La Asociación de Afectados por Inversiones en Criptomonedas (AAIC), que preside Emilia Zaballos, ha cerrado un acuerdo sin precedentes con la persona y la empresa de Valencia, contra la que había interpuesto una querella colectiva por los delitos de estafa continuada, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública, al conseguir que devolvieran a sus clientes todas las inversiones que habían realizado para la adquisición de bitcoins
«Hemos tenido que aceptar dos condiciones: por una parte, la firma de un acuerdo de confidencialidad. A cambio de recuperar lo invertido, en algunos casos con parte de los beneficios, no podemos mencionar ninguna cantidad», explica Zaballos, también socia directora de Zaballos Abogados, que fue la que presentó la querella.
«Y por otra la retirada de nuestra querella ante un Juzgado de Instrucción de Valencia», añade.
Esta decisión no paraliza el procedimiento. De hecho, la persona querellada por la AAIC, que responde a las iniciales PSM, y la mercantil PDES, S.L. (en siglas), han sido citados a declarar por el magistrado del caso el 21 de junio próximo.
Ahora la pelota está en el tejado de la fiscalía, que es quien debe decidir si continuar o solicitar el archivo.
«El hecho de haber llegado a un acuerdo implicaría que podría negociar unas penas con mínimos. Incluso hablar de una conformidad negociada con la fiscalía”, asegura Zaballos.
La clásula de confidencialidad suscrita por esta Asociación, en nombre de los afectados, de no revelar los nombres, trata de cerrar el asunto en este punto y también de evitar que otros afectados puedan iniciar otro tipo de denuncias contra ambos, ya que no son todos los afectados.
Según Zaballos, este resultado muestra que la justicia funciona mucho mejor cuando se recurre a la fórmula de querella colectiva para estos casos.
“Ante situaciones de afectados masivos, la solución, tanto para la justicia como para los afectados, son las acciones judiciales colectivas gestionadas por una asociación de afectados. Se optimizan todos los recursos de la justicia, vamos a la Audiencia Nacional,donde se agilizan los trámites al tratarse de muchos afectados y elevada cuantía», subraya.
«Se hace economía procesal al tramitar todo en el mismo juzgado y todas las pruebas periciales, que son muy caras, se comparten. Eso agiliza y se consigue una presión psicológica frente a los estafadores”, añade.
VACÍO LEGAL
A la espera de que se apruebe el reglamento europeo (MiCa) que regule las criptomonedas, su situación de vacío legal es aprovechada por los defraudadores.
En opinión de la abogada, «el MiCa debería traer para las criptomonedas un organismo regulador como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) o el Banco de España, pero independiente; jueces especializados en criptomonedas; regular la publicidad engañosa y poner énfasis en la seguridad jurídica.
Por el momento, este primer éxito de la AAIC augura un avance en la regulación legal de las criptomonedas.
