Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en la Caja Mágica. Foto:
Ayuntamiento de Madrid
A juicio los exconcejales de Ahora Madrid Sánchez Mato y Mayer por el caso Open de Tenis
El PP acusa de malversación y prevaricación a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela y pide para ellos 5 años de cárcel y 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público
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25/4/2022 11:07
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Actualizado: 25/4/2022 11:13
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La Audiencia Provincial de Madrid juzgará hoy a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela por supuestos delitos de malversación y prevaricación al presuntamente encargar informes por valor de 50.000 euros sobre el convenio para la celebración del Open de Tenis durante la Alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón (PP).
El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en 2017 por el Grupo Municipal Popular contra los tres exresponsables municipales por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario, por presuntamente encargar «a dedo» y «sin publicidad» a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón. También denunció la asociación Transparencia y Justicia.
La acusación particular que representa al PP pide cinco años de cárcel para los acusados, 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y que se les imponga una indemnización de 56.900 euros.
La Fiscalía de Madrid no ve delito en su actuación, por lo que no acusa. Transparencia y Justicia tampoco formuló escrito de acusación.
Estos exconcejales de Manuela Carmena son desde el pasado mes de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero.
CONTRATO EN LA ÉPOCA DE GALLARDÓN
La querella se sustentó en la elaboración de sendos informes encargados Madrid Destino por valor de 50.000 euros cuando los citados concejales estaban en cargos de máxima responsabilidad en la empresa municipal, al plantear que había a su vez otros tres informes de la asesoría jurídica que lo descartaban.
«Los querellados decidieron presentar la denuncia en la Fiscalía con los informes elaborados por los despachos de abogados elegidos por ellos para redactar la misma y que no realizaban un análisis completo de los informes que fundamentaban las decisiones adoptadas por los responsables del Ayuntamiento en la fecha en la que se firmaron los contratos y contra los que presentaban la demanda», recogía el auto de incoación de procedimiento abreviado.
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