La Fiscalía Provincial de Madrid solicita cuatro años y medio de prisión para una funcionaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Móstoles, M. J. V. R., a quien acusa de haber falsificado un documento oficial para que una empresa cancelara las incidencias que tenía abiertas por el impago de varias deudas.
Le imputa un delito de falsedad en documento oficial, previsto y penado en el artículo 390.1. 2º y 3º del Código Penal, por el que será juzgada el próximo 6 de julio en la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 17ª).
La acusada es una funcionaria del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y cuando ocurrieron los hechos estaba destinada en el Juzgado de instrucción número 3 de la localidad madrileña de Móstoles, desde diciembre de 2016 y al menos hasta septiembre de 2020, fecha en la que la Fiscalía presentó su escrito de acusación.
Además de la pena de cárcel, solicita que se le imponga una multa de 4.800 euros y seis años de inhabilitación especial para el ejercicio o cargo público.
Según relata el representante del Ministerio Público, la acusada había contraído e impagado varias deudas en distintas entidades, por lo que fue dada de alta por Asnef Equifax Ibérica en sus ficheros de gestión de morosos.
M. J. V. R. tenía asignado el reparto de trabajo de los asuntos penales finalizados en los juzgados 3 y 5 de Móstoles. Así que, valiéndose de su puesto de trabajo desempeñado y de las funciones de servicio público ejercidas, confeccionó “mendazmente” un oficio oficial, de fecha 5 de octubre de 2017, empleando papel de oficio y ordenador de la Administración de Justicia, explica la Fiscalía.
En dicho oficio, bajo apercibimiento de incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad, se ordenaba a la Asnef Equifax Ibérica que “Conforme a lo acordado en el procedimiento arriba referenciado y en resolución del día de la fecha se ha acordado el borrado provisional de los apuntes que figuren a nombre de los que seguidamente se dirán efectuados por cualquier entidad desde la fecha 01 de diciembre de 2015 hasta el día de la fecha, mientras se encuentre la presente causa en tramitación, y hasta que no se dicte resolución firme”.
Según expone la Fiscalía, en el escrito incluía una serie de números de identificación fiscal y nombres aleatorios “o sin causa concreta”, junto a su número de identificación fiscal y a su nombre omitiendo “intencionalmente” su primer nombre, María, “a fin de inducir a confusión respecto al género”.
Además, señala que incluyó en el listado el nombre de M. S. A. V. junto al NIF, “ambos ciertos y con correlación”, cuya identidad correspondía con la de su a una prima, también dada de alta en el fichero Asnef Equifax Ibérica, “por deudas y prestamos presuntamente contraídas por la acusada sin anuencia ni intervención de aquella, y que son objeto de otro procedimiento”.
Junto al “fraudulento” oficio judicial, añade, la acusada estampó un sello oficial del juzgado y realizó un garabato sobre el mismo, junto a las menciones “EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINSTRACION DE JUSTICIA”.
A continuación, lo introdujo en un sobre con membrete oficial de los juzgados de Móstoles que fue enviado a través del servicio de correos oficial utilizado por el juzgado, “surtiendo finalmente efecto y consiguiendo su propósito” ya que la empresa canceló las incidencias que constaban en sus ficheros tanto de ella como de su prima.
