La mesa de partidos. De izquierda a derecha, María Carvalho, de ERC; Sonia Guerra, PSOE; Joaquim de Miquel, moderador y secretario del ICAB; José María Sánchez, Vox; y Sergi Miquel, del grupo Plural; faltan Sara Giménez, de Ciudadanos, y Miguel Ángel Jerez, del PP, que también tomaron parte.
Los partidos políticos reciben un documento reivindicando Secciones de Familia en los futuros tribunales de instancia
Fue en la segunda jornada del II Congreso de Infancia y Adolescencia organizado por los Colegios de la Abogacía de Madrid y Barcelona y la Plataforma Familia y Derecho
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30/4/2022 06:50
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Actualizado: 29/4/2022 23:49
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«Contar con una jurisdicción de familia, infancia y capacidad es una herramienta preventiva para evitar que los asuntos de familia acaben en violencia de género, además ayudaría a una protección mejor de los intereses del menor».
Esta es una de las principales conclusiones de este II Congreso de Infancia y Adolescencia que ha reunido a más de doscientos juristas vinculados al mundo de la familia y del menor a lo largo del jueves y el viernes pasado. que ha concluido este viernes en Barcelona.
La intervención de los distintos partidos políticos con representación en el Congreso sirvió para destacar su interés en ayudar a que dicha jurisdicción de familia, infancia y capacidad sea una realidad.
Ahora tienen la oportunidad de enmendar el proyecto de Ley de Eficiencia Procesal que se encuentra en el Congreso de los Diputados, a través de la documentación que han recibido de los representantes de esta Plataforma Familia & Derecho.
Así lo señalaron en sus intervenciones Sara Giménez, diputada del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Sonia Guerra, diputada del Grupo Parlamentario Socialista; Sergi Miquel i Valentí, diputado del Grupo Parlamentario Plural; y Miguel Ángel Jerez, diputado del Grupo Parlamentario Popular.
Junto a ellos, José María Sánchez, diputado del Grupo Parlamentario VOX; María Carvalho, diputada del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, lo que sucedió en el marco de la mesa que moderó Joaquim de Miquel, secretario del Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), coorganizador del evento junto a su hermano, el Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) y la Plataforma Familia & Derecho.
ROMPER CON LA DISCRIMINACIÓN
Isabel Winkels, abogada y secretaria de esta Plataforma, explicó a Confilegal, tras la clausura del Congreso, que mientras “no se generalicen los juzgados especializados en familia, algunos menores sufrirán un trato discriminatorio, una cuestión que va contra el articulo 14 de nuestra Constitución. No puede haber niños de primera y niños de segunda como ahora hay en nuestro pais”.
La abogada suscribió la afirmación de Encarnación Roca, vicepresidenta de la Plataforma y vicepresidenta emérita del Tribunal Constitucional –que cláusuro este Congreso– de que «contar con una jurisdicción especializada en familia ayudaría a evitar que muchos conflictos acabasen en violencia de género».
Winkels está de acuerdo con que “aquellos procedimientos de familia sin fiscal adscrito, sin equipo técnico, con jueces no especializados que hacen de todo y, al mismo tiempo, tienen que decidir sobre una custodia compartida, es preocupante”.
Junto a esta falta de especialización, «los retrasos en las tramitaciones de los procedimientos de familia son notables. Las valoraciones que llevan a cabo los equipo psicosociales pueden tardar un año y medio o dos años. Durante ese tiempo la familia vive en conflicto y es un caldo de cultivo para la violencia de genero. Sin duda Encarnación Roca tiene toda la razón».
Desde su punto de vista “con procedimientos ágiles y rápidos estos asuntos no acabarían en violencia de genero”.
La abogada valora de forma positiva la predisposición de los partidos políticos a mejorar el proyecto de ley de eficiencia procesal, ahora en el Parlamento. “Espero que hayan tomado buena nota de la gravedad de la situación y de los problemas que genera la falta de una justicia especializada. Estamos convencidos que admitirán nuestras enmiendas”.
A tdodos ellos «se les ha entregado un diseño del nuevo mapa judicial con el reparto de competencias en materia de familia, infancia y capacidad para que vean que es factible. También un informe sobre las competencias que debería tener estas secciones de familia».
