El exmagistrado Fernando Presencia cuenta como procurador, en la presentación de las denuncias que ha articulado en los últimos meses, con Miguel Torres Álvarez, quien entre el 12 de noviembre de 2021 y el 25 de abril pasado figuró como abogado y como procurador ejerciente al mismo tiempo.
Una condición imposible prohibida por Ley 15/2021 de 23 de octubre, vigente desde el 12 de noviembre, por la que se modifica la Ley 34/2006, de 30 de octubre,
sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales, así como la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales, el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, y la Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones.
El artículo 1 de dicha Ley dice que no es «posible simultanear ni la colegiación como ejerciente en un Colegio de Abogados y en un Colegio de Procuradores ni el ejercicio de ambas profesiones”.
Todas las denuncias que Presencia haya interpuesto a través de la representación de Miguel Torres Álvarez podrían ser susceptibles de impugnación en los respectivos tribunales en los que haya actuado entre esas fechas.
El pasado 21 de abril la Junta de Gobierno del Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) abrió un expediente disciplinario a Miguel Torres Álvarez por eso, lo que podría culminar en su expulsión final de esta corporación. Una decisión que le fue comunciada oficialmente cuatro días más tarde, el 25 de abril.
Varios magistrados del Tribunal Supremo habían puesto en conocimiento de la Fiscalía las denuncias públicas que Presencia había realizado en los últimos días atribuyéndoles la posesión de fuertes cantidades en paraísos fiscales, afirmaciones que rechazan «por ser falsas», según han confirmado a Confilegal.
El escrito enviado hoy por el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, al presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, abunda en esa línea, calificandolas de «radicalmente falsas» y «calumniosas».
¿CIERRE DEL DOMINIO ACODAP?
Un escrito que, indefectiblemente desemboca en el mismo destino: la Fiscalía. Una de las medidas que se barajan a solicitar sería la medida cautelar del cierre del dominio ACODAP así como de todas aquellas vías a través de las cuales pudiera estar, en la actualidad, financiándose.
«ACODAP reclama desde su página web –en el enlace de Youtube– donativos a la cuenta corriente de la asociación para seguir adelante en su fingida lucha contar la corrupción», dice Marchena en el escrito enviado a Lesmes.
«Todo apunta, por tanto, a que D. Fernando Presencia puede estar obteniendo aportaciones económicas de confiados ciudadanos que creen que el donativo que ofrecen va a ser destinado a la búsqueda de informaciones o pruebas que demuestren la corrupción de los magistrados de esta Sala«, subraya.
Y añade: «La indignación que nos asalta por la gravedad de unas imputaciones radicalmente falsas, calumniosas, sin relación alguna con la verdad de nuestra situación patrimonial, sino por el irreversible daño que se está ocasionando a la credibilidad de una institución como el Tribunal Supremo».
«Se resienten, no ya la imagen personal de los afectados, sino los presupuestos constitucionales que legitiman el ejercicio de la función jurisdiccional. Creemos que no está sólo en juego la honorabilidad de unos Magistrados que han cumplido siempre y seguirán cumpliendo con sus deberes tributarios, sino la integridad de una de las Salas del Tribunal Supremo que, como es sabido, incluye en su ámbito de competencia el conocimiento de asuntos de especial relevancia ligados, precisamente, a la lucha jurídica contra la corrupción», explica.
Presencia también ha sido denunciado ante la Agencia Española de Protección de Datos.
