La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a los exconcejales de Ahora Madrid Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer, así como a la exconsejera delegada de Madrid Destino Ana Varela de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos de los que les acusaba el PP en el marco del denominado caso Open de Tenis de Madrid.
El tribunal ha impuesto las costas del juicio ocasionadas a las defensas de los tres procesados a la acusación ejercitada por el Grupo Municipal Popular del Ayuntamiento de Madrid. Exonera a los acusados y condena en costas al Grupo Municipal del Partido Popular por acusar «con temeridad y mala fe».
La sentencia es la número 274/2022, de 6 de mayo. La firman los magistrados Ángela Acevedo Frías (presidenta), Jacobo Vigil Levi y Caridad Hernández García, que ha sido la ponente.
Los magistrados explican que «no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales».
El procedimiento tiene su origen en una querella interpuesta en 2017 por el Grupo Municipal Popular contra los tres exresponsables municipales por supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y un delito societario, por supuestamente encargar «a dedo» y «sin publicidad» a dos equipos de abogados informes externos para investigar y estudiar la gestión y posibles irregularidades del Open de Tenis durante el Gobierno de Gallardón. También denunció la asociación Transparencia y Justicia.
La acusación particular que representa al PP solicitaba cinco años de cárcel para los acusados, 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, y que se les impusiera una indemnización de 56.900 euros.
La Fiscalía de Madrid no apreciaba delito en su actuación, por lo que no acusó. Transparencia y Justicia tampoco formuló escrito de acusación.
Estos exconcejales de Manuela Carmena son desde el pasado mes de octubre altos cargos como asesores del Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero.
En el juicio, los exediles manifestaron que la acusación buscaba «dañar personal y políticamente» a los «contrincantes políticos» del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
EL PP ‘ACTUÓ CON TEMERIDAD’, SEGÚN LA AUDIENCIA PROVINCIAL
Los magistrados consideran acreditado que el Grupo Popular del Consistorio «sin ninguna duda actuó con temeridad y mala fe» manteniendo, por ejemplo, «la acusación contra Celia Mayer sin ninguna concreción acusatoria» y con el conocimiento de que «durante el tiempo en que se produjeron los hechos objeto de acusación ésta se encontraba en situación de licencia entre el mes de octubre de 2016 y el mes de febrero de 2017».
Según figura en los hechos probados de la extensa sentencia, de 111 páginas, Ana Varela, coordinadora general de Cultura, Deportes y Turismo del Ayuntamiento y más tarde Consejera Delegada de Madrid Destino, Cultural, Turismo y Negocio S.A., «en el ejercicio de sus funciones le surgieron fundadas y razonables dudas sobre la regularidad y legalidad de los compromisos y obligaciones asumidas por dicha sociedad municipal derivadas de previos convenios y acuerdos suscritos en orden a la organización y celebración del torneo de tenis ‘Mutua Madrid Open'».
Como quiera que el Consistorio de Madrid debía afrontar importantes desembolsos económicos derivados de los citados acuerdos y, tras consultar al personal experto del Ayuntamiento y a la propia Asesoría Jurídica del Consistorio, ésta decidió solicitar diversos informes jurídicos externos.
Carlos Sánchez Mato, como presidente en funciones de Madrid Destino y luego como delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, también interesó informes sobre algunos de los convenios suscritos por la anterior corporación municipal en el marco del Open de Tenis.
El pago con dinero municipal de esos informes fue objeto de la denuncia del Grupo Municipal Popular contra los tres responsables del Ayuntamiento dirigido en ese momento por Manuela Carmena.
Al respecto, la Audiencia precisa que «queda objetivado que la acusación era consciente de la falta de consistencia de los hechos denunciados desde la perspectiva prevaricadora».
INFORMES JURÍDICOS
Aduce que se produjo tras emitirse tres informes por los servicios jurídicos externalizados, que sin duda fueron conocidos por la parte acusadora, que son bien «elocuentes de las, cuando menos, discrepancias jurídicas y económicas llamativas derivadas de los convenios y acuerdos suscritos en años anteriores, y de la entidad de las consecuencias perjudiciales que pudieran tener para las arcas municipales tal y como se alertaba en dichos informes jurídicos».
Tras valorar el contenido de los informes jurídicos, se decidió finalmente interponer el 23 de marzo de 2017 una denuncia por la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, una denuncia que, en cualquier caso, fue inadmitida por el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.
Más allá del escaso recorrido procesal de la denuncia por corrupción derivada de los informes jurídicos, los magistrados concluyen de manera categórica y de forma explícita que «no se ha probado que los acusados, en el ejercicio de sus competencias y responsabilidades, tuvieran otra intención que proteger y salvaguardar los intereses y las arcas municipales».
Esta resolución no es firme. Contra la misma cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