A este respecto de lo que se trata es de que “el artículo 86 de la Ley de Eficiencia Procesal recoja la obligatoriedad de crear esas secciones de familia, al igual que en el 87 del texto se habla que se van a crear secciones mercantiles en todos los juzgados de instancia. No puede haber esta otra discriminación. Las familias son igual de importantes que las empresas”.
PROTEGER MEJOR A LOS MENORES
La documentación presentada a estas formaciones políticas proviene de un grupo de trabajo formado por más de treinta juristas –jueces fiscales y abogados de la Plataforma. Ha sido coordinado por Javier Pereda, magistrado de la Sección 18 de Familia de la Audiencia Provincial de Barcelona; otro de los ponentes de este Congreso.
Pereda, que participó en una mesa redonda sobre el nuevo mapa judicial, fue la voz de este grupo de treinta juristas en la propuesta de enmiendas al proyecto de Ley de Eficiencia Organizativa
“La idea es que se reconozcan esas secciones especializadas de familia y la propia especialización de los jueces, fiscales, equipos psicosociales. Es viable y nos alegra la receptividad de los partidos políticos sobre este tema. No debería ser un coste excesivo porque se trataría mas de redistribuir recursos. El coste económico es muy limitado”, explicó.
Con este nuevo enfoque “se pretende que no haya ciudadanos de segunda porque vivan en zonas menos pobladas y no dispongan de esos juzgados especializados. Se trata de que tengan siempre acceso a este tipo de justicia, necesaria para evitar que los conflictos se endurezcan”.
Pereda cree que en este nuevo marco normativo, y si se logra la jurisdicción especializada en familia, “niños, adolescentes y personas con discapacidad estarían mejor protegidos al contar con profesionales que conocen y saben tratar sus problemas”.
Es evidente que las conductas delictivas «hay que perseguirlas. Muchos de estos conflictos en su raíz son asuntos civiles no tendrían que tener una deriva criminal si los servicios sociales bien coordinada con los jueces podrían hacer una labor preventiva importante de cara a reducir los asuntos de violencia de género”.
¿CÓMO SERÍA EL NUEVO MAPA JUDICIAL?
Belen Ureña, magistrada del Juzgado de Primera Instancia 7 de Marbella, tomó parte en una mesa redonda para hablar del nuevo mapa judicial a la vista de la implementacion de los nuevos Tribunales de Instancia que se avecina cuando se apruebe este proyecto de Ley de Eficiencia Procesal.
“Hemos hecho un estudio sobre cómo podría desarrollarse el nuevo escenario judicial. En España hay 431 partidos judiciales. Tendría que haber 431 tribunales de Instancia en los cuales se implantarían 172 secciones de familia especializadas. Hay que darse cuenta que en algunos partidos se aglutinan varios que tienen una población inferior a 150.000 habitantes”.
De esa forma todos los ciudadanos españoles tendrían a ceso a una justicia especializada. “En estos momentos, de los 431 partidos judiciales, solo 56 tienen juzgados especializados de familia. Eso hace que casi 22 millones y medio de españoles tienen acceso a esta justicia. No llegamos ni a la mitad de la población española”.
Para esta magistrada, también socia de esta Plataforma, “un divorcio mal gestionado en una jurisdicción mal especializada puede dar situaciones de violencia de género que nadie quiere. Los procedimientos largos enquistan las situaciones y hace que un conflicto civil puede derivar en otro más complejo y de carácter penal”.
Desde su punto de vista “no se entiende que aparezcan las secciones mercantiles en los Tribunales de Instancia y en cambio las de familia, que vienen en el artículo 86 de dicha Ley de Eficiencia Procesal no se contemplen de forma obligatoria. La carga de asuntos de familia es cuantitativa y cualitativamente mayor que los asuntos mercantiles”
En cuanto a la creación de estas secciones, Ureña habla “de coste cero. Hay que redistribuir mejor los recursos existentes. Los tribunales de instancia que ya están en otros países no necesitan de más recursos sino que propiciarán la eficiencia organizativa. Solo habría que trabajar en la formación específica de fiscales, jueces y abogados en esta materia”, concluye.
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