La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas, ha comenzado hoy una campaña de movilizaciones en toda España «en defensa de la dignidad y la calidad de los servicios de los empleados públicos», que, según denuncia, arrastran una pérdida de poder adquisitivo de un 15% desde 2010, cuando les rebajó el sueldo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, por lo «urge negociar una subida salarial».
La concentración principal se ha producido en Madrid frente al Ministerio de Hacienda y Función Pública, mientras que en el resto de España se han llevado a cabo concentraciones en las puertas de las subdelegaciones de Gobierno.
Jusapol ha participado junto a CSIF en las movilizaciones «en defensa de la dignidad y la calidad de los servicios de los empleados públicos y por la Equiparación Salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», y han estado representantes de Jupol y Jucil, organizaciones surgidas de dicha plataforma.
Las movilizaciones han sido secundadas por decenas de miles de empleados públicos y funcionarios policiales, según ha informado CSIF.
CSIF lleva solicitando desde el pasado mes de marzo la apertura de la negociación, pero «ante el mutismo» de la ministra, María Jesús Montero, ha decidido iniciar este proceso de movilizaciones.
El presidente de CSIF, Miguel Borra, denuncia que “el conjunto de trabajadores públicos está contribuyendo al Pacto de Rentas desde hace 11 años», por lo que exige «un acuerdo plurianual que permita mitigar los efectos de la inflación sobre las nóminas de los trabajadores de las administraciones públicas”.
CSIF considera que los empleados públicos se sienten «maltratados». Señala que a la pérdida de poder adquisitivo hay que sumar el déficit y el envejecimiento estructural de las plantillas, la alta de temporalidad de empleo en el conjunto de las Administraciones Públicas.
Este sindicato manifiesta que los empleados han dado sobradas muestras de compromiso y de sacrificio, en los últimos años. «Durante la pandemia hemos dado todo y más para que este país saliera adelante y trabajamos a diario para ofrecer un servicio público de calidad a nuestros ciudadanos, a pesar de las grandes dificultades que han tenido que asumir las plantillas del SEPE, la Seguridad Social, la Sanidad, la Educación, la Justicia o las Fuerzas de Seguridad», expone.
Por todo ello, CSIF exige al Gobierno que esté «al mismo nivel de compromiso y de entrega» que los funcionarios públicos han demostrado en los últimos años, y les conceda los recursos «justos y necesarios» para que puedan seguir realizando su trabajo al servicio de todos los ciudadanos con la misma efectividad y profesionalidad demostrada en los últimos años.
Así, reclama al Ejecutivo que los funcionarios «recuperen su poder adquisitivo, se respeten sus condiciones laborales, estabilice el empleo y suprima la tasa de reposición, corrija las desigualdades retributivas entre administraciones, actualice las cuantías sobre indemnización por razón de servicio, adecúe los complementos de insularidad, fije el adelanto en la edad de jubilación a determinados colectivos por su actividad, ofrezca una prestación sanitaria adecuada a los mutualistas y beneficiarios, y mantenga el régimen de Clases Pasivas, corrigiendo la desigualdad en la cuantía de las pensiones».
JUSAPOL RECLAMA AL GOBIERNO QUE RETOME LAS NEGOCIACIONES CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD
Durante la movilización en Madrid, el presidente de Jusapol, Miguel Gómez, ha destacado la “urgente necesidad de retomar la negociación con el Gobierno», y ha recordado que para ello, hace unos días el sindicato Jupol ha planteado un conflicto colectivo ante el Ministerio del Interior basado en tres pilares fundamentales: la equiparación salarial, la jornada laboral y los procesos selectivos.
Para Gómez, “es urgente concluir, de una vez por todas, con la equiparación salarial de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado – Policía Nacional y Guardia Civil– con las policías autonómicas». «La situación de injusticia que vivimos los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ya se alarga mucho en el tiempo sin que el Gobierno ponga una solución, ya no solo a las diferencias aún existentes entre las nóminas de un policía nacional y de un mosso, sino también al resto de brechas salariales existentes: las pagas extraordinarias, la asistencia a juicios, las horas extra y la segunda actividad o jubilación anticipada”, ha señalado.
Miguel Gómez ha explicado que Jupol se ha visto en la obligación de plantear este conflicto colectivo debido a que «la negociación colectiva es nula e inexistente actualmente en el Consejo de Policía”, y ha añadido que “la continua inacción de la Dirección General de la Policía y del Ministerio del Interior frente a las principales reivindicaciones de los policías nacionales han llevado a plantear este conflicto colectivo, así como a solicitar un cambio en la normativa que regula el funcionamiento del Consejo de Policía, ya que actualmente esta herramienta sólo sirve como foro para que la Administración anuncie a las organizaciones sindicales sus intenciones y, por norma general, no tiene en cuenta ni alegaciones ni propuestas de los representantes de los trabajadores”.
Gómez ha concluido recordando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en el Consejo de la Policía no solo se negocia la jornada laboral de los agentes, sus salarios o la carrera profesional, sino que lo que hace es negociar con sus vidas y, por tanto, le han dejado claro que «Jupol no ha llegado a la Policía Nacional para ser servilista con la Administración, y no va ceder en la defensa de los derechos y las mejoras en las condiciones laborales de los compañeros a cambio de migajas”.
