Más de 200 interinos y el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras por el Empleo Público de Aragón (STEPA) han presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) contra el Decreto 75/2022 del Gobierno aragonés, por el que se aprueba la oferta de empleo público para estabilizar al personal temporal de la comunidad autónoma.
En el recurso sostienen que este decreto supone un «flagrante incumplimiento» de la Ley estatal 20/2021, ya que las plazas convocadas apenas suponen el 15% de las que obliga la norma. «571 en lugar de 4.089, una cifra de interinos que por primera vez ha sido reconocida por el propio director general de la Función Pública, Esteban del Ruste, y que coincide con los cálculos que en su día hizo públicos STEPA», precisa el sindicato.
STEPA señala que estas cifras se refieren exclusivamente al ámbito de la Administración general, ya que si se añaden las áreas de Sanidad y Educación, la cifra se dispararía hasta los 17.000 temporales en situación de fraude de ley.
Y hace hincapié que la citada ley estatal obliga a todas las Administraciones públicas a convocar este año procesos extraordinarios de estabilización para el personal en abuso de temporalidad.
STEPA denuncia que el Gobierno de Aragón, «al contrario que otras Administraciones aragonesas, como la Universidad de Zaragoza, la Diputación de Huesca o numerosos ayuntamientos, ha adoptado una postura totalmente restrictiva a la hora de cumplir su obligación, unida a la falta de transparencia en todo el proceso».
Según explica, el decreto autonómico 75/2022 fija dos procedimientos para acceder a una plaza fija: quienes lleven más de seis años en su puesto, por concurso de méritos -sin oposición- y entre tres y seis años, por un concurso-oposición no eliminatorio. Indica que según los últimos datos oficiales publicados, en la Administración General autonómica hay 11.924 plazas, de las que 4.529, el 41%, corresponden a personal temporal, y que deesta última cifra, más de 4.000 trabajadores cumplen las condiciones para ver estabilizada su plaza.
En concreto, afirma que debería ofrecérse en el concurso excepcional de méritos a hasta 3.500 plazas -sobre el 82% de las víctimas del abuso– y el resto -otras 500- concurso-oposición. Sin embargo, el número convocado ha sido 307 y 264, respectivamente, en total 570, cifras que el sindicato tacha de «ridículas e impresentables».
STEPA sostiene que de la forma que ha establecido el Gobierno de Aragón el proceso, «se condena al paro y sin indemnización a muchos de estos trabajadores, la mayoría con décadas de experiencia al servicio de los aragoneses».
Situación que ha motivado este recurso del sindicato suscrito con interinos que han documentado cómo sus plazas deberían haber sido incluidas en el concurso extraordinario, así como por funcionarios de carrera que los apoyan.
También han recurrido los decretos 76 y 77, que aprobaron las convocatorias propias de personal docente no universitario y del Servicio Aragonés de Salud, «en donde se repite la misma situación, con otros 13.000 afectados más».
Los recursos han sido preparados por el bufete del abogado Francisco Javier Aráuz de Robles, especialista en la lucha jurídica de los derechos de estos trabajadores y cuyas acciones han motivado sentencias europeas determinantes para los cambios que se están produciendo en la legislación española, «si bien todavía insuficientes» para la transposición de la Directiva Europea que los protege, apuntan desde el sindicato.
