José Manuel Sieira apuesta por renovar con el actual sistema y modificar después la Ley Orgánica del Poder Judicial.

José Manuel Sieira, magistrado emérito: “Nadie entendería que el Parlamento no se renovara vencido el mandato de una legislatura”

27/9/2022 06:48

Actualizado: 27/9/2022 08:03

Ha sido uno de los más brillantes presidentes de Sala del Supremo. Su mandato, en la Sala de lo Contencioso-Administrativo (2010-2015) todavía es recordado hoy, dos años y unos meses después de haberse retirado con 48 años de ejercicio profesional, 26 de ellos en la cúpula del poder judicial, donde llegó a dictar 10.447 sentencias a lo largo de esos años.

A pesar de su alejamiento, José Manuel Sieira Míguez sigue muy de cerca los acontecimientos que se vienen sucediendo en el corazón de la justicia. Le duele la actual situación por la que pasa.

Su participación en la Jornada por el Estado de Derecho, organizada en el Salón Ernest Lluch del Congreso de los Diputados, con motivo de la celebración del 20 aniversario de la asociación de jueces Foro Judicial Independiente, supone una buena oportunidad para conocer la opinión de una de las cabezas mejor amuebladas de la Justicia sobre lo que está sucediendo.

Tanto por la falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) –3 años y 9 meses «caducado»– como por la dificultad para nombrar a los 2 magistrados que le corresponde nombrar al Consejo.

«No hay soluciones mágicas», avanza.

¿Este es el peor momento del poder judicial en nuestra historia democrática?

Creo que sí. Hay una crisis institucional gravísima que afecta a uno de los poderes del Estado. A mí me parece que, en estos momentos, es insoluble. Yo no veo cuál es la salida si no es un acuerdo dentro del Parlamento, donde se pongan los intereses democráticos, el respeto a las instituciones y a la independencia del poder judicial por delante de los intereses de partido.

Hemos llegado a una situación de enquistamiento que va cada vez a peor, y a la que no veo una solución fácil.

Hay voces que hablan de refundar el Consejo General del Poder Judicial, ¿qué entiende usted cuando se habla de esa forma?

Yo no sé si hay que refundarlo o no, lo que sí creo es que hay que pensar muy bien cómo se elige a los miembros del Consejo. Y, más importante, a quiénes se elige. Al CGPJ tienen que ir los mejores de la carrera judicial. Y tienen que ir, si es posible, los mejores entre los juristas de reconocido prestigio, que se mueven fuera de la carrera judicial.

Cuando la ley habla de juristas de reconocido prestigio no está hablando de un señor que hace 15 años se licenció. Y no se es jurista por haber aprobado una oposición o, específicamente, la oposición a juez. Como no se es jurista por haber ejercido la abogacía durante un tiempo.

Si al Consejo General del Poder Judicial se le da el sitio que institucionalmente le corresponde como órgano de gobierno de un poder del Estado, aquellos que están en la cima de la carrera profesional, que son reconocidos socialmente y jurídicamente como primeros espadas en el mundo del derecho, estarían gustosos de estar en el Consejo.

No es un problema económico. No vendrían por dinero. El dinero no es un problema. No es lo más importante en un momento determinado de la vida.

Yo creo que es un problema de prestigio. Si las personas que integran el CGPJ son personas de prestigio, que ponen su propio respeto y el respeto a su independencia por encima de cualquier otro interés, entonces el Consejo funcionará con independencia. Responderá a los intereses de los jueces, a los principios de mérito y capacidad en los nombramientos. Defenderá con fuerza la independencia del poder judicial.

Ahora, si quien accede al Consejo es un señor que es abogado y que pertenece a un partido político y que ha sido diputado. Y una señora que ha tenido vinculación con este partido o es de esta o aquella asociación… Un Consejo de estas características no es lo que querían los constituyentes.

Usted se ha referido a que hay un divorcio de la carrera judicial con el Consejo, a que hay gente muy valida en provincias que jamás aspirará a entrar en el Tribunal Supremo. Que no lo pide porque piensa que todo está dado. También ha hecho referencia al artículo 326 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece cómo deben ser los nombramientos que haga el CGPJ, con referencia a los conceptos de mérito y capacidad. No parece que haya tenido el efecto que se buscaba en la reforma de 2018...

El artículo no ha producido ningún efecto como tampoco lo produjo la reforma del reglamento interno del Consejo, que creo que fue en el año 2010.

Formalmente se establecen unos criterios que, de alguna manera, encorsetan la discrecionalidad del Consejo, pero luego es el propio Consejo el que no respeta esos criterios. No los respeta en el fondo. Formalmente, sí. Hay una propuesta y una motivación formal. Se dice cuáles son los méritos, pero, sin embargo, se establecen unos criterios en los méritos con carácter general.

