Sobre estas líneas, el presidente del CNLAJ, Ernesto Casado, el tercero por la izquierda, junto a la viceconsejera de Justicia de la Comunidad de Madrid, Yolanda Ibarrola, a su derecha. En el uso de la palabra, a la izquierda José Palazuelos, secretario judicial de la Sala de lo Militar del Supremo. A la Derecha, el decano del Colegio de Abogados de Alcalá de Henares, Ángel Llamas. Foto: CNLAJ.
Los letrados judiciales del CNLAJ rechazan que se dé juego a los procuradores como «agentes de ejecución»
Apuestan por las nuevas tecnologías y la Inteligencia Artificial para ser más eficaces en las ejecuciones de sentencias
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08/10/2022 06:51
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Actualizado: 27/1/2023 13:05
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El Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ), la asociación mayoritaria dentro de esta carrera de funcionarios, no contempla dar juego a la pretensión de los procuradores en la figura «agentes de ejecución» y ratifican su eficiacia.
Así se desprende en las conclusiones del encuentro jurídico «Propuestas de agilización de la fase de ejecución en el uso de las nuevas tecnologías», que tuvo lugar entre el jueves y ayer en Alcalá de Henares, y que convocó a un buen número de letrados de la Administración de Justicia (LAJ).
«No se trata de que otros gestionen la ejecución, sino de que se invierta en medios materiales y especialmente electrónicos para agilizar la ejecución», afirma el CNLAJ.
De esta forma «contraatacan» las argumentaciones de los procuradores que, para reivindicar la adopción de esta figura, han llamado la atención sobre la existencia de «exceso de burocracia en la ejecución que impide que se recuperen 10.500 millones de euros» concedidos por los tribunales a una de las partes en los diferentes procesos judiciales.
Unas argumentaciones que sentaron muy mal a las dos asociaciones principales de los LAJ –el CNLAJ y la Unión Progresistas de Letrados de la Administración de Justicia– quienes abandonaron el grupo de trabajo sobre ejecución de las sentencias firmes creado por el Ministerio de Justicia, del que también formaban parte los procuradores.
En sus conclusiones de Alcalá, el CNLAJ reconoce que «muchas medidas deberían ponerse enpráctica «para dar impulso a la mejora de la ejecuión». Medidas que mejoren «la naturaleza procesal y organizativa», principalmente creando «servicios comunes de ejecución» y disponiendo de «más medios tecnológicos».
Lo que supone, de facto, un reconocimiento de que el sistema de ejecución actual dista de ser perfecto.
«La ejecución, debe de agilizarse, tal y como destaca la comunicación ganadora de estas Jornadas a través de ‘la Administración electrónica y la justicia digital, y que nos permite mirar al futuro de la mano de la inteligencia artificial y la automatización de procesos como sistema de mejora en los modelos organizativos’, que tras la consiguiente reflexión y adaptación permitirá que la cuarta revolución industrial 4.0 haga verdad que la justicia sea “ágil y tecnológicamente avanzada”, afirma el CNLAJ.
Para más adelante reivindicar la eficacia de su trabajo: «Las cuentas de depósitos y consignaciones no están estancadas. En 2021, las salidas en las cuentas de depósitos y consignaciones suponen más del 98 % de las entradas. También en 2021, los Juzgados y Tribunales de la jurisdicción penal de toda España recaudaron más de 260 millones de euros, una cantidad superior a la que, según los analistas económicos, se van a ahorrar los ciudadanos con la rebaja del IVA del gas este invierno».
«El pasado año se efectuaron más de 36 millones de consultas al Punto Neutro Judicial. Representa una media de 8.791 consultas por Juzgado, lo que hace, además, una media de 44 consultas diarias por órgano judicial», añaden.
SE PRIVATIZA LA JUSTICIA, DICE EL CNLAJ
Es lo que afirman los LAJ que se produciría si los procuradores asumieran la figura de «agentes de ejecución». Se privatizaría la justicia, a su entender.
«No es necesario buscar un responsable de la ejecución, puesto que este ya existe y es el Letrado de la Administración de Justicia», subrayan.
Y se despachan con cinco puntos en los que ponen en su sitio a los procuradores:
«1.- El procurador de los tribunales, como los abogados y todos los profesionales con los que compartimos los juzgados, son colaboradores de primer orden en la manera en la que ahora están configurados. La colaboración entre todos es importante para que la ejecución y la Justicia en general sigan mejorando.
«2.- Si se atribuyeran a los Procuradores funciones en materia de ejecución, se generaría una evidente privatización del servicio público de la administración de justicia, creadora de una justicia de dos velocidades, en función del nivel económico del cliente.
«3.- La Comisión Nacional de la Competencia, el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado ya se han mostrado, recientemente, contrarios a que se atribuya facultades en materia de ejecución a los Procuradores, pues tales actuaciones afectan al núcleo esencial de la actividad judicial, como lo demuestra el hecho de que su ejercicio por un profesional privado requiera investir a éste del carácter de autoridad pública.
«4.- El Procurador, al ser representante de una de las partes del proceso y de sus intereses, no puede asumir funciones jurisdiccionales en materia de ejecución, que le convertirían en juez y parte, generando un evidente conflicto de intereses.
«5.- No es cierto que en el derecho comparado del ámbito de la Unión Europea existan figuras paralelas u homologables al Procurador español. Ni existe la figura de Procurador ya en Europa (salvo Portugal y Malta), ni las figuras a las que aluden asumen, en modo alguno, la representación de una de las partes del procedimiento, siendo profesiones liberales que actúan con plena independencia, y retribuidas por honorarios o aranceles, y no precisamente reducidos».
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