La ministra de Justicia, Pilar Llop, defendió ayer que la reforma procesal que impulsa su departamento «tiene el objetivo» de que «la ciudadanía sienta que la Justicia es suya» y un servicio público «legítimo y eficiente, con capacidad para producir respuestas eficaces y efectivas».
La ministra clausó el III Congreso Internacional de la Asociación de Profesores de Derecho Procesal de las Universidades Españolas (APDPUE), titulado Logros y Retos de la Justicia Civil en España, celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.
En su intervención, Llop afirmó que el Derecho Procesal es el instrumento para hacer efectivo el cumplimiento del derecho material.
«Y vosotros, los profesores y profesoras transmitís vuestra pasión por esta rama a los estudiantes; hacéis que se despierte su vocación por las profesiones jurídicas; les enseñáis la realidad, el día a día del servicio público de Justicia», manifestó.
La ministra, además de esta reforma procesal, se refirió también de las leyes de Eficiencia Organizativa, Procesal y Digital, que conforman los tres pilares básicos del plan Justicia 2030.
CULTURA DEL ACUERDO
Sobre la Ley de Eficiencia Procesal, Llop se refiriró a los medios adecuados de solución de controversias (MASC), con los que se busca «iniciar el cambio desde una cultura del litigio hacia una cultura del acuerdo».
Para ello, matizó, se establece un requisito de procedibilidad, es decir, haber intentado una solución consensuada por cualquiera de las formas recogidas en la ley, con carácter previo a la interposición de la demanda.
Entre las novedades, destacó las medidas para adaptar el proceso a las necesidades de conciliación de la vida personal y familiar, ante causas objetivas de fuerza mayor que afecten a procuradores o abogados, como el nacimiento y cuidado del menor, la enfermedad grave y accidente, la baja laboral o el fallecimiento de parientes cercanos.
Para abordar la litigación en masa, Llop subrayó soluciones como la incorporación del sistema de tramitación de los llamados «procedimientos testigo».
Así, se evita la tramitación simultánea o sucesiva de procedimientos judiciales sustancialmente idénticos, en aras de garantizar un principio de economía procesal, han explicado desde el Ministerio.