Y el artículo 326 dice que se establecerán en función del órgano. Eso tiene que hacerse en cada convocatoria. La valoración de los méritos da mucho trabajo. A lo mejor habría que acudir a comisiones externas. Habría que acudir a la Universidad, a la Cátedra, para que nos diga qué opinión tienen sobre el valor jurídico de las sentencias de un candidato.

Y habría que acudir a los colegios de abogados para que nos hagan una valoración.

Y habría que acudir a los propios compañeros cuando se trata de una Presidencia de Audiencia Provincial o una Presidencia de Sala.

Y habría que acudir al Tribunal Supremo para que nos diga qué opinión tiene sobre tal o cual candidato cuando se trata de una plaza del Tribunal Supremo.

Porque nadie mejor que los miembros de esa Sala conocen la jurisprudencia de su candidato.

Nada de eso se hace.

Todo es una apariencia. Un precepto de la Ley Orgánica dice de que se tiene que ir por un camino pero la realidad es que no se sigue ese camino.

¿Ve usted alguna solución al impasse en que se encuentra el CGPJ y los nombramientos de los dos magistrados del TC, que le corresponden al Consejo?

No hay una solución simple y sencilla. Es un problema de voluntad democrática. Es un problema de respeto a las instituciones. Nadie entendería que el Parlamento no se renovara vencido el mandato de una legislatura.

Estamos hablando de un poder del Estado en pie de igualdad con el legislativo y con el ejecutivo. El poder judicial no es un poder subordinado a ninguno de esos dos poderes. Tiene que haber un respeto.

Me va a perdonar la crítica el Tribunal Constitucional pero tenía que haber dado un paso al frente resolviendo el recurso y planteándose, incluso, una autocuestión de inconstitucionalidad sobre si esta dilación respeta o no respeta la Constitución.

Y si no la respeta…, porque yo no creo que el espíritu del constituyente fuera dejar pasar tres años y medio. Hombre, continuará un tiempo prudencial necesario para cubrir los trámites si no se ha podido hacer antes. Pero no puede ser que no se renueve porque no se ponen de acuerdo.

Ahora viene el comisario europeo, Didier Reynders, presionando para renovar el Consejo y también para modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para que la carrera judicial pueda elegir a sus 12 vocales jueces. Usted vivió la época del primer Consejo de 1980, elegido de esta forma. ¿Ve usted viable esa modificación?

Creo que es viable y que es lo que quiso el constituyente. Creo que no es la solución mágica. Porque los grupos en el Consejo probablemente sigan existiendo y respondan a criterios asociativos, como así ocurrió en aquel primer Consejo.

Eso nos llevaría a otra cuestión sobre si el sistema asociativo dentro de la carrera judicial es o no el más adecuado. Pero volviendo a su pregunta, se lo repito, no hay solución mágica.

Pero hay que admitir que los jueces son los que mejor conocen a los jueces, que la voluntad del constituyente fue esa y que la solución de que elijan los jueces es la correcta.

Lo que ha pasado aquí es que el Tribunal Constitucional dictó en su momento una sentencia interpretativa. Y como todas las sentencias interpretativas al final producen estos resultados. La gente se acuerda del fallo y no de lo que se dice en los fundamentos de cómo debe interpretarse.

Por lo tanto, yo creo que la elección por los jueces es la correcta. A mí me parece que el constituyente quiso que fuera así. Y estableció el contrapeso en los 8 vocales no judiciales.

¿Ahí está la clave?

Yo creo que sí. Los ocho vocales no judiciales, juristas de reconocido prestigio de verdad, serán el contrapeso a esos intereses corporativos.

Y lo que plantea Reinders, de «renueven usted el Consejo con el viejo sistema y modifiquen después la LOPJ», ¿no le parece contradictorio?

Yo creo que esa es la única solución. Es verdad que la Ley Orgánica se puede reformar en tres meses. Pero luego hay que comenzar un proceso interno que nos llevaría a mantener esta situación durante siete u ocho meses más.

Lo que corresponde ahora es hacer una renovación inmediata con la fórmula actual, que tampoco es tan demoniaca. El Parlamento elige los jueces que forman parte del Consejo pero no elige con libertad absoluta entre todos los miembros de la carrera judicial. Y lo hace entre aquellos que la carrera ha apoyado.

La cuestión es si el modelo de apoyo actual, por el que se piden 25 avales, son muchos o pocos. Creo que son pocos. La primera vez que se hizo los candidatos tenían que tener el 15 % por ciento de apoyo de la carrera.

El Parlamento tiene que decidir primero entre los que han decidido los jueces. Ahora, ¿que lo que la Constitución quiere que los 12 vocales deben ser elegidos por los jueces?, a mí me parece que debe de ser así.

Porque el equilibrio del sistema está en los ocho juristas de reconocido prestigio.

Noticias Relacionadas: