resolver esta problemática y proteger la tutela judicial efectiva de los ciudadanos mediante la creación de juzgados especializados, a los que, en su día, la propia abogacía institucional se opuso a ellos.
“Nunca tuvieron los medios suficientes y su carga de trabajo desde su creación hace algunos años sigue siendo importante. Por otro lado, hay que señalar la actuación de las entidades financieras que lo reclaman todo, lo que ha hecho dilatar los procedimientos, aburrir a los ciudadanos porque en algunos casos ya están provisionados en sus cuentas de resultado”, indica.
LA LEY ORGÁNICA DEL DERECHO DE DEFENSA SERÍA MÁS APROPIADA
Este jurista recuerda que con los últimos cambios legales tanto las Comunidades Autónomas, que ya podían, como el propio Ministerio de Consumo podrían utilizar su capacidad sancionadora ante este tipo de situaciones en las que las entidades bancarias realizan malas prácticas.
«Es absolutamente injusto que ese fracaso del Gobierno para resolver la problemática de los consumidores financieros con los bancos se quiera resolver con otro atentado al derecho de defensa de los ciudadanos», subraya.
También recuerda que la abogacía tiene pendiente la aprobación de la Ley Orgánica del Derecho a la Defensa. “Con una ley de este tipo se podría garantizar la defensa de los intereses de los consumidores desde el asesoramiento jurídico que garantiza la abogacía”.
A su juicio “esta ley la echamos en falta en nuestro ordenamiento y seguimos sin comprender que aún no esté aprobada”.
“Se da la circunstancia que a un ciudadano que interponga una reclamación ante este organismo, y en el caso que se considere que ha actuado de mala fe podría llegar a ser sancionado con 1000 euros de multa. Un ciudadano que no ha sido asesorado legalmente para acudir a esta vía, por cierto”, afirma el secretario general del CGAE
Para el CGAE, urge aprovechar dicha Ley que garantice el Derecho a la Defensa e insistir en la dotación de medios humanos y técnicos a los juzgados, así como en sancionar a aquellas entidades que no cumplan con la ley.
“De esa forma evitaríamos procedimientos como el que quiere impulsar dicha Autoridad Independiente. No se entiende que ese procedimiento que se crea nuevo no sea necesario la presencia de abogados y procuradores que asesoren al consumidor. Realmente no se garantiza la igualdad de armas entre consumidores y entidades financieras”.
Sobre este procedimiento de ventanilla única que plantea el Gobierno a través de la nueva Autoridad Independiente, Albareda matiza varias cuestiones: “se da la circunstancia que a un ciudadano que interponga una reclamación ante este organismo, y en el caso que se considere que ha actuado de mala fe podría llegar a ser sancionado con 1000 euros de multa. Un ciudadano que no ha sido asesorado legalmente para acudir a esta vía, por cierto”.
El secretario general del CGAE se pregunta “cuantas sanciones hemos visto en estos últimos años hacia las entidades financieras por no cumplir las sentencias o cuantas se han interpuesto hacia ellas cuando se han detectado actuaciones de mala fe o temerarias”.
«Si se hubieran interpuesto sanciones importantes quizás el problema sería menor de la magnitud que lo tenemos ahora”, opina.
CONSUMIDORES SIN ABOGADOS: INDEFENSOS
Albareda destaca que “los ciudadanos donde deben ver satisfecha su tutela efectiva de sus derechos es en los tribunales, En este texto subyace una consideración injusta sobre la abogacía al igual que la última reforma concursal ya en el Parlamento”.
“Olvida que los abogados somos los primeros interpretes de la ley. No somos los causantes de la excesiva litigación que hay ahora. En este tipo de procedimiento el ciudadano queda sin asesoramiento legal. No se puede sustituir nuestra labor mediante ningún impreso normalizado”, comenta
Sobre los métodos extrajudiciales para resolver los problemas de la banca, Jordi Albareda recuerda que aquel Real Decreto-ley del que fuera ministro de Economía, Luis de Guindos, de enero del 2017, tampoco funcionó.
“No funcionó porque los propios bancos no pusieron los medios adecuados para que esta iniciativa cuajara. Eso hizo impulsar los juzgados especializados de cláusulas abusivas que a día de hoy siguen operativos, pero sin resolver la gran cantidad de asuntos que siguen pendientes de resolver”, aclara.
Por eso, esta nueva iniciativa, “lejos de proteger los derechos del ciudadano lo que parece es que seguirá protegiendo los intereses de estas entidades. Abarca mucha actividad, tanto a nivel bancario, asegurador como incluso de entidades que gestionan con criptomonedas”.
Albareda indica que “el ciudadano acudirá a esta entidad desde un modelo normalizado, pero no sabemos si las entidades financieras se defenderán con un modelo de este tipo, o incluirán a todos sus asesores legales para evitar tener que dar la razón a sus clientes consumidores. Mucho nos tememos que presenten alegaciones fundadas jurídicamente, como debe ser por otro lado”.
Al final se produce “una asimetría realmente insultante entre la defensa de unos intereses y los de las propias entidades bancarias. Todo esto redunda en contra del ciudadano, máxime cuando puede acabar, como le he mencionado hace un momento, con una sanción para el propio consumidor”.
El secretario general del CGAE recuerda que en la Exposición de Motivos de este anteproyecto de ley “se habla de que se quiere garantizar una mayor seguridad jurídica para el ciudadano, cuestión con la que no estamos de acuerdo desde un punto de vista práctica del procedimiento que se quiere poner en marcha”.
De hecho, comenta que “las resoluciones que dicte esta Autoridad, si realmente llega a nacer, son susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Esto lejos de ofrecer garantías, puede romper la seguridad jurídica y abrir el camino a procedimientos judiciales muy largos, por la propia carga de trabajo que tiene dicha jurisdicción”.
